La situación de los edificios judiciales asturianos es "deficiente" y requiere de "un plan de infraestructuras que fije objetivos y prioridades, con una apuesta presupuestaria" clara, ha indicado este mediodía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, durante la presentación de la memoria de actividad del año pasado. Chamorro ha vuelto a reclamar una solución en Llamaquique para reubicar los cinco órganos judiciales dispersos en Oviedo y el reclamado noveno Juzgado de Primera Instancia (dada la sobrecarga de la jurisdicción civil), como primer paso para una solución a medio y largo plazo. El presidente del TSJA dio solo unos ejemplos que explican la situación. "Llevamos siete meses con obras en el Juzgado de guardia de Oviedo, que ahora está en la sala de bodas, con lo que los detenidos tienen que pasar por el Registro Civil. El Juzgado de Violencia de Género de Oviedo ocupa un pasillo. Estamos en obras en Avilés. El TSJA tiene goteras y hay un problema de accesibilidad a los despachos. Solo hemos podido amueblar el Juzgado de Luarca. Es lo único que tenemos", indicó.

Este martes, la consejera de Justicia, Rita Camblor, indicó que no habría solución en esta legislatura para la dispersión judicial de Oviedo. Chamorro opinó que se trata de "una obviedad", ya que la unificación de sedes requiere de un edificio "para una Justicia moderna y del siglo XXI". Por mucho que las nuevas leyes de eficiencia permitan realizar gestiones y tramitaciones de forma telemática, "no va a dejar de existir la necesidad de que los justiciables y profesionales acudan a los Juzgados, ya que hay servicios como la oficina de atención a víctimas de violencia, el registro civil, el decanato..., que deben atender al público, por lo que se requiere de instalaciones modernas y cómodas, sin olvidar la necesidad de aulas formativas y de reunión", dijo Chamorro. El magistrado recordó una reunión celebrada en la primavera del año pasado, en la que se apuntó a que la mejor posibilidad sería buscar una solución en Llamaquique, "donde se podía buscar una edificio a corto plazo para reubicar las sedes dispersas de Oviedo". El informe de infraestructuras realizado por el Colegio de Arquitectos por encargo del Principado, entregado este abril, ha profundizado más en esta cuestión y determinado que se precisa de un edificio de 4.800 metros cuadrados solo para acoger los dos juzgados de primera instancia ubicados en la calle Rosa, el instalado en Pedro Masaveu, el Juzgado de Menores (La Ería) y el de Vigilancia Penitenciaria, que ubica el último piso del Instituto de Medicina Legal de La Corredoria (donde en alguna ocasión ha sufrido problemas de olores). Chamorro indicó que el informe de los arquitectos también señala que se requieren obras en 13 de los 18 partidos judiciales, y que debe buscarse una nueva ubicación a los Juzgados de Pravia, Cangas de Onís, Grado y Pola de Lena. "El informe insiste en el deficiente estado de los edificios, su falta de funcionalidad y calidad ambiental", resaltó.

Pero hay otros problemas en la Justicia asturiana, como puso de manifiesto. "Los problemas de digitalización han disminuido, pero siguen existiendo, como en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que sigue sin expediente digital. Los equipos individuales tienen más de diez años de antigüedad, no se han renovado los servidores. Esta misma salón de plenos donde estoy dando la rueda de prensa carece de micrófonos y seguimos con problemas de compatibilidad para realizar videoconferencias", explicó. Más importancia concedió "a la preocupante situación de los equipos psicosociales: en noviembre de 2021, en la sección séptima de la Audiencia de Gijón, había 36 asuntos pendientes de informe por parte de los equipos psicosociales. Este abril bajaron a 30, pero siguen siendo demasiados. Es necesario incrementar los equipos y su productividad, estamos hablando de asuntos altamente sensibles, de familia, con menores y discapacitados implicados, asunto de abusos... Muchos órganos obvian ya esos informes porque retrasarían los asuntos entre uno o dos años". También reclamó del Principado una solución para los problemas de la bolsa de interinos para puestos de funcionarios. "Están llegando trabajadores que no tienen experiencia y a quienes no se les da la formación adecuada. Por tanto deben ponerse en marcha actividades de formación para esos funcionarios que pueden ser llamados", dijo. También hay problemas para cubrir las bajas de letrados de la Administración de Justicia, para quienes reclamó un sistema tan eficiente como el establecido para cubrir las bajas de jueces y magistrados.

En cuanto a la actividad de los órganos jurisdiccionales asturianos, Chamorro indicó que "en 2021 se ha recobrado prácticamente la normalidad en cuanto a sentencias y resoluciones", que fueron 137.159, un 11,3 por ciento más que 2020, año en el que hubo 121.598, pero aún por debajo de 2019, con 144.450. En 2021 hubo 45.445 asunto pendientes, un 6,6 por ciento menos que en 2020, lo que le dio pie al presidente del TSJA a resaltar la eficiencia de la Justicia asturiana: "Resolvemos más de lo que entra. No hay puntos negros y los asuntos se resuelven en un plazo razonable, entre seis y siete meses", con una mayor pendencia coyuntural en los Juzgados de lo social de Avilés, o la jurisdicción contenciosa.