Cada vez que en la fábrica de El Gaitero había que reparar una avería, de aquellas que había que arreglar con urgencia para no tener que parar la producción, a José Cardín Zaldívar le llegaba “un expediente de Costas, de Carreteras, del Ayuntamiento” o de los tres… Llegó el asunto a ser tan frecuente que “con Costas llegamos a un acuerdo, pactamos de antemano el importe de una multa genérica para cada ocasión en la que hubiese que hacer un arreglo. Lo hacíamos y dábamos un parte…” De eso “hace muchos años”, pero la anécdota del vicepresidente ejecutivo de la compañía sidrera sigue sirviéndole hoy para denunciar que en el campo asturiano el avance del matorral convive con el de una “selva legislativa” que dificulta el avance.
El desbroce de esa maleza burocrática y el arbitrio de una decidida política de “discriminación positiva”, incluso con la suscripción de “contratos de explotación con los residentes” agrarios, son dos de los puntos que animan la “Declaración de Monteagudo”, un documento que “un grupo de reflexión” formado por seis académicos, industriales y antiguos dirigentes políticos vinculados al medio rural asturiano acaba de componer como rebelión contra “el abandono” del campo y reacción ante la constancia, a la vista está, de que “las políticas de desarrollo rural a lo largo de los años no han alcanzado sus objetivos”.
El paisaje de “despoblamiento masivo”, el “envejecimiento, el decrecimiento de la actividad económica, el abandono de las actividades agrarias” o la “matorralización” y el “abandono de la gestión del territorio” alientan la iniciativa de apertura de un debate público con propuesta de acciones que apadrinan los exconsejeros socialistas de medio rural Jesús Arango y Santiago Menéndez de Luarca, los empresarios Francisco Rodríguez –presidente de Industrias Lácteas Asturianas, ILAS– y José Cardín; el presidente de la Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación, Roberto Paraja, y Marcelino González, gerente de la cooperativa Campoastur. “Conscientes y preocupados”, han reunido en un documento su constancia de que “el futuro del mundo rural necesita una nueva visión de Asturias”, un cambio de eje y una evolución desde la mirada “dual” –de centro y periferia– hacia una economía mejor “distribuida espacialmente”, así como la confección de una “Agenda rural para Asturias” con “un mix de políticas encaminadas a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los residentes en las áreas rurales”.
La “selva legislativa”. Eso puede servir como resumen de un documento en el que “late la esperanza de cambiar las cosas”, apunta Francisco Rodríguez, y cuyo compendio de acciones empieza por reclamar “un cambio profundo en las reglas de juego” y “una reducción drástica” de esa “selva legislativa” generada por “una espiral regulatoria hecha y pensada desde una visión urbana basada en la conservación”. “Regular” ha sido sinónimo de “prohibir”, concreta Roberto Paraja, y el campo “no puede seguir siendo pensado desde lo urbano”. Urge, dice el documento, una “simplificación radical” de la “burocracia entorpecedora en los programas de apoyo al desarrollo rural”, “condición sine qua non para establecer las bases de la recuperación del medio rural”, y “un proceso urgente de revisión legislativa para derogar multitud de normativas y adaptar otras”.
La legislación vigente. Puesto ante la posible utilidad de la ley de simplificación que acaba de aprobarse a impulso del Gobierno, Jesús Arango expone sus “dudas”. “Difícilmente se puede hacer un cambio como el que proponemos con el enfoque de quienes protagonizan ahora la gestión administrativa”. “Si queremos simplificar, hay que cambiar la filosofía de la administración”, remata con referencias a las implicaciones de la tecnología… “Soy de los que no creo que los problemas de este país se arreglen con leyes…”
Un contrato con los “productores de paisaje”. Al fondo reclama atención el problema doble de los entornos rurales asturianos, con el déficit de rentabilidad de las explotaciones agrarias y el evidente declive demográfico. Llegados al punto donde cabe dar respuestas a la despoblación agraria, los redactores de la “Declaración de Monteagudo” promueven una “discriminación positiva” con la que los poderes públicos demuestren que entienden “el valor económico” que tiene “la labor de productores de paisaje y gestión del territorio que realizan nuestros campesinos, hasta ahora ignorada por la sociedad y las administraciones”.
Hablan aquí de “medidas compensatorias para las explotaciones familiares agrarias”, porque las rentas que vienen del mercado van a ser siempre insuficientes, o de facilidades de acceso al suelo edificable, incluso del establecimiento de “contratos de explotación con los residentes”. También de la vieja aspiración de Arango a la “descentralización” de los servicios públicos, “casi una revolución” que llevaría organismos al campo y materializaría esa “nueva visión de Asturias” en la que el monasterio de Cornellana podría ser, imagina el economista, un centro de innovación digital o de proceso de datos… Para que se les entienda, la decisión de “traer a Oviedo el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) es lo contrario de lo que proponemos”.
La rentabilidad de lo agrario. La propuesta pide, por lo demás, un “relanzamiento de la economía rural” que aborde la tarea irresuelta del análisis de costes, porque en el ámbito de la gestión económica “sabemos muy poco de la leche y menos de la carne”, y componga “un plan de mejora de la rentabilidad en las explotaciones”, fomente las cooperativas, las vegas infrautilizadas y los nuevos cultivos –“aguacate, cáñamo…”– y explote la riqueza agroalimentaria. Se refieren al “impulso de la marca ‘Alimentos de Asturias’”, al posicionamiento en los mercados internacionales o a “la formación de nuevos productores”.
La diversificación y la brecha digital. “La revolución digital”, enlaza Arango, “debería ser el gran aliado para hacer cambios en la política rural”, y entra así en el asunto recurrente de la diversificación de la economía agraria, de los nuevos negocios y la atracción de profesionales. “Lo que antes no era posible hoy lo es en cualquier punto de Asturias”, remarca, enlazando con el asunto pendiente de la banda ancha, que “ya llega tarde” y se bifurca en dos caminos: “La brecha de acceso, que está encauzada y en pocos años” puede generalizar los cien megas, “y la de uso, la formación para que las habilidades permitan a la gente explotar las posibilidades de la tecnología”.
El monte. Si existe algún ámbito en el que “queda mucho por hacer” es el de la ordenación de la propiedad de los montes comunales para fomentar su aprovechamiento y la conversión de parte de ellos “en pastos o zonas de cultivo”. Menciona además la opción de los “rebaños concejiles” y la conservación del patrimonio cultural y etnográfico –hórreos y cabazos, sobre todo– “como fuente de riqueza”, con usos turísticos e incluso “un sistema de incentivos fiscales para el mecenazgo. El documento, en fin, vuelve a la tecnología, ahora a la telemedicina o de la educación a distancia, cuando habla de la necesidad imprescindible de dotar a los residentes de “servicios en condiciones dignas”.
La urgencia de un estudio de costes de producción agraria: por qué la manzana pierde contra la uva
Monteagudo, entre Los Cabos y Somao (Pravia) es un mirador. Una de las primeras áreas recreativas de Asturias, con vista privilegiada sobre la desembocadura del Nalón, da nombre a la declaración “por el futuro de la Asturias rural” que quiere coger altura para mirar el campo asturiano y que entre otras cosas reincide sobre la necesidad de maximizar la rentabilidad de la actividad agraria en un momento histórico singular y particularmente enrevesado. Desde la sidra y la leche, José Cardín y Francisco Rodríguez confluyen en la urgente necesidad de mejorar la gestión económica de los costes de producción en el campo asturiano. “En 40 años nunca he visto un documento en el que se especificara el coste de producción de la manzana”, dice Cardín, comparándose con el vino y perdiendo: no sabe por qué la uva es más rentable que la manzana, pero sí que “el Gobierno de La Rioja hace todos los años un estudio de costes de producción”. Coincide Rodríguez, volviendo a repetir su tesis de que urge cambiar el método de asignación de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), cuya subvención por hectárea beneficia a los grandes latifundios y no tiene en cuenta la peculiaridad de la ganadería y la orografía asturiana: “Eso no funciona y es imposible que pueda funcionar nunca”, dice. “La desaparición de ganaderías en Asturias es escalofriante, y eso revela que no se ha dado otro tratamiento que decirles a los paisanos que no pueden ganarse la vida”. Emerge aquí la propuesta de Jesús Arango, convencido de que todo esto “podría empezar a cambiar si las ayudas fuesen en lugar de al tamaño de la explotación, cabezas o superficie, a la renta”.
