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análisis

El monte de la burocracia se adueña del campo asturiano: disparates y paradojas de la sobrerregulación del Principado

De la empresa que invirtió dos años en trámites para ampliar la fábrica y tuvo que pagarse la conexión de fibra óptica a las trabas legales para rehabilitar viviendas: efectos de la “selva legislativa” que, según los expertos, coarta el desarrollo del medio rural asturiano

Durante años, la familia se cansó de peregrinar, arrastrando su perplejidad y su frustración, de ventanilla en ventanilla. Habían comprado un conjunto de casas en ruinas, en un pueblo deshabitado de Quirós, para arreglarlas y mudarse desde Oviedo, pero por el camino tropezaron. Chocaron contra una normativa urbanística que impide reformar viviendas en determinadas áreas del entorno rural asturiano si la ocupación principal del propietario no es la agricultura o la ganadería.

Hay que repetir que era una aldea abandonada de un concejo gravemente aquejado por el declive demográfico en el medio rural asturiano, y añadir que en el tipo de suelo de aquella parcela, calificado como “no urbanizable de especial interés”, la norma sólo admite rehabilitaciones de “viviendas integradas en la explotación agraria o ganadera que constituya la ocupación principal de sus habitantes”. No era el caso y la ley detuvo en seco este raro ejemplo de retorno de la ciudad al campo, este movimiento a contracorriente de los flujos más habituales y desazonadores para el campo asturiano.

Esto parece el chiste de la familia a la que la legislación vigente prohibió irse a vivir al campo y “resucitar” una aldea muerta, pero es un ejemplo sacado de la vida real. Hay otros. Tantos que la legislación excesiva y la “burocracia entorpecedora” ocupan el primer punto de la “Declaración de Monteagudo”, una reflexión preocupada sobre el futuro del medio rural asturiano que esta semana ha visto la luz a impulsos de un grupo de exdirigentes políticos y empresarios de la región.

El asunto es complejo y poliédrico, pero para empezar ellos hablan de “un problema de sobrerregulación”, de “una selva legislativa” que urge desbrozar y de la conciencia de que “el marco legislativo actual motiva e incentiva el abandono de las aldeas y los pueblos”… “Simplificar drásticamente los procedimientos administrativos” y revisar la maraña normativa en vigor, o remover obstáculos y allanar caminos, se ve desde el mirador de Monteagudo como “una condición sine qua non”, necesaria, pero no suficiente, “para establecer las bases de la recuperación del medio rural”.

Firman, con la experiencia de lo vivido, los exconsejeros socialistas de medio rural Jesús Arango y Santiago Menéndez de Luarca, los empresarios Francisco Rodríguez y José Cardín Zaldívar; el presidente de la Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC), Roberto Paraja, y el gerente de la cooperativa Campoastur, Marcelino González.

“Al final, agoté yo a la administración”, dice el promotor del camping de caleao, abierto tras ocho años de trámites

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Su inquietud por la inflación legislativa nace de un inventario de perplejidades y asombros, cuando no de aparentes sinsentidos, que se hace largo. Arango se acuerda del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo (ROTU), que con sus “634 artículos es un manual para entorpecer” y el responsable de que él, que es economista, no pueda aunque quisiera “comprar una quintana y reformarla” sin ser agricultor ni ganadero y estar dado de alta como tal en la Seguridad Social. “O hacemos una siega y un desbroce de toda esa legislación superpuesta o no hay nada que hacer…”

“Todos los días debo de cometer cinco o seis delitos ecológicos”, bromea el exconsejero de Agricultura. “Probablemente hoy le habré dado una patada a una lagartija, y no digo nada si planto un cerezo y le pongo unas mallas para evitar que los pájaros se coman las cerezas. Inmediatamente me van a poner una multa. Es una broma”.

Una de las casas en ruinas de Viescas (Salas). MIKI LÓPEZ

Puede que casi cualquier habitante de la Asturias agraria pueda aportar una experiencia propia similar en la batalla contra la broza burocrática que enreda el caminar del campo asturiano. Particulares y empresas. En 2009, Industrias Lácteas Monteverde, la c ompañía que elabora el Queso Tres Oscos desde su fábrica en Grandas de Salime, necesitaba reformar y ampliar la planta, cambiar los métodos de fabricación incorporando nuevas máquinas que no cabían en el espacio del que disponían hasta entonces. El proyecto de ampliación que presentaron al ayuntamiento estuvo “parado y dando vueltas por distintas consejerías durante dos años”, cuenta el director general de la firma, Enrique López. La obra era “para mecanizar el proceso de fabricación de lonchas”, un producto de alta demanda, y sí, finalmente se hizo, pero después de todo aquel retraso de dos largos años sólo para permisos y autorizaciones, un tiempo en el que “cualquier otra empresa nos podría haber adelantado…” El problema es que esto no es un polígono industrial al uso y aquí, urbanísticamente, “todos los trámites son mayores”.

Mientras tanto, el enredo burocrático sigue. “La fibra óptica nos la hemos tenido que costear nosotros”, sigue López, “también con sus demoras y sus dificultades”, sabiendo que la necesitaban inexcusablemente, recordando que en los años setenta esta fábrica se ubicó aquí y no en los Oscos, de donde eran originarios sus promotores, porque hasta allí todavía no había llegado la electricidad. “La banda ancha es el equivalente actual a la luz de entonces”, indica, perplejo ante la sucesión de obstáculos que en su mayor parte no tienen que ver con las personas, sino con los procedimientos. “La gente de la administración, o gran parte de ella, es eficiente, pero están atados por los protocolos y los plazos que deben cumplir. En la empresa eso nos vuelve locos, porque no lo entendemos”.

En Grandas de Salime, la industria láctea Monteverde lleva desde finales de 2020 detrás de la autorización para instalar unas placas solares que le habrían evitado el sobrecoste de la luz

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“La última” que puede contar es de 2020 y está sin resolver. A finales de ese año, cuenta, “nos planteamos en serio la instalación de plataformas fotovoltaicas para autoconsumo. Van a cumplirse dieciocho meses desde que se presentó el primer escrito en el Ayuntamiento y no hemos podido mover nada, entre autorizaciones y permisos”. Se pregunta cuánto se tarda en poner unas placas en un domicilio y se desespera pensando que si hubiese podido agilizar el proceso ahora no estaría sufriendo “un sobrecoste del trescientos por ciento” por la subida del precio de la luz… La “locura” de los trámites les han empujado esta vez a “una pérdida de competitividad asombrosa”.

En esta tarea casi heroica de mantener una empresa en el mundo rural, la larga experiencia de José Cardín Zaldívar, presidente ejecutivo de El Gaitero, recordaba estos días que decidió pactar de antemano con la Demarcación de Costas una multa genérica para cada ocasión en la que tuviera que hacer reparaciones en su fábrica de Villaviciosa. Sólo así vio la manera de ejecutar los arreglos sin verse obligado a parar la producción esperando a que se resolviera uno o varios expedientes…

Ni la ley de la selva ni esta “selva legislativa”, vendrán a decir. Sobre Caleao (Caso) descarga la “tormenta perfecta” de muchas limitaciones superpuestas. Al peso habitual de la ley se añade aquí la regulación del parque natural de Redes y la de una localidad protegida con la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC). Aquí fue donde el proyecto de Juan Ramón González de instalar en su pueblo el primer camping del espacio protegido tropezó durante ocho largos años contra las vueltas y revueltas de la tramitación medioambiental.

Si el establecimiento está funcionando, es únicamente gracias a su paciencia, empeño y la perseverancia, sostiene su promotor. “Al final, agoté yo a la administración, les dejé sin salida, porque por mí no apostaba nadie...” En el largo y revirado camino, de informe en informe y de plazo de seis meses en plazo de seis meses, entre otros hitos y muchos inconvenientes tuvo que contradecir a Cadasa, que sostenía que su plan interfería con el “proyecto de interés general”, nunca ejecutado, del embalse de Caleao.

Se ve que hay casos de dilaciones y trabas en la actividad económica, pero también en las casas. Un ejemplo. Un vecino recibe por correo postal una comunicación de la recién desaparecida Junta de Saneamiento informándole de la indemnización que le corresponde por la ocupación de un terreno de su propiedad. La cantidad asciende a la friolera de un euro y tres céntimos. Para retirarla, la carta del Principado le informa de que debe dirigir una solicitud al consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático acompañando la documentación acreditativa de su identidad y de la propiedad de la finca… Para allegar al ciudadano tan “cuantioso” beneficio un funcionario ha invertido tiempo, la administración dinero en envíos y el propio receptor debe hacer otro tanto de lo mismo a vuelta de correo.

El peso de la ley

En un vistazo rápido, sin demasiado ánimo de exhaustividad, Jesús Arango puede descubrir que las tentativas de movimiento transformador en el campo sienten el peso a veces limitante de una lista muy extensa de preceptos de condición heterogénea.

Está toda la legislación urbanística y medioambiental –no sólo los centenares de artículos del ROTU– pero también la normativa forestal de los montes de utilidad pública, que gestiona el Principado, la ley autonómica de protección de los espacios naturales, de 1991, y en cada parque “su plan de uso y gestión distinto”; el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORNA), de 1994, y además la legislación de costas y la de carreteras, y la ley para el desarrollo sostenible del medio rural, de 2007, y la de agricultura de montaña, de 1982, y las restricciones patrimoniales para los entornos del Camino de Santiago… Hasta interviene algunas veces la ley de tráfico, que hace responsable al conductor si atropella una especie cinegética (un jabalí, por ejemplo), pero se la traslada al propietario cuando lo arrollado es una vaca o un caballo. Se ve que “la fauna salvaje no es de nadie”, resalta Arango.

“El marco legislativo actual motiva e incentiva el abandono de los pueblos”, afirma la “declaración de Monteagudo”

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La enumeración podría seguir, por ejemplo con la experiencia de cualquiera que haya querido arriesgarse a limpiar un río o una playa. La inflación normativa, y las dificultades que origina, inducen a los redactores de la “Declaración de Monteagudo” a empezar su propuesta de remedios por aquí, por “un proceso urgente de revisión legislativa, seria y profunda, para derogar multitud de normativas y adaptar otras para incentivar el desarrollo económico y la atracción de población hacia los pueblos y aldeas”. Aclaran, conscientes de que buena parte del problema viene de un intento de ordenar el campo con una visión eminentemente “urbana”, que esta tarea “no debe ser realizada sólo por juristas, sino por un equipo multidisciplinar con profesionales que conozcan en profundidad las problemáticas rurales”.

“Todo lo que sé ahora es ilegal”

El matorral que se expande por el campo asturiano se retroalimenta con esta “selva legislativa” y con su socia la “burocracia entorpecedora”. Cuando dicen “regular” para “proteger” casi siempre quieren decir “prohibir”, o añadir a los procesos “una complejidad enorme”. Así lo dijo el lunes Roberto Paraja al presentar en sociedad la “Declaración de Monteagudo”.

Con un espíritu similar, el comisionado para el reto demográfico del Principado, Jaime Izquierdo, recordó en su día, durante una comparecencia en el Senado, una reveladora conversación “con un paisano en Onís, muy mayor, que me dijo: ‘Todo lo que sé no se lo puedo contar a mi nieto porque ahora es ilegal’. Cuando te dicen eso”, añadió entonces Izquierdo, “te vas a casa preocupado como funcionario público”.

Es el choque de la cultura campesina tradicional contra el modelo de conservación que se ha ido imponiendo en la regulación del medio rural. Se percibe por ejemplo, más casos del día a día, en la exigencia de una titulación para el manejo de herbicidas en ciertas cantidades, o en la necesidad de un permiso para derribar un árbol en una finca propia. Tanto se ha prohibido, vuelve Arango, que en el campo se da la paradoja de que nacen “leyendas urbanas”, prohibiciones ficticias, “cosas que la gente cree que están prohibidas” y no, o no está claro. Como recoger manzanilla, o piñas…

Conviene recordar que todo esto pasa, sigue pasando, en la segunda autonomía española con una mayor proporción de residentes urbanos. El 48,1 por ciento del millón escaso de asturianos vive en los dos únicos municipios con más de 100.000 habitantes –Oviedo y Gijón– y ese fenómeno sólo es más intenso en Aragón, que alcanza el cincuenta.

En el Principado, 7 de cada 10 personas se arraciman en el 10% del territorio –en los trece concejos del área central–, dejando que el 43% de la superficie regional sobreviva a duras penas con la etiqueta del “desierto demográfico”, con menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado.

Ese es el contexto en el que los redactores sensibles de la “Declaración de Monteagudo” reclaman “una nueva visión de Asturias” con el abrazo a “una agenda rural” que cambie de eje y retire los obstáculos que estorban el desarrollo rural. No pretenden más, dicen, que hacer cumplir la Constitución, el precepto donde dispone que “los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles”.

“Pagar al jardinero”

Sostienen que para conseguirlo urge el desbroce de la “selva legislativa” que atenaza al campo, pero eso es solamente el punto de partida de un documento que quiere venir a agitar conciencias con la reclamación de una “nueva visión de Asturias”, de una “agenda rural” que cambie el eje de la perspectiva y sustituya la visión dual actual de la región –de centro y periferia– por otra más “distribuida” que atienda a las peculiaridades distintivas del medio rural. Piden menos obstáculos y más “discriminación positiva” y en general la generación de “un mix de políticas encaminadas a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los residentes en las áreas rurales”.

Es descentralizar, mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, alentar la industria agroalimentaria o la diversificación de la economía rural con ayuda del cierre de la brecha digital. Es también clarificar la propiedad de los montes para aprovechar la riqueza forestal de Asturias, mejorar con ayuda de la tecnología el acceso a los servicios básicos o adoptar “medidas compensatorias para las explotaciones familiares agrarias”, incluso mediante el establecimiento de contratos con los residentes en las zonas rurales. Es “no dejar que nuestro medio rural sea un jardín para que los urbanitas vayan a pasar el fin de semana”, acaba Roberto Paraja. “E incluso si acaba siendo eso, habrá que pagar al jardinero…”.

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