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Luz verde a la estabilización de 8.413 plazas de interinos en la Administración del Principado

Los sindicatos avalan un acuerdo para que 6.596 puestos se hagan fijos por concurso de méritos y 1.817, mediante concurso-oposición

Manifestación interinos en Madrid FERNANDO VILLAR

El Gobierno del Principado ha recibido esta mañana el aval de los sindicatos de la función pública para su última oferta de reducción de la temporalidad en el empleo público asturiano. La Mesa General de Negociación de la Administración autonómica ha dado luz verde a una propuesta de estabilización que, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, abarca 8.413 plazas y reducirá la tasa de interinidad por debajo de la barrera del ocho por ciento fijada en la ley estatal del pasado diciembre. El acuerdo ha salido adelante con los votos favorables de CSIF, UGT y CC OO, la abstención de USIPA y la oposición de SIMPA, CEMSATSE y ANPE. El grueso de la cifra total, 4.793 plazas, corresponde a la sanidad, 2.058 pertenecen al ámbito de la administración general –las consejerías– y las 1.562 restantes, a la educación. Son puestos que llevan al menos tres años ocupados por trabajadores temporales y que ahora se convertirán en fijos a través de dos modalidades. Del total próximo a las 8.500 plazas, 6.596 serán adjudicadas mediante concurso de méritos, sin necesidad de examen. Aquí están fundamentalmente puestos que llevan al menos cinco años ocupados con relaciones laborales temporales; los otros 1.817 se asignarán a través de concurso-oposición.

El acuerdo de este jueves, calificado de “histórico” por algunos representantes sindicales, pone fin a un largo e intrincado proceso de negociación durante el que el número de plazas que iban a ser estabilizadas fue creciendo. De hecho, estas 8.413 elevan en aproximadamente mil las de la primera oferta de la Administración autonómica. El Principado prevé dar cumplimiento así a la ley de diciembre de 2021 que pretende situar la interinidad del empleo público por debajo del ocho por ciento y a la exigencia de la UE como condición para la entrega de los fondos de reconstrucción vinculados a la pandemia.

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