“El Gobierno va a seguir defendiendo los intereses del Principado” tras la reactivación judicial del “caso Marea” con el procesamiento por falsedad documental y malversación de caudales públicos del exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la exdirectora general María Jesús Otero y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín). “Se trata de un tema juzgado en parte y ahora se afronta un expediente judicial nuevo” en el que el Principado mantendrá su actitud en defensa del interés público “como lo viene haciendo hasta ahora”. La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Melania Álvarez, ha respondido así este viernes a la pregunta sobre el Gobierno se mantendrá como acusación particular en el proceso.

Los dos exdirigentes políticos, ya condenados, encarcelados y liberados ambos por motivos de salud, y los dos empresarios, aún en prisión, han sido procesados por un presunto fraude de 3,7 millones de euros por las compras de material para 87 centros educativos de la región nunca entregado por Igrafo y Almacenes Pumarín. El nuevo auto de procesamiento deriva del informe que la letrada del Principado presentó al inicio del juicio del caso “Marea”, en abril de 2016, y en el que se detallaban los pormenores del presunto fraude a las arcas del Principado fruto de una investigación iniciada sólo un año antes del comienzo del juicio.