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El Principado empieza a recibir las listas de bienes inmatriculados por la Iglesia tras 4 años de gestiones

El registro de la propiedad de Siero ha sido el primero en remitir la información, los de Villaviciosa e Infiesto la tienen terminada y el Gobierno espera noticias de los otros 23 de la región

Santa María del Naranco. | MIKI LÓPEZ

Después de casi cuatro años de gestiones y de seis peticiones de información, el Gobierno del Principado ha empezado a recibir esta semana las primeras relaciones de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia desde 1946. Según la información facilitada este martes en la Junta por la consejera de Presidencia, Rita Camblor, el proceloso periplo de exploración de competencias, legitimidades y procedimientos de solicitudes de datos empezó a concluir este mismo lunes, con el envío de los datos correspondientes al registro de la propiedad de Siero. También están hechos, y pendientes de remitir, los listados de los de Villaviciosa e Infiesto.

El proceso para conocer si bienes de la Administración han sido inscritos a favor de la Iglesia no ha sido fácil. El relato de Camblor habla de seis peticiones al Colegio de Registradores de la Propiedad, efectuadas desde junio de 2018, de la remisión inicial de dos listados y de la conclusión, comunicada en marzo de este año, de que la entidad colegial aduce que “el sistema legalmente establecido” atribuye la responsabilidad del envío “a cada registrador particular”. Así las cosas, el pasado viernes se acordó que la Viceconsejería de Justicia del Principado se dirigiera individualmente a cada uno de los 26 registros de Asturias “solicitando su colaboración”. Ha respondido uno, dos han concluido el trabajo y se espera respuesta de los otros 23. Mientras tanto, el debate sobre la inscripción de edificios a nombre de la Iglesia prolongó la discusión política en la Comisión de Presidencia de la Junta, tensa en particular entre los portavoces de Podemos, Rafael Palacios, y Vox, Ignacio Blanco.

Hablando del “interés legítimo” de la cámara para conocer estos datos, que según Camblor nunca ha sido cuestionado por el decanato del Colegio de Registradores, la portavoz de IU, Ángela Vallina, dijo no entender “cómo alguien puede no defender con claridad” el derecho de acceso a esta información. “Lo contrario es una peligrosa dejación de funciones”, toda vez que “nadie de este Gobierno, por ejemplo, puede contestar a la sencilla pregunta sobre de quién es Santa María del Naranco. Parece ser que a algún grupo no le preocupa que se nos robe el patrimonio”. El ejemplo de Palacios es el del País Vasco, donde el decanato del Colegio “ha remitido ya al Gobierno las notas simples” de estos bienes que se piden desde 1946, aclaró, porque “lo que se cuestiona es su titularidad y no su posesión o utilización, de modo que la fecha de referencia ha de ser aquella en la que se empieza a inscribir el dominio y la propiedad”.

Ignacio Blanco observa aquí los indicios de “una persecución dela izquierda más extrema contra la Iglesia católica” y se acogió a la premisa de que la institución “está dando a esos bienes mejor uso del que puede dar nadie”. Pedro Leal (Foro) confluyó en la interpretación sobre “cierta fobia de la izquierda hacia la Iglesia” de la que el Gobierno, dijo, no debe contagiarse para evitar que se convierta en “fobia institucional”. Gloria García (PP) quiso poner el foco en que “la inscripción de bienes en el registro tiene función probativa o certificativa, no de propiedad”, y reprobó que se hable de “robo” cuando no hay constancia de comisión de ninguna irregularidad, mientras Manuel Cifuentes (Ciudadanos) no comparte “estas obsesiones de un extremo y de otro” y se dice “conforme con que se pueda obtener información y se pueda aclarar alguna irregularidad o incongruencia entre el uso y la inscripción registral de los bienes”. Lidia Fernández (PSOE) prefirió invitar a valorar el trabajo “continuo y constante” del Gobierno del Principado, que “no ha abandonado” un trabajo que viene de la pasada legislatura.

La petición de ampliación de la información, efectuada en la Junta por Podemos e IU con la fecha de inicio en 1946 –fecha de promulgación de la ley hipotecaria-, deviene del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia desde la reforma de norma en 1998 y hasta 2015 que el Consejo de Ministros remitió al Congreso en febrero de 2021. En esa relación constaban 549 en Asturias entre terrenos, iglesias, capillas, ermitas, cementerios o fincas.

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