Juan Luis Requejo Pagés (Oviedo, 1961) será nombrado el 30 de mayo académico de honor en la Real Academia de Jurisprudencia Asturiana. El ovetense ejerce desde 2010, en Luxemburgo, como letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, labor que inspirará su discurso de ingreso (20 horas, Tribunal Superior de Justicia de Asturias): “Estado de derecho y UE: el laberinto sin salida de una crisis anunciada”. El catedrático emérito de Derecho Constitucional y vicepresidente de la academia, Ramón Punset, le recibirá.
–En unos días tiene un acto importante en su ciudad. ¿Cómo lo afronta?
–Con sorpresa, emoción y gratitud. Es un honor inesperado que en cierto modo me permite volver a casa treinta años después de haber dejado la Universidad.
–¿Cómo se valoran desde Luxemburgo los problemas para renovar el Consejo General del Poder Judicial en España? Nunca se ha dado una situación tan anómala, según ha reconocido el propio presidente, Carlos Lesmes. ¿Es deseable una pronta solución de la situación?
–La situación es anómala, desde luego, y dice muy poco del funcionamiento regular de las instituciones españolas, pero a día de hoy se trata de un problema estrictamente interno, aunque no puede descartarse que, si se prolonga y se enquista, acabe adquiriendo una dimensión europea.
–¿A qué se refiere?
–Quiero decir que, en una situación extrema, si, por ejemplo, el Tribunal Supremo no pudiera llegar a funcionar por no suplirse sus sucesivas vacantes, se produciría un colapso del sistema judicial y con ello España incumpliría su obligación de establecer vías de recurso que garanticen la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. Se estaría ante una infracción muy grave del artículo 19 del Tratado de la Unión Europea.
–Una encuesta de días atrás situaba a los españoles como los ciudadanos de la UE que menos creen en la independencia de su justicia. No es buena noticia.
–Es muy preocupante. No sirve de consuelo constatar que los jueces españoles son, en general, muy competentes y ejercen su función con plena independencia, pues en esto importan mucho las apariencias, y las apariencias ofrecen una imagen de la justicia que ha propiciado una sensación generalizada de desconfianza y de sospecha. Los jueces están pagando injustamente un descrédito por causa de los avatares políticos de la renovación de una institución que, como el Consejo General del Poder Judicial, no es un órgano jurisdiccional. Es paradójico y es injusto, pero es real.
–Usted en 2020 publicó que la democracia agonizaba (en referencia al título de su libro, “La agonía de la democracia”). ¿Cómo va la “enferma”? ¿Mejora?
–La agonía continúa y me temo que sin visos de mejora. Sin llegar a estar moribunda, la democracia occidental ha sumado ahora a sus dolencias propias, de manera inesperada, la gravísima amenaza que ha llevado hasta sus fronteras el delirio autoritario de la invasión de Ucrania. No puede descartarse que la inminencia del peligro logre despertar el instinto de supervivencia de las sociedades democráticas, pero cabe temer también que sea tarde y que la consecuencia de esta calamidad sea más bien el reforzamiento de los rasgos autocráticos que han llegado a vislumbrarse con la reacción de las democracias a la pandemia.
–Uno de los peligros que exponía era el de las plataformas digitales. Facebook, Instagram, Twitter ahí siguen.
–El poder de las plataformas sigue siendo formidable y no deja de crecer, pese a los esfuerzos de los estados y, muy en particular, de la Unión Europea, que en este terreno lleva muchos años actuando con determinación e inteligencia. Sin embargo, no podemos incurrir en el error de centrar exclusivamente la atención en esas plataformas. Ni siquiera en el peligro que representa el poder digital de los estados. El gran problema es la amenaza que supone la existencia misma de internet. Hoy día es literalmente imposible gestionar la vida cotidiana sin una dirección electrónica o un teléfono móvil. El ciudadano no está ya únicamente en manos del legislador o del Gobierno –frente a quienes, mal que bien, dispone de controles y remedios–, sino en manos de algoritmos, de formularios online y de gestores anónimos e ilocalizables que pueden procurarle la muerte digital, tan grave como la civil. Que el Derecho de la Unión haya llegado a tener que reconocer el “derecho a la intervención humana” demuestra hasta qué punto nos estamos adentrando en un mundo absolutamente inédito.
–Soy ciudadana de la UE, ¿tengo garantías al día de hoy que puedo viajar por cualquier país miembro en igualdad de derechos allá donde vaya? Los últimos episodios hacen, quizás, dudar a los ciudadanos con lo ocurrió meses atrás en Polonia y Hungría, por ejemplo.
–Las Comunidades Europeas nacieron como la organización de un gran mercado que, de manera lenta y esforzada, ha terminado por convertirse en el ordenamiento de una gran comunidad de Derecho centrada en individuos a los que considera y trata como ciudadanos y no sólo como consumidores. La UE garantiza a todos sus ciudadanos los derechos fundamentales recogidos en la Carta de Niza, un documento equivalente a las Declaraciones de Derechos de los Estados constitucionales. Ello ha permitido que españoles, alemanes, lituanos y polacos disfrutemos en toda la Unión de los mismos derechos y libertades. Y los disfrutemos con eficacia, pues su ejercicio está garantizado por todos los tribunales nacionales y, en última instancia, por el Tribunal de Justicia europeo. Siendo inevitables, como en cualquier estado, las infracciones y los incumplimientos, lo cierto es que el nivel general de garantía es hoy más que notable.
–¿Cree que la famosa desafección de los europeos hacia la Unión de la que se ha hablado en los últimos años se ha visto, en parte, frenada y empezado a revertir ante la rápida y coordinada respuesta frente a la guerra en Ucrania?
–Antes decía que los jueces españoles sufren injustamente las consecuencias de comportamientos políticos que les son ajenos. La Unión padece también, de alguna manera, ese tipo de injusticia, pues se le imputan y reprochan cosas que no están en su mano, sino en las de los estados miembros, que muchas veces se sirven de ella para desviar la atención de sus propias responsabilidades. La guerra de Ucrania, y antes el covid, han dado a la Unión la ocasión de demostrar hasta qué punto sus instituciones son capaces de gestionar con eficacia situaciones difíciles y complejas. Basta pensar en lo que habría sido de nosotros si hubiéramos tenido que afrontar esas calamidades con los pobres medios de un estado soberano para reconocer que la pertenencia a la Unión es lo mejor que puede pasarnos.
–El Parlamento Europeo ha pedido un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra en Ucrania. ¿Comparte la idea?
–La necesidad urgente es que la guerra termine. Después vendrá el tiempo de la reconstrucción, que será larga y difícil. No sólo para los ucranianos, que son las víctimas principales, sino también para Europa, para Occidente y, en definitiva, para el mundo, pues, sin necesidad de que la guerra se extienda y vaya a más, el desequilibrio que ha provocado en el orden internacional es tan radical y mayúsculo que hará falta mucho tiempo para recomponerlo. Es deseable que su recomposición esté basada en el Derecho, pues es la única manera de alcanzar un orden nuevo que perdure. En ese contexto tendrá que haber un lugar para exigir responsabilidades criminales.
–En España le damos mucho trabajo al Tribunal de Justicia Europeo. Está por ver qué pasa con la euro orden del Supremo a los líderes del “procés” que ha cuestionado Bélgica.
–La verdad es que España no es de los estados miembros que más trabajo da. Más bien es el Tribunal de Justicia el que da bastante trabajo a los legisladores y a los gobiernos españoles, pues sus sentencias obligan a reformar y revisar muchos sectores del ordenamiento español. Basta pensar en la incidencia que han tenido las sentencias europeas en materia de protección de los consumidores o de contratación temporal. En cuanto al asunto de la euro orden, comprenderá que no puedo pronunciarme.
–Algunos temen que la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que permitió la libertad del etarra Aristrain pueda ser una nueva “doctrina Parot” y facilitar que más terroristas salgan de la cárcel.
–Tampoco puedo extenderme sobre esta cuestión. Sólo me permitiré decir que los episodios a los que se refiere demuestran que en general, pero sobre todo en una materia tan delicada como la acción penal contra el terrorismo, la precipitación y las prisas no son nunca buenas consejeras.
