Cuatro meses es el plazo de tiempo que se han dado los integrantes del grupo de trabajo constituido ayer por el Gobierno del Principado para asesorar en la elaboración del anteproyecto de ley de Reto Demográfico. Un plazo que finalizará en septiembre, pero que no es cerrado, puesto que se podría ampliar para concluir su cometido “por razones que se consideren justificadas”, según señaló ayer el Ejecutivo autonómico.
El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, actuará como presidente del grupo de trabajo, que colaborará en la definición, elaboración y redacción del anteproyecto de ley de Reto Demográfico. Este comité, de carácter multidisciplinar, está integrado por 18 personas entre las que figuran miembros de varios departamentos del Gobierno de Asturias, así como representantes de grupos de desarrollo rural y de expertos en diversas materias de la Universidad de Oviedo.
El presidente del grupo de trabajo, en función de los asuntos que se vayan a tratar en cada sesión, podrá convocar a otras personas por sus conocimientos específicos y experiencia en áreas vinculadas al contenido de la ley.
En el grupo de trabajo hay nueve integrantes del Gobierno y asesores del mismo, y otros tantos expertos. Estos últimos son: Cecilia Díaz Méndez, catedrática de Sociología; María Trinidad Pascual Fernández, profesora de Sociología; Óscar Rodríguez Buznego, profesor de Sociología; Felipe Fernández García, catedrático de Geografía; José Antonio Flórez Lozano, catedrático jubilado de Ciencias de la Conducta; Alejandro Rodríguez Martín, profesor titular de Didáctica y Organización Escolar; Ramiro Lomba Monjardín, director de Sadei; Belén Menéndez Liste, gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Alto Narcea-Muniellos; y Juan Antonio Lázaro Menéndez, gerente del Grupo de Desarrollo Rural Bajo Nalón.
El PP reaccionó a la creación del grupo de trabajo aplaudiendo que el Principado “por fin se haya decidido a redactar la ley de reto demográfico, tras los sucesivos años que llevamos exigiéndola”. Cristina Vega, portavoz en materia de Reto Demográfico, resaltó su escepticismo, “vista la parálisis del gobierno del señor Barbón”, pero si ve “necesario” empezar a trabajar “bajo premisas concretas de obligado cumplimiento, y no con planes como el ‘demográfico’, el turístico o el del Suroccidente que se han quedado en papel mojado”.
Vega subrayó que la ley demográfica debería haberse desarrollado “hace años”. Criticó que se haya esperado a que Asturias “baje del umbral del millón de habitantes, lo que demuestra la falta de políticas en esta materia de los sucesivos gobiernos socialistas”. En su opinión, “todo es cuestión de prioridades”, como demuestra el hecho de que el Gobierno de Adrián Barbón destine 1,2 millones de euros al año en propaganda de sus consejerías, pero solo 850.000 euros a impulsar tres medidas para la lucha contra la despoblación, de deducciones en el IRPF”. Y, además, una de ellas, consistente en desgravar 100 euros por cada hijo nacido o adoptado, es “tan tramposa que, para que sea difícil de cumplir, sólo sería a partir del segundo hijo”. La diputada se preguntó si no resultaría mejor apostar “por una escuela de 0 a 3 años gratuita que ayude a conciliar”.
Criticó el “infierno fiscal barbonista” y que los socialistas legislen “sin pisar el barro”, al aprobar “una deducción de 50 euros (que más tarde duplican anunciándolo como gran medida) para el transporte público, obviando que a excepción del taxi y del buen vecino, el medio rural carece de este servicio”.
Según Vega, se han perdido tres años, “en los que aparte de nombrar un comisionado para el reto demográfico, que más bien fue para la propaganda, no se ha hecho nada más”. El “comisionado” es a su juicio “otro chiringuito”, en el que “han colocado a una persona para darnos charlas de lo que son los pueblos según él, y que nos cuesta en torno a los 60.000 euros al año”, pero que no ha aportado “una sola propuesta concreta digna de valoración”.
