El nuevo modelo de residencias de mayores que el Gobierno central quiere aplicar ha saltado por los aires al mostrar su rechazo varias comunidades autónomas, que consideran “irrealizable” y un “cuento de la lechera” los planteamientos del Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Ione Belarra. La falta de acuerdo ha hecho que Belarra haya decidido posponer la votación en la que debía acordarse este nuevo marco para las futuras residencias de ancianos. La ministra cree que hay margen para hacer cambios que propicien un acuerdo, pero las dudas de los gobiernos autonómicos suponen un duro golpe al plan. Asturias, junto con Castilla y León, se han abstenido.
Votaron en contra la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y Ceuta (todas del PP), pero también Castilla-La Mancha y Extremadura (del PSOE), además del País Vasco y Cataluña. Se mostraron a favor Navarra, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y Melilla.
El modelo de residencias de mayores que quiere implantar Derechos Sociales establece que las nuevas residencias públicas deben contar al menos con un 65 por ciento de habitaciones individuales. Además, los centros no deberán superar un número de plazas entre 75 y 120 en función de la densidad de población.
También se plantea que las residencias se parezcan lo más posible “a un hogar”, de modo que se establezcan unidades de convivencia de un máximo de 15 personas. Además, el texto establecía que la ratio de atención directa conjunta se aumentase de modo que prácticamente hubiese un trabajador por cada dos usuarios.
Pero este proyecto ha quedado por ahora sobre la mesa. Entre las comunidades que han mostrado su desacuerdo está la Xunta de Galicia. La consejera de Política Social, Fabiola García, aseguró ayer que las ideas sobre las residencias presentadas por el Gobierno central son “irrealizables” al carecer de presupuestos y “encarecer y dificultar el acceso a los cuidados” para las personas mayores. En términos similares se expresó la consejera de Familia de Madrid, Concepción Dancausa, que consideró “poco realista y sin financiación” el modelo, porque “supone la disminución de plazas y complica la reducción de las listas de espera de la dependencia.
El Gobierno Vasco considera que la propuesta contiene “injerencias” en materias recogidas en el Estatuto de autonomía del País Vasco. Rocío Ruiz, consejera de Políticas Sociales de Andalucía, calificó la propuesta de “carta a los Reyes Magos, sin seguridad jurídica, ni memoria técnica y económica”.
El socialista Emilio García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, señaló que “es bueno” evolucionar los servicios públicos, pero hay que hacerlo “predicando y dando trigo” porque lo demás es “humo, el cuento de la lechera”.
Las patronales del sector de la Dependencia, lamentan la “merma significativa” de plazas y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se oponen porque “no incluye mejoras en la calidad del empleo”.
