El lobo volvió a matar el año pasado a más de 10.000 reses en las cuatro comunidades autónomas del Noroeste, donde se concentra el 95 por ciento de los ejemplares de la especie existentes en la península Ibérica. Aunque los datos aún no están cerrados porque restan expedientes por tramitar, de momento ya se ha constatado que al menos 10.200 animales domésticos resultaron muertos en los más de 5.000 ataques registrados en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Estas bajas han obligado a abonar indemnizaciones por daños que en el caso de Asturias superan los 783.000 euros y que en conjunto se acercan a los 3 millones. Las cuatro regiones del Noroeste rechazan frontalmente la protección del lobo en toda España, decidida el pasado mes de septiembre por el Ministerio para la transición Ecológica, y la han denunciado en los tribunales.
El Gobierno de Castilla y León registró el año pasado 2.669 avisos por ataques de lobos a cabañas ganaderas, lo que provocó 4.287 bajas, según los datos provisionales aportados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de esa comunidad autónoma. Fueron 22 ataques más y 449 animales dañados más que el año anterior. En un detallado informe, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco (PP) revela los daños del lobo por provincias. La más afectada fue un año más Ávila, donde se registraron 1.320 ataques y 1.457 cabezas de ganado afectadas. Segovia, con 555 ataques y 891 reses dañadas, y Zamora, con 309 ataques y 915 animales domésticos afectados se sitúan a continuación.
La Junta castellano-leonesa ha desglosado también los ataques al norte y al sur del río Duero. Hasta el pasado mes de septiembre, solo las poblaciones de lobo al sur del Duero estaban incluidas en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), pero a partir de esa fecha quedaron protegidas todas las poblaciones españolas. Según las cuentas de Castilla y León, al norte del Duero, donde hasta septiembre el lobo estaba catalogado como especie cinegética, se registraron 513 ataques, con 1.038 bajas, mientras que al sur de ese río hubo 2.156 ataques y 3.249 reses afectadas. El informe revela asimismo que resultaron dañadas más cabezas de ganado mayor (2.360) que menor (1.927).
Los dirigentes de Castilla y León aseguran que han constatado en los últimos años un “incremento significativo” de los daños producidos por el lobo. Así, el número de animales dañados por ataques de lobos se incrementó un 123 por ciento, al pasar de 1.458 en 2014 a los 3.249 del año pasado.
El Ejecutivo de Cantabria contabilizó el año pasado 1.391 reses muertas y 124 heridas por ataques de lobos, y se vio obligado a desembolsar 426.668,09 euros para indemnizar a los ganaderos afectados. El informe emitido por el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla revela que tanto el número de grupos familiares como el de ejemplares ha aumentado en los últimos años en Cantabria. “En 32 años, desde 1988 cuando se estimaban en 3 el número de grupos familiares en la región, hasta los 19 grupos seguros y otros 4 posibles, en 2020, la población se ha multiplicado por al menos 6,3”, señala el Gobierno.
También ha aumentado el área de distribución de forma paralela al tamaño poblacional: “Desde los 2.130 kilómetros cuadrados en los que se estimaba el área de distribución en 1988 se ha pasado a los 3.500 kilómetros cuadrados en 2020, constatándose la densificación de la presencia en la zona tradicional de distribución de la especie (suroeste de la región) junto con la expansión hacia el norte, llegando a zonas cercanas a la costa en el tercio occidental, y ocupando de forma permanente, con nuevos grupos familiares, áreas del centro y sureste de la comunidad”. El crecimiento del área de distribución es, según las cuentas del Gobierno Revilla, “de 1,6 veces el territorio ocupado, que se ha incrementado en 1.400 kilómetros cuadrados en 32 años suponiendo ahora el 66 por ciento de Cantabria”.
Galicia ha tramitado hasta el momento los daños provocados por los lobos hasta el 30 de septiembre del año pasado. Fueron 1.204 ataques denunciados por ganaderos, que supusieron 2.050 animales dañados: 944 ovejas, 604 vacas, 311 caballos y 191 cabras. El número de reses atacadas por lobos se ha incrementado en un 43 por ciento en los últimos diez años, según los cálculos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. En un exhaustivo informe, el Ejecutivo gallego revela los daños por provincias. Lugo es la provincia más afectada, con 584 ataques y 922 bajas, seguida de Orense (253 avisos y 478 reses afectadas), La Coruña (252 ataques y 460 reses afectadas) y Pontevedra (85 avisos y 190 animales dañados). Esta última provincia es la única en la que han descendido tanto los ataques como las bajas en los últimos años. El Gobierno del Principado se ha limitado a aportar dos datos, el número de animales dañados el año pasado (2.472) y el importe de las indemnizaciones (algo más de 783.000) euros. No obstante, la Consejería de Medio Rural ha advertido que son datos provisionales “porque hay expedientes que se están tramitando”.
Los cuatro gobiernos del Noroeste sostienen que la evolución del número de ataques y los daños al ganado demuestran que las poblaciones de lobos están en aumento, y que por lo tanto la situación de la especie no es desfavorable, al contrario de lo que recogió el último informe de la naturaleza de la Unión Europea, con el que el Ministerio avaló la protección de la especie en toda España. De ahí su rechazo a la protección del lobo también al norte del río Duero. El debate se está dilucidando en los tribunales de justicia.
Los ganaderos, por su lado, aseguran que buena parte de los ataques del lobo no se denuncian a las administraciones públicas, por la tardanza de los cobros y las dificultades en algunas ocasiones para conseguir informes positivos de las guarderías. Muchos de ellos cuentan con seguros privados, por lo que el número de bajas “real” podría ser sensiblemente mayor al “oficial”.
