Los gobiernos de Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León aseguran que continúan trabajando "de manera coordinada" para dar seguridad jurídica a la realización de controles de la población de lobos. Las cuatro comunidades autónomas exploran "todas las opciones que permitan aplicar en todos sus términos" sus planes de gestión del lobo ibérico, "incluida la realización de extracciones con plenas garantías jurídicas".
La Dirección General del Medio Natural del Gobierno del Principado ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe-propuesta que desarrolla la disposición adicional primera de la orden ministerial que incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). El objetivo es poder realizar controles en el marco del II Plan de Gestión del Lobo de Asturias.
Además, ha enviado la primera propuesta para realizar un control poblacional de lobos en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Se trata de un territorio de alta montaña donde se practica la ganadería extensiva y se han implementado medidas preventivas, como los cercados electrificados y el pastoreo con perros. No obstante, siguen registrándose daños a la cabaña ganadera por ataques de lobos.
El Principado valora "positivamente" el trabajo que están desarrollando conjuntamente y de forma coordinada las cuatro comunidades autónomas citadas. En este sentido, confía en que iniciativas como las llevadas a cabo por Cantabria y Asturias contribuyan a dar seguridad jurídica a las actuaciones en este ámbito.
Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León concentran más del 95 por ciento de la población de lobos de España. Desde el pasado mes de septiembre, todas las poblaciones de lobos españolas han sido incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que ha provocado protestas de las regiones del Noroeste y de los ganaderos. Hasta septiembre, el lobo solo estaba protegido al sur del río Duero.
