Asturias dará, finalmente, su apoyo al futuro modelo estatal de residencias de mayores, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales (dirigido por Podemos) y que será votado en una reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales el próximo lunes, día 27. En la anterior votación, el Principado se había abstenido.
La transformación que pretende el Ministerio se basa en residencias que, al menos, cuenten con un 65 por ciento de habitaciones individuales y que no superen una horquilla de plazas entre las 75 y las 120, para evitar una masificación que impida una atención más personalizada. Otro de los cambios es que las residencias se asemejen lo máximo posible “a un hogar”, con unidades de convivencia que tendrían un máximo de 15 personas y una ratio de un trabajador por cada dos residentes.
Melania Álvarez considera que el denominado Acuerdo de Acreditación y Calidad de Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es “tan histórico como necesario”, máxime tras lo vivido en la pandemia de covid-19. “Tras el pasado Consejo Territorial explicamos la motivación de nuestra abstención: es un asunto de gran calado que requiere del mayor consenso posible para garantizar así su aplicación, que es lo relevante”, señaló ayer la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Melania Álvarez. A su juicio, “este tiempo de reflexión ha merecido la pena, porque ha permitido continuar analizando puntos que marcaban las distancias entre posiciones y aportar algunos matices que sumarán sin duda más apoyos a la propuesta”.
En consecuencia, en la reunión del próximo lunes “Asturias trasladará una posición plenamente alineada con el trabajo que venimos desarrollando desde hace tres años en lo que se refiere a atención a la dependencia”.
El pasado 25 de mayo, el Ministerio de Derechos Sociales llevó el Acuerdo a la mesa del Consejo Territorial, pero no consiguió cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas para su aprobación. Entre las regiones que mostraron su rechazo al documento figuraban la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta (presididas por el PP), Castilla-La Mancha, Extremadura (presididas por el PSOE), País Vasco y Cataluña Por su parte, Castilla y León y Asturias se abstuvieron, mientras Navarra, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y Melilla se posicionaron a favor. Entonces se acordó “posponer la votación” a la espera de “cerrar los últimos detalles”.
