El Ayuntamiento de Castrillón recibe este año del Principado, a través del Fondo de Cooperación Local, 127.000 euros de uso libre, incondicionado. Las transferencias con destino prefijado, ligado al ejercicio de competencias concretas, muchas de ellas asumidas por la administración local de forma “impropia” o delegada, suben a 2,3 millones. Jesús Valledor, interventor del consistorio castrillonense, usa su propia experiencia para imaginar una legislación autonómica de régimen local a la que Asturias incorpore el derecho de las entidades locales a percibir un porcentaje o participar de algún modo en los ingresos de la comunidad autónoma que configure un fondo suficiente de libre disposición. La ley que el Principado tiene en fase de redacción empezaría a ser útil si al menos se acomete esa y además la tarea pendiente de clarificar las competencias que corresponden a los ayuntamientos.
El funcionario participó ayer en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) en una singular sesión de orientación al Ejecutivo, una mesa redonda de captación de propuestas para encaminar la redacción de la primera ley asturiana de régimen local, que el Gobierno tiene en marcha. Disertaron él y Paula Fernández Rubiera, secretaria general del Ayuntamiento de Cudillero, junto a Santiago Álvarez, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo. Moderados por el jurista Javier Junceda, elevaron a consenso la urgencia recurrente de que Asturias deje de estar sola con Cantabria en la lista de las autonomías que han postergado hasta hoy la elaboración de una ley propia para la ordenación de su entramado administrativo municipal. En más de dos horas de tormenta de ideas, pidieron concreción para ese mecanismo de participación de los ayuntamientos en los ingresos del Principado y que se clarifiquen las competencias que corresponden a los entes locales, que se reforme su régimen de personal y se establezcan estrategias de cooperación entre concejos o con entes supramunicipales para mejor prestar los servicios de proximidad a los ciudadanos.
Valledor citó, “increíble, pero cierto”, el 0,7 por ciento del total de sus ingresos que la Administración de Baleares debe transferir en cumplimiento de su ley a sus ayuntamientos. Invitó a clarificar si por “propia” se entiende también la recaudación procedente de los tributos cedidos y los recargos sobre los de titularidad estatal, pero concluyó que “establecer un mínimo no me parece mala idea”.
Contra la despoblación
Entrando también en la zona áspera de la deficiencia financiera, queja recurrente de los ayuntamientos, Santiago Álvarez convino en la necesidad de pedir que la futura ley fije “un sistema de participación en los ingresos tributarios de la comunidad autónoma” y añadió la ocasión que se dibuja en el horizonte para hacerlo definiendo adecuadamente “el importe de los recursos a transferir, una evolución a partir de un año base y un criterio de reparto con reglas claras en función de la población o las necesidades de prestación de servicios”. Un fondo “incondicionado” de estas características debería servir, enlaza, también para el combate a favor de los servicios y en contra la desafección y la sensación de abandono en la Asturias despoblada.
El discurso de Paula Fernández Rubiera hizo pie en otro de los grandes caballos de batalla de la queja municipal invitando al legislador autonómico a afrontar el goteo de “competencias impropias” que las administraciones estatal y autonómica han ido transfiriendo a los ayuntamientos. El relato es repetido. Se ha solidificado una maraña de prestación de servicios que no corresponden a la instancia municipal –la más clara son las escuelas infantiles, pero hay muchas más–, con sus repercusiones financieras y de personal.
“Todas las competencias posibles se han implantado en todos o la mayoría de los municipios”, lamentó muy gráficamente antes de sugerir que la ley debería desenredar el desorden competencial y con él sus efectos, “un incremento mastodóntico de las plantillas municipales”. Habló además de “una reforma del sistema de recursos humanos” y llegó hasta los procesos en marcha para estabilizar a los trabajadores interinos, cuyo coste, tanto en dinero para fijezas e “indemnizaciones de los que no superen” las pruebas como en horas de trabajo, “no sé cómo vamos a poder soportar”. Con la experiencia de la práctica diaria tampoco se le escapa, por lo demás, la oportunidad que abre la redacción de la ley para “potenciar los mecanismos de coordinación interadministrativa” y para engrasar los sistemas de colaboración mediante “entes supramunicipales” para mejorar la prestación de los servicios.
Ayer, en el RIDEA, se dieron vueltas alrededor de un asunto nuclear que Javier Junceda introdujo invocando la necesidad de resolver la anomalía legislativa del régimen local asturiano con una norma que atienda a “no pocos retos, algunos estructurales”, y a regulaciones esenciales como “la peculiaridad de los empleados municipales, el régimen económico” de los ayuntamientos o “la relación entre los entes locales y los autonómicos”.
