La rebelión se quedó en plante. El anuncio de los gobiernos de Cantabria y Castilla y León de que volverían a eliminar lobos por su cuenta, pese a estar la especie protegida desde el pasado mes de septiembre, fue en realidad una simple declaración de intenciones. Porque lo cierto es que los ejecutivos de esas dos comunidades autónomas hicieron exactamente lo mismo que el del Principado: pedir permiso al Ministerio para la Transición Ecológica para realizar controles de población en sus territorios. Pero la contienda continúa y las tres regiones lanzaron ayer severas críticas contra el departamento que capitanea Teresa Ribera por no contestar a sus peticiones para matar lobos; o, mejor dicho, por haber contestado “solo a una” y de una manera “muy vaga”.
Los consejeros Guillermo Blanco (Cantabria), Alejandro Calvo (Asturias) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (Castilla y León) escenificaron ayer en la localidad cántabra de Tresviso una nueva protesta contra el Ministerio y la protección del lobo, que consideran “injusta”. Participaron en una reunión de la comisión de gestión del parque nacional de los Picos de Europa, en la que el lobo fue, una vez más, protagonista casi absoluto.
Blanco, Calvo y Suárez-Quiñones, pese a sus diferentes adscripciones políticas, se mantienen unidos y aseguraron que continúan trabajando “de forma coordinada” para poder ejecutar las “extracciones” de lobos que a su juicio hacen falta para mantener el necesario equilibrio entre la conservación de la especie y la práctica de la ganadería extensiva. Los consejeros buscan, según afirman, “seguridad jurídica” para seguir aplicando sus respectivos planes de gestión del lobo, que quedaron sin efecto el pasado mes de septiembre, cuando Teresa Ribera aprobó la inclusión de todas las poblaciones de lobo de España en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Laspra), ampliando así la protección territorial del cánido, que hasta entonces solo estaba amparado al sur del río Duero.
Cantabria, Asturias y Castilla y León sostienen que el nuevo estatus del lobo ha quebrado el delicado equilibrio que existía entre las prácticas ganaderas y la conservación de al especie. Un equilibrio para el que consideran “necesario” el control de las poblaciones de la especie. Alejandro Calvo tiene claro que el camino ha de ser actuar “de manera coordinada”, con el apoyo de los servicios jurídicos, para retomar los planes de gestión y los controles del lobo “con plena seguridad jurídica”. El consejero asturiano de Medio Rural recordó que ya ha solicitado extracciones en los Picos de Europa, “donde el problema es más acuciante, pues prácticamente impide la labor ganadera”. Avisó de que el camino emprendido por las regiones del Noroeste “no tiene retorno”, apeló a la “responsabilidad del Ministerio” y volvió a reclamar a Teresa Ribera que garantice “la coexistencia entre el lobo y los ganaderos”.
Guillermo Blanco aseguró que los ganaderos del Noroeste tienen en él y sus colegas asturiano y castellano-leonés a “tres defensores a ultranza contra la injusticia que supone la protección especial del lobo”. Aseguró que a las tres solicitudes de extracción publicadas la semana pasada “seguirán otras”. Criticó al Ministerio por escudarse en que no ha recibido toda la documentación necesaria para valorar las solicitudes, puesto que “hace ya más de dos meses le enviamos la pretensión y los expedientes. No recibimos contestación, solo una muy vaga a una”. Aclaró que las extracciones se realizarán “con cirugía”, en zonas concretas y “cumpliendo la ley”.
Juan Carlos Suárez-Quiñones resaltó que las comunidades del Noroeste albergan el 97% de los lobos en España y acusó al Ministerio de haberse interpuesto “con razones injustificadas” en el “equilibrio justo” que existía antes de septiembre entre la ganadería y el lobo. Todo ello “haciendo caso a una iniciativa conservacionista, por motivos ideológicos”, lo que ha conducido a que no pueda haber controles. “Ha sido un ataque importantísimo a un recurso fundamental”, criticó Suárez-Quiñones.
Las tres regiones de los Picos de Europa, por otro lado, se comprometieron ayer a aprobar este año el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque nacional, que llevan negociando desde 2016 y cuya aprobación ya anunciaron sucesivamente para 2018, 2019, 2020 y 2021. Aspiran a que el PRUG sea “una herramienta útil” que agilice las autorizaciones, simplifique los trámites administrativos, potencie el aprovechamiento de los recursos y, mejore la vida de los habitantes del parque y su entorno. El PRUG está dotado con más de 7 millones anuales, aunque en los próximos tres años aumentará hasta los 10 millones gracias a los fondos de Plan de Recuperación.
