“Con el agua al cuello” y “en situación de extrema vulnerabilidad”. Así se sienten las empresas y fundaciones privadas sin ánimo de lucro que gestionan residencias para mayores y centros asistenciales para personas dependientes en Asturias. Y con esta coyuntura deben asumir ahora un incremento salarial en sus plantillas del 6,5% –un derecho de los trabajadores del sector de la dependencia ganado en los tribunales y acorde al incremento del IPC– y en el horizonte se les avecina el cambio, marcado por el Estado y las autonomías, hacia un mejor modelo geriátrico, de más calidad pero también más costoso. Un futuro cuyos objetivos comparten con la Administración pero que, advierten con tono de urgencia, requiere de un mayor compromiso público de financiación, empezando por una actualización del precio que paga el Principado por las plazas concertadas en geriátricos.
“Ahora mismo estamos con el agua al cuello. Lo del nuevo convenio laboral era de prever que ocurriría así: un 6,5% de incremento este año. Pero, al mismo tiempo y de momento, hay un 0% de subida desde hace cuatro años en lo que nos pagan por las plazas de concierto”, explica Arsenio Alonso-Collada, presidente de Ascege, la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias. Alonso-Collada encadena uno tras otro los problemas de un sector privado que atiende en la región un volumen muy importante de usuarios que no alcanzan a cubrir las residencias públicas del ERA.
“El lunes, el Consejo Interterritorial (órgano que reúne al Estado y las autonomías) va a votar el nuevo modelo de atención residencial. Desde las patronales del sector lo vemos muy favorable como modelo, y nos queremos adherir a él. Nos parece muy positivo y estupendo; pero tiene que venir con una financiación incorporada porque si no es un bluf, es inviable y se va a quedar en el papel. Y eso es lo que no quisiéramos”, advierte el presidente de Ascege. Ese nuevo modelo de residencias implicará, por ejemplo, unidades más pequeñas de convivencia, una mayor oferta de servicios a los mayores y más habitaciones individuales.
“Partimos de un inmovilismo. No en cuanto a voluntad, porque las palabras de la Consejera (Melania Álvarez) están siendo buenas y hay algún brote verde porque acaban de incrementar las prestaciones vinculadas al servicio para que la gente pueda ir a la residencia que quiera con soporte público, pero es insuficiente”, explica Arsenio Alonso-Collada. Se refiere, sobre todo, al inmovilismo en el precio al que paga el Principado cada plaza concertada de geriátrico para dar el servicio al que no pueden llegar las residencias públicas.
La patronal maneja unas cifras que dibujan unas abrumadoras diferencias entre lo que abona la administración pública y el coste real del servicio. “Con una atención como la actual, con el convenio antes de que se subiese el salario el 6,5%, y sin incorporar el nuevo modelo de atención, el Principado lleva años pagando, como mucho, 1.300 euros al mes por plaza, cuando el coste medio en una residencia es de 2.000 euros al mes en una habitación compartida y con una asistencia buena”, expone Arsenio Alonso-Collada, que agrega: “Si ya incorporamos alguna mejora y con las circunstancias más actualizadas, ya estaríamos hablando de un coste real de unos 2.150 euros”. Y pone de ejemplo algo reciente: “Salió un concierto del ERA a 1.650 euros el mes. Ahí recomendamos a los asociados que no se presentaran con ese precio, que va con el convenio laboral antiguo y mantiene ese mismo precio durante nueve años sin posibilidad de subir nada, ni IPC ni convenios nuevos. Las entidades, cuando lo vieron, pensaron que estaba bien, porque subía de los 1.300 euros; pero es engañoso. Te metes en una aventura catastrófica: con la subida salarial del IPC y la aprobación el lunes del nuevo modelo de atención con unidades de convivencia, plazas individuales, más profesionales, más oferta para la persona mayor…”.
Desde Lares Asturias, asociación del sector que representa a entidades sin ánimo de lucro de atención a mayores, coinciden con Ascege. “Compartimos al 100% el espíritu del cambio de modelo en la atención. Sin embargo, no estamos de acuerdo en su aprobación mientras no exista un compromiso claro y real de cómo se asegurará la financiación de este modelo. Parece que la Administración se ha olvidado de que el sector, hoy por hoy, sigue sumido en una situación de extrema vulnerabilidad”, denuncian antes de añadir un diagnóstico: “Arrastramos consecuencias económicas derivadas de la pandemia, para la que no destinaron apenas ayudas. Padecemos la subida de la inflación, aumento de costes y el retraso en el pago de las plazas concertadas del ERA en nuestros centros residenciales. Es importante que la gente sepa que la Administración asturiana paga 43€euros al día por plaza concertada. Cantidad con la que es imposible sostener el modelo actual y, mucho menos, el nuevo modelo. Este importe es un 25% inferior que la media nacional: en Madrid es de 75€euros y en Álava, de 90”.
¿Pero cómo se puede hacer frente a un coste de una plaza de residencia que superará ampliamente los 2.000 euros mensuales con el nuevo modelo? Es la pregunta que se formula, de forma distinta, Arsenio Alonso-Collado. Y él mismo plantea una respuesta: “¿Quién puede pagar una residencia entonces? Nadie. Actualmente las pensiones son como son, como mucho de 1.500 euros. ¿Cómo se puede entonces? Con la ley de Dependencia y las prestaciones vinculadas al servicio, que deberían cubrir la diferencia entre la pensión del usuario y lo que cuesta una residencia, para que nuestros mayores puedan elegir el sitio donde ir. Es eso lo que tiene que ir recogido en la normativa; es posible y en otros países de nuestro entorno se ha conseguido. Calculamos que destinando el 2% del PIB a la dependencia se resolvería el asunto a todos los niveles: ayuda a domicilio, centros de día y residencias, con una oferta de buenos servicios. Ahora bien, hay que decidir en qué se gastan los recursos”. El presidente de Ascege hace además un recordatorio: “La gente no sabe que tiene derecho a una prestación, piensa que por su pensión no se la van a dar. Pero, por otro lado, con su pensión no le llega para pagar una residencia. Sin embargo, la ley de dependencia afortunadamente es universal, no solo para pensiones muy bajas”.
