El debate político en la Junta sobre la espinosa estabilización del personal de las escuelas infantiles derivó este jueves hacia los planes del Principado respecto a la asunción de una competencia que los ayuntamientos llevan veinte años ejerciendo de manera “impropia”. La oposición en pleno ha urgido a la consejera de Educación a hacerse cargo del servicio y Lydia Espina dejó todas las exhortaciones en el aire. “¿Hay una hoja de ruta para intentar resolver esta situación mediante la asunción total de la gestión?”, preguntó la diputada de Podemos Nuria Rodríguez. “¿Cuáles son las dificultades jurídicas para que asuman la gestión de la red de 0 a 3 y subroguen al personal que está trabajando?”, quiso saber Luis Fanjul, parlamentario de Ciudadanos… La Consejera limitó su respuesta a la fijación del objetivo de la legislatura en la “ampliación al máximo de la red” y al anuncio muy reiterado de que su departamento dispone de fondos para sufragar todas las peticiones de los ayuntamientos. Sobre el futuro a largo plazo del modelo, casi nada. “De ahí en adelante”, y aquí se paró, “habrá que sentarse y pensar con sosiego y reflexión” sobre “este y otros temas”.
Podemos la había llevado a comparecer en la Junta para tratar de esclarecer el conflicto desatado por la estabilización del personal de estos centros, y más concretamente por la negativa de cinco ayuntamientos a incluir a las educadoras de las escuelas en las ofertas de empleo que deben convocar para hacer fijas las plazas ocupadas por interinos de larga duración. Repitió Espina lo ya repetido sobre su falta de competencias, reiterando que las docentes son trabajadoras contratadas por los ayuntamientos y que desde el Principado “no podemos estabilizar personal que no es nuestro”. El decreto contra la temporalidad, recordó, “obliga a todas las administraciones públicas, incluidas las municipales”, añadió sin querer inmiscuirse, dijo, en “trabajo ajeno”, pero dejando claro que “la estabilización es responsabilidad del que contrata”. “No es cuestión de voluntad, sino de legalidad, ya que son personal de los ayuntamientos”, remarcó anticipándose al reproche y asegurando que “no echo balones fuera. Expongo el marco legal y las posibilidades que tengo”.
Toda la oposición puso ante ella la negativa, que aduciendo que ejercen una competencia que corresponde al Principado, han anunciado ya los ayuntamientos de Avilés, Siero, Noreña, Mieres y Navia. Espina replicó con los que sí lo están haciendo, “Villaviciosa, Gijón, Langreo…”, y el diálogo se enredó en la persecución de toda la oposición buscando un compromiso a largo plazo de asunción de la competencia del que huyó invariablemente la Consejera. Se repitió entonces, desde todos los flancos, la advertencia de que se avecinan conflictos judiciales –ya ha sido anunciado el de Avilés– por el agravio comparativo que generan las distintas situaciones para trabajos iguales e incluso la certeza de que las denuncias acabarán salpicando al Principado. “Están fomentando la judicialización contra los ayuntamientos”, acusó Fanjul. “Se está maltratando al municipalismo”, protestó la portavoz de IU, Ángela Vallina, yendo al problema de fondo y recordando que “si los ayuntamientos no tienen competencias en educación y la red de 0 a 3 forma parte del sistema educativo, ésta es otra de las pelotas que se lanzan a los ayuntamientos” en forma de “competencias sin apenas medios que aumentan las plantillas municipales”. Los aumentos de plazas que promete Educación son “a la larga”, abunda la diputada del PP Gloria García, “tiritas para un asunto que habría que afrontar sentándose con los ayuntamientos, que estarían encantados de que la gestión la llevasen ustedes y esto se arreglase de una vez”.
García llevó también al parlamento la situación de las novecientas familias que suman las listas de espera de las escuelas infantiles en Gijón, Oviedo, Avilés, Siero o Mieres y recibió de la Consejera la convicción de que la disponibilidad económica hace de éste un momento particularmente idóneo para los proyectos de expansión de plazas. Habló de los trece millones de euros de fondos europeos de los que dispone la Consejería hasta 2024 para sufragar cualquier proyecto municipal y de los dieciocho a los que asciende este año crédito ampliable que puede aportar de sus fondos propios el Principado. Bajo la advertencia de que las cifras de las listas de espera no serán plenamente reales hasta que se inicie el curso, porque hasta entonces están distorsionadas por las “duplicidades de solicitudes”, Espina garantizó que “siempre que un ayuntamiento lo solicite puede participar. No tiene más que ponerse en contacto con nosotros y en ese momento abrir una escuela”.
