El párrafo en el que la ley del régimen local delimita las competencias propias de los ayuntamientos en el ámbito educativo es escueto. Se detiene después de atribuir a las entidades locales la estricta tarea de "conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, primaria o especial". En los municipios asturianos, sin embargo, se lee la ley, se mira la práctica diaria y la disonancia rechina. Están cumpliendo veinte años de gestión "impropia" de las escuelas para niños menores de tres años, una encomienda que era provisional y se ha quedado a vivir en los consistorios como una "bola de nieve" que ha crecido hasta convertirse en un problema de digestión cada vez más compleja.
Los ayuntamientos han tenido que repetir muchas veces esto que vuelve a decir, ahora más fuerte, la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), que las escuelas, que sufraga y tutela la administración autonómica mediante convenios, pero administran y manejan los consistorios, "no son una competencia propia municipal", y que esa anomalía genera disfunciones, que ha llegado a un punto de amenaza de dificultades serias en el que ya urge la incorporación de los centros a su lugar natural, "el sistema educativo del Principado". La queja vieja de Cecilia Pérez ha vuelto a aflorar con fuerza renovada en un momento de encrucijada particularmente delicado para los ayuntamientos en la parte de la gestión de las "escuelinas" que atañe al personal. La ley les obliga a convocar ofertas de empleo para estabilizar sus plazas de personal temporal, y se preguntan qué hacer para resolver el jeroglífico que plantean las trabajadoras de las escuelas, empleadas de los ayuntamientos que ejercen una competencia ajena a los municipios… No todos responden lo mismo.
Varios consistorios, Avilés y Mieres entre ellos, ya han decidido excluir estas plazas de sus planes de estabilización, y "no por gusto", aclara Pérez, sino porque cada entidad tiene su autonomía, sus servicios jurídicos y su secretario municipal que interpreta la normativa y dicta sus instrucciones. Hay quien decide que no procede hacer fijo en el ayuntamiento a un trabajador que no ejerce una competencia propiamente municipal y se resiste. Saben que se exponen a un conflicto judicial por el "agravio comparativo" que generará la diferente situación laboral en que las trabajadoras quedarán unos concejos y otros, por eso vuelven la mirada hacia la administración del Principado y hacia la urgencia de que no se desentienda de sus competencias.
La consejera de Educación, Lydia Espina, se ha vuelto a escabullir del problema de fondo esta semana, respondiendo al emplazamiento que le hicieron en la Junta los grupos de la oposición con una voluntad circunscrita al corto plazo para financiar todas las ampliaciones que planteen los municipios y una difusa intención de "sentarse a hablar" del cambio de modelo en un futuro incierto. "La Consejera plantea una foto fija", replica la presidenta de la FACC, "pero nosotros reivindicamos la necesidad de avanzar, de estudiar fórmulas para que el Principado asuma sus competencias. El primer ciclo de infantil es una etapa educativa más, que ha venido para quedarse y con hablar no solucionamos nada. Llevamos mucho tiempo hablando y hay que hacer una apuesta, estudiar las posibilidades que existen para que la administración regional se haga cargo de estas funciones".
Hace tiempo que urge, y no es fácil. A Cecilia Pérez, alcaldesa socialista de El Franco, no se le escapa que habría que encontrar un remedio "imaginativo". Hasta ahora, poco a poco hasta llegar a cerca de seiscientas trabajadores en los 72 centros que funcionan en 44 municipios, los ayuntamientos han debido enfrentarse al problema de incorporar a su plantilla, "como plazas estructurales, a personal que ejerce una competencia que no es municipal", señala el jurista Javier Junceda. Uno de los obstáculos que habría que salvar, si se decidiera que la gestión de las escuelas pase a ser de titularidad autonómica, lo pondrá la incapacidad de la administración regional para subrogar a la plantilla de las escuelas, lo que generaría una dificultad adicional primero para las trabajadoras, que quedarían obligadas a someterse a un proceso selectivo bajo riesgo de perder su empleo, y luego para los ayuntamientos, "que eventualmente tendríamos que asumir el coste de las indemnizaciones por despido", alerta Pérez.
Sucede que la red ha crecido tanto, de espaldas a las demandas que todos los años plantea la FACC en sus comparecencias para valorar el presupuesto autonómico en la Junta, ignorando sus recurrentes advertencias en multitud de reuniones con la Administración, que ahora hasta cualquier intento de buscar soluciones va a generar problemas. La lidia con las dificultades que alumbra la anomalía competencial se ha vuelto algo cotidiano en las casas consistoriales. Es de un lado económica, por las restricciones al gasto que han tenido los consistorios o por eventuales retrasos en la llegada de los fondos, y en algún caso también legal. "Nos está generando muchos problemas", resume Cecilia Pérez. El conflicto legal que genera la asunción de una competencia que no corresponde a la instancia municipal degenera muchas veces, resalta, en el planteamiento de reparos desde las secretarías de los ayuntamientos a la firma de los convenios y en la obligación de la corporación de asumir la responsabilidad, el riesgo y las posibles consecuencias de levantar esa objeción para poder prestar el servicio.
Los municipios aceptan ampliar la red, pero exigen remedios a largo plazo
El asunto no es fácil. Para los ayuntamientos, dar marcha atrás lleva consigo un recargo político difícil de asumir ante los ciudadanos y para seguir hacia delante entienden que necesitan una complicidad del Principado que hasta ahora no han encontrado. ¿Cabría la alternativa de una renuncia al servicio? La ley dice que sí. Abre un resquicio allí donde dice que «las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal (…) y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio con otra administración». Es decir, que un ayuntamiento que sea capaz de justificar que la gestión de las escuelas le descuadra las cuentas tendría vía libre para la renuncia, pero esto ya es un servicio social y de conciliación además de educativo y puede que la repercusión social de un desestimiento no fuera tolerable.
La única respuesta del Principado es hasta ahora garantizar que los municipios dispondrán de la financiación necesaria para ampliar la red todo lo que sea posible. Eso les permitiría terminar con una onerosa lista de espera que sumando la que acumulan algunos grandes concejos del centro –Oviedo, Gijón, Siero o Mieres– alcanzaría unas 900 familias. Aduce la Consejera que estas cifras no serán definitivas mientras no se sustancien las duplicidades de solicitudes en varios centros y, mientras tanto, ofrece más dinero.
Este viernes, el Consejo de Gobierno dio de paso una inversión de 3.141.332 euros con cargo a los fondos europeos para subvencionar ampliaciones de plazas. La cifra se añade al crédito ampliable que el Principado tiene consignado en sus recursos propios y que alcanza los dieciocho millones de euros... Ante esta solución de «foto fija» y corto plazo, los ayuntamientos asienten sin convicción. «Vamos a aprovecharlo», adelanta Cecilia Pérez. Hay concejos que necesitan invertir para seguir prestando el servicio y lo harán, «pero seguimos insistiendo. Hay que buscar una salida más allá», concluye sabiendo que ampliar las plazas también equivale, de algún modo, a ampliar su problema.
