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La aportación del Principado "no cubre ni la mitad del coste de las escuelas infantiles", denuncia el PP

Oviedo sugiere una fórmula de gestión mediante colaboración público-privada, pero persevera en que el modelo de gestión debe asumirlo y definirlo el Principado

Una escuela infantil de Oviedo LNE

El rebrote de la controversia sobre las escuelas del primer ciclo de la educación infantil, competencia “impropia” que los ayuntamientos exigen que asuma como legítimo titular el Principado, se ha sofisticado este miércoles con la constatación, junto al conflicto competencial, de un agudo problema económico. Los centros los gestionan los municipios y los paga la administración autonómica, esa es la teoría, pero “la realidad dista mucho de lo que dicen los convenios”. Es el concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo y secretario general del PP en la capital, Javier Cuesta, sumando a la exigencia de que sea el Principado quien diseñe un modelo para hacerse cargo de la gestión de las escuelas, una denuncia de insuficiencia financiera que crea “un problema de sostenibilidad” a los consistorios. Lo dijo con las cifras de Oviedo, “trasladables” a otros concejos: “Las escuelas infantiles le van a costar este año al Ayuntamiento 6,9 millones de euros, de los que 4,9 son gastos de personal. La aportación que hace el Principado es de 3,3 millones”. Quiere decir que la transferencia autonómica no llega a cubrir el cincuenta por ciento del coste, “no cubre ni de lejos” el gasto de las educadoras y “este desajuste entre la financiación del Principado y los costes reales de las escuelas no ha dejado de crecer”. “El Principado incumple de manera sistemática los convenios con los municipios” y eso conduce, remata el edil, a “un problema de sostenibilidad” agravada en “en una situación de las finanzas como las que tenemos los ayuntamientos”.

Cuesta vinculó el desfase con la lista de espera de unas cuatrocientas familias sin plaza en el municipio –de las aproximadamente novecientas que acumulan las escuelas del centro de Asturias– y con la “imposibilidad económica absoluta” del consistorio “para cubrir las necesidades” de unos ciudadanos que cuando tienen el problema y se ven sin sitio “se vuelven contra los ayuntamientos. No van a la Consejería de Educación” en su condición de titular legal de la competencia educativa.

El concejal ovetense y la diputada popular Gloria García revuelven ese obstáculo económico con el que tienen los ayuntamientos asturianos al afrontar el proceso de estabilización de las educadoras infantiles a que les obliga la ley estatal aprobada en diciembre. La Consejería “no quiere saber nada” de la competencia, “no hace los deberes”, dice García renovando su exigencia repetida sobre el trasvase de la gestión a la comunidad autónoma, ante la que reiteradamente la Consejería, denuncia, “no escucha”, “mira hacia otro lado” y “deja a los ayuntamientos a los pies de los caballos, teniendo que gestionar unas escuelas que suponen una sangría económica y un personal que no les corresponde” mientras propone hacer frente a la lista de espera mediante una convocatoria de subvenciones con fondos europeos para que los municipios amplíen la oferta en 438 plazas por concurrencia competitiva. Acudirán, vaticina la parlamentaria, “los ayuntamientos con más demanda, dejando una vez más a la zona rural abandonada”.

Por si fuera poco, han empezado a llegar a los juzgados las denuncias de las trabajadoras contra los ayuntamientos asturianos que se han negado a incluir a las educadoras infantiles, interinas de larga duración en su inmensa mayoría, en los procesos de estabilización de personal que tienen en marcha por imperativo legal. De momento, al menos Avilés, Grado, Siero, Mieres o Noreña se resisten. Oviedo no. Pese a su discrepancia sobre la titularidad de la competencia, Oviedo sí ha incluido en la oferta sus 113 puestos de técnicas de educación infantil porque la obligación viene de una norma estatal, aclara Cuesta, “y las leyes hay que cumplirlas”.

La alternativa de una iniciativa de colaboración público-privada para dar cobertura al servicio es “una fórmula que puede ser viable” al decir del representante del Ayuntamiento de Oviedo y que se ha puesto sobre la mesa desde la capital, pero Cuesta añade que la solución ha de ser única para toda Asturias y que el modelo de prestación del servicio ha de definirlo el Principado. Cuesta se desentiende con el mismo argumento de las soluciones para el desajuste entre la oferta y la demanda: “El Ayuntamiento no puede hacer nada. Quien define y dimensiona el servicio es el Principado…”

A los responsables del PP no se les escapa, por lo demás, que la ley de bases legitimaría a los ayuntamientos para renunciar al servicio si consiguen demostrar que la prestación económica que reciben no cubre sus necesidades. Eso no va a pasar, apunta Gloria García, porque “la Consejería se está aprovechando de la responsabilidad que demuestran los ayuntamientos ante la dejación de funciones del Gobierno socialista…”

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