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La estabilización de decenas de educadoras que queda en el aire por una discrepancia entre el Principado y ayuntamientos

La negativa de algunos ayuntamientos a incluir las plazas en sus procesos de fijeza empieza a llegar a los tribunales

Una escuela infantil de Oviedo LNE

La disputa entre el Principado y los ayuntamientos sobre la titularidad de la competencia del primer ciclo de la educación infantil mantiene en vilo las plazas de decenas de educadoras, tantas como alrededor de un centenar según algunos cálculos sindicales. Son trabajadoras interinas que han visto cómo los consistorios que las emplean se han negado a incluir sus puestos en la lista de los que deben ser convertidos en fijos mediante el proceso selectivo que está en marcha en todo el país. Se resisten algunos de los grandes ayuntamientos de la región, entre ellos Avilés, Siero, Grado, Noreña o Navia, aduciendo que el servicio, sufragado por el Gobierno autonómico pero de gestión municipal y personal contratado por los concejos, es una competencia legalmente autonómica que ellos ejercen de forma "impropia" desde 2002. En esas condiciones, sostienen que no están obligados a asumir como fijas las plazas de interinas de larga duración afectadas por la ley aprobada para todo el Estado el pasado diciembre.

El resultado es que el futuro de las más de quinientas trabajadoras que prestan servicio en las 72 escuelas de 44 municipios asturianos, en su mayor parte interinas de larga duración que cumplen los requisitos legales para que sus plazas sean convertidas en fijas, se bifurca en dos situaciones distintas ante ese horizonte de la estabilización. A causa de las distintas formas de interpretar la anómala situación en la que se presta el servicio en la región, hay un número apreciable de ayuntamientos que las han incluido en la convocatoria de sus concursos y concursos-oposición para hacer los puestos permanentes, pero otros se resisten, generando una situación de "agravio comparativo" para quienes quieran optar a ese centenar aproximado de plazas. De ahí que ya se hayan empezado a formalizar los primeros recursos judiciales en nombre de las empleadas contra los ayuntamientos renuentes.

El sindicato Usipa lo ha hecho ya frente a los planes de los consistorios de Avilés y Grado para reclamar en total los derechos de las adjudicatarias de 34 plazas, pero esto es solo el principio. Se plantea repetir la operación en todos los municipios donde las plazas no hayan sido ofertadas y otras organizaciones sindicales, como CSIF, han anunciado ya también la firme intención del recurso a los tribunales.

Al fondo del conflicto bulle la queja de largo espectro de los ayuntamientos por la prestación "impropia" de una competencia que la ley no les atribuye y su apremio al Principado para que asuma plenamente la gestión del servicio. Los que han decidido no incluir las plazas de las educadoras en el proceso estabilizador arguyen, siguiendo consejo jurídico, que no pueden incluir en su plantilla de forma estructural a trabajadoras que prestan un servicio que no es municipal, y en el fondo temen que en el futuro esas plazas puedan generar conflictos con el personal incluso aunque la administración regional acceda finalmente a hacerse cargo de las escuelas.

Sucede que legalmente no habría ningún obstáculo para que el Principado asumiera junto a la gestión de las escuelas a la plantilla que las atiende, dado que se trata de personal laboral, pero el traspaso no podría ser obligatorio para los empleados, según fuentes jurídicas, salvo que se ejecutara por ley. Así las cosas, si finalmente se tomase la decisión, pero no se dispusiese la transferencia por ley y algún trabajador se opusiese, el municipio en cuestión podría enfrentarse a cuantiosas indemnizaciones que a toda costa pretenden evitar.

Es por eso que los ayuntamientos, y no solo los que ahora se niegan a estabilizar a sus educadoras, urgen al Principado a buscar soluciones no gravosas para sus economías, "imaginativas" las llamaba estos días la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez. El Principado, por su parte, se limita a recordar que la obligación de estabilización pesa sobre la administración contratante y que esta, independientemente de la titularidad legal de la competencia, son los ayuntamientos. "No es cuestión de voluntad, sino de legalidad. Son personal de los ayuntamientos", remarcó la semana pasada en la Junta la consejera de Educación, Lydia Espina.

En ese clima de enfrentamiento y discrepancia avanza un proceso de estabilización de plazas que tiene convocadas cerca de quinientas, con alguna menos de la mitad concentradas entre las 127 de Gijón y las 113 que sacará Oviedo, y pendientes unas cuantas decenas que a lo largo de las próximas semanas irán llegando en forma de reclamaciones a los tribunales.

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