“Todas las medidas que vengan a agilizar plazos de tramitación y a procurar que nuestras decisiones lleguen lo antes posible a las personas y a las empresas serán bienvenidas”. Con esa fórmula abierta se dice el Gobierno del Principado inclinado a valorar la propuesta de Izquierda Unida de introducir la declaración responsable como simple trámite previo para la percepción de ayudas sociales. La coalición plantea extender a esta zona sensible de la Administración la fórmula que el Ejecutivo autonómico ha adoptado a gran escala en sus disposiciones para aliviar de burocracia de las licencias o la actividad empresarial y añade la posibilidad de que se acepte a las ONG y las entidades del tercer sector como colaboradoras para la comprobación de la veracidad de los datos en las declaraciones. ¿Sí? La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha vuelto a reconocer este viernes las “dificultades” administrativas que sufre su departamento en la tramitación de diferentes auxilios, algunos objeto de sonora polémica reciente, y se ha dicho dispuesta a analizar la oferta de IU partiendo de esa premisa genérica que da la bienvenida a “todas las medidas que contribuyan al objetivo de la agilidad. Lo analizaremos y en la medida de lo posible lo pondremos en marcha”, ha finalizado.

IU propuso este jueves habilitar la declaración responsable contra el atasco de determinados tipos de ayudas sociales con el objetivo de simplificar los pagos de subvenciones al alquiler, a la discapacidad, a las empresas del tercer sector que sufren reiterados impagos del Principado. Sugiere habilitar este canal –que permitiría pagar primero y comprobar después que se cumplen los requisitos para el pago– y hacerlo a través de una modificación en la ley autonómica de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. Queda dicho que el Principado estudiará esta posibilidad, aunque el Gobierno también manda por delante las gestiones que sí ha conseguido agilizar. Los dos ejemplos que esta mañana ha aportado la Consejera son “el plan de choque de la atención a la dependencia” y la gestión del salario social básico, que aun en pleno tránsito hacia el ingreso mínimo vital de titularidad estatal ha pasado de abonarse en un plazo de entre catorce y diecinueve meses a tardar poco más de un mes, destaca Melania Álvarez.