No sabemos si la demanda sube, pero sí sabemos que la oferta baja. En la sanidad pública asturiana se han realizado en lo que va de año unas 154.000 primeras consultas con el especialista al mes. En 2016, el promedio se situaba en el entorno de las 172.000. Esa diferencia de 18.000 pacientes atendidos cada mes –216.000 al año– explica en buena parte por qué las listas de espera aumentan hasta niveles que carecen de precedentes. Y explica también por qué muchos usuarios saturan los servicios de urgencias hospitalarias, con la angustia añadida –en muchos casos– de no saber qué enfermedad les aqueja y qué tratamiento deben recibir.
¿A qué se debe esta notable caída de actividad?
Un factor claro es la reducción de la jornada laboral de los profesionales sanitarios de 37,5 a 35 horas a la semana. Eso sucedió de manera gradual entre abril de 2017 y mayo de 2019. Más tarde, con la llegada de la pandemia de covid-19, la caída de actividad se hizo mucho más acusada.
Solución insuficiente.
En los últimos meses, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) está intentando recuperar, al menos, los niveles de atención médica previos a la crisis sanitaria del coronavirus, pero a base de pagar notables sumas en concepto de horas extraordinarias. Esta estrategia aún no ha dado todos los resultados deseados y está por ver si será capaz de equilibrar la oferta y la demanda.
Oferta y demanda.
A la hora de analizar la situación de la sanidad pública, se alude con frecuencia a un aumento de la demanda por parte de una población cada vez más envejecida. Que ese elemento está ahí nadie lo cuestiona, aunque cuantificarlo entraña dificultades. Lo que resulta menos conocido es cómo evoluciona la oferta. Pues bien, en el ámbito de las consultas con el especialista, la oferta es inferior a la de hace años, como acabamos de concretar con cifras.
Aumenta la lista, no el tiempo.
La consecuencia del panorama descrito es que, a finales del pasado mes de junio, estaban pendientes de llevarse a cabo en la sanidad regional 94.842 primeras consultas con el médico especialista. A finales de 2016 eran 72.326. La demora media actual de 69 días, mientras que la de diciembre de 2016 era de 71.
Meses y meses.
Este dato oficial del promedio de demora siempre es engañoso: antes y ahora. ¿Por qué? Porque incluye a los pacientes que acaban de entrar en lista de espera, que obviamente rebajan mucho la media. La realidad es que, en algunas especialidades, la demora de una consulta ordinaria puede ser de varios meses, e incluso de un año. Otra situación relativamente frecuente es que el usuario tenga que aguardar durante meses una prueba diagnóstica, que por fin se la hagan, y que después se vea obligado a esperar otros tantos meses o más para que el médico le comunique el resultado y le instaure el tratamiento. Si ese paciente manifiesta su queja de forma pública y notoria, cabe la posibilidad de que se le llame para adelantarle su cita bajo el argumento de que la fecha que le habían dado era un error.
También en cirugías y pruebas.
Los problemas del sistema sanitario no se circunscriben a las consultas, por supuesto. Las diversas listas de espera de la sanidad pública asturiana aumentan de manera incesante. A finales del pasado mes de junio, el Sespa tenía pendientes un total exacto de 166.000 actos médicos especializados, una cifra récord. De ellos, como ya se ha dicho, 94.842 son primeras consultas con el especialista, 48.866 son pruebas diagnósticas y 22.292 son intervenciones quirúrgicas.
Peor que en la prepandemia.
¿Cómo estaban las cosas antes de la pandemia? Un dato significativo es que, a finales de 2019, el número global de usuarios pendientes de cirugías, consultas o pruebas era 121.023. Dicho de otra manera, la tensión generada por el coronavirus se ha traducido en 45.000 asistencias más en situación de demora. En números redondos, las consultas con el especialista pendientes de realizarse aumentaron en 24.000; las exploraciones diagnósticas, en 18.000; y las intervenciones quirúrgicas, en casi 3.000.
Falta de relevo generacional.
Si se pide un análisis sintético a los buenos conocedores del sistema sanitario público, sus razonamientos mencionan varias posibles claves que merecen una exposición más sosegada. "La respuesta inmediata a la caída del número de consultas es que hay menos facultativos. El recambio generacional de los últimos seis u ocho años ha sido negativo en la mayoría de las especialidades", destaca José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). Y añade: "Cada facultativo que falta en una consulta hospitalaria supone restar, como poco, 1.000 primeras citas al año".
Las limitaciones de las peonadas.
El máximo responsable del SIMPA, especialista en neurología, añade otra consideración: "Que nadie se crea que a la Administración le interesa solucionar la lista de repente, porque eso generaría más actividad derivada, sean cirugías, pruebas o revisiones, y eso no interesa". En cuanto a los planes especiales de actividad –las horas extras o "peonadas"– "compensan las carencias, pero insuficientemente". Y prosigue: "Esta fórmula ya no es la panacea. Primero, porque cada vez prima menos como valor el dinero por sí, sino en relación a la calidad de vida y la calidad laboral, conceptos que se cuidan más en la sanidad privada".
