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Ribera avisa que el Gobierno recurrirá al Constitucional con las comunidades insumisas

La ministra de Transición Ecológica afirma que no hubo tiempo para negociar el decreto por los plazos fijados en Europa

Teresa Ribera.

El Gobierno central mostró ayer su confianza en que los territorios gobernados por el PP velarán por el cumplimiento del decreto de ahorro energético, que entra hoy en vigor, pese a que los presidentes regionales populares expresaron su discrepancia con el documento. Pero aun con ese convencimiento de colaboración, el Gobierno central no duda en enseñar los dientes. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, advirtió que el Ejecutivo de Sánchez apercibirá de forma inmediata a las comunidades que permitan el incumplimiento de la norma, y cuestionó que ninguna de las comunidades gobernadas por el PP plantease "dudas" en la conferencia sectorial de Energía celebrada este lunes.

Con todo, Ribera recalcó que el decreto de ahorro energético no persigue "sancionar", sino que trata de "encauzar" vías que garanticen su cumplimiento, y que deberán ser las comunidades autónomas las encargadas de velar por su cumplimiento y "acompañar" a los negocios para que las lleven a cabo.

La ministra Ribera no dudó en señalar que el Gobierno central utilizar las vías judiciales que tenga en su mano, y recalcó que no había margen de negociación de las medidas, dado el escaso margen entre la fecha en la que se celebró el Consejo Europeo extraordinario de ministros de Energía, celebrado el 26 de julio, y que las medidas de ahorro debían computar ya "el 1 de agosto". Así, indicó que las comunidades que no desobedezcan la norma con rango de ley serán apercibidas y "si a pesar del apercibimiento se sigue sin ejercer la competencia se podrá plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional", pero sin cerrar la puerta a reclamaciones ante los tribunales de lo Contencioso, que deberán valorar los servicios jurídicos del Gobierno.

Pese a la tensión política generada, Ribera cree que "no hay una voluntad constatada y generalizada de incumplir las normas" o de "insumisión". "Estoy segura de que todos vamos a hacer un esfuerzo", aseveró.

Quienes sí han respaldado las medidas del Ejecutivo central han sido las grandes industrias enmarcadas en la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), de la que forman parte Arcelor, Asturiana de Zinc, Celsa y Nippon Gases, con instalaciones en Asturias.

En un comunicado, la entidad considera que ante la guerra en Ucrania es necesario "intensificar las medidas de ahorro y de eficiencia energética en España, que ayuden a mejorar nuestra competitividad y preservar el empleo de las industrias electrointensivas". Además, reconocen que estas grandes consumidoras de electricidad y, en muchos casos, también de gas, "son muy sensibles a la situación crítica del sector energético actual y a sus precios, que han alcanzado cotas nunca vistas y pueden poner en serio riesgo su supervivencia".

Las grandes consumidoras de electricidad apoyan las medidas aprobadas por el Gobierno para reducir el consumo energético un 7%. "Está en juego nuestro futuro", recalcan.

El conflicto político se ha trasladado también al seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los alcaldes del PP han expresado este martes su disconformidad con el presidente de la FEMP, Abel Caballero, por haber dado su apoyo al decreto del Gobierno de central que recoge el plan de ahorro energético sin contar con el aval de la organización municipalista.

Abel Caballero participó en representación de las entidades locales en la Conferencia Sectorial de Energía de este lunes que abordó el decreto de medidas de ahorro energético, mostrando su apoyo y cooperación a este plan del Gobierno.

Sin embargo, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha denunciado que la institución no ha tratado ni analizado en sus órganos de gobierno este decreto, por lo que ha recriminado a Abel Caballero que haya dado el aval de la Federación a estas medidas.

En este contexto, García Urbano ha censurado que desde la presidencia de la FEMP se adopten decisiones que afectan a todas las entidades locales "de manera unilateral y sin que exista una postura oficial de la institución". El portavoz del PP en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha calificado de "intolerable" que Caballero utilice la presidencia de la FEMP para, bajo su punto de vista, "sostener a Sánchez y su Gobierno".

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