El sector del transporte de viajeros por carretera se siente "discriminado y agraviado" por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de que los abonos ferroviarios multiviajes para cercanías, rodalies y media distancia sean gratuitos del 1 de septiembre al 31 de diciembre. El malestar entre las empresas de autobuses es patente: estiman que la medida supondrá una pérdida de viajeros de entre el 17 y el 20 por ciento, en un momento, además, en el que el sector aún no se ha recuperado de los efectos de la pandemia de coronavirus.
El presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), Rafael Barbadillo, exigió ayer "una respuesta contundente" por parte de las autoridades para "paliar los efectos de esta bonificación" y que se amplíe a todo el sistema de transporte público. "De no ser así, esta medida tendrá unas consecuencias nefastas para las empresas de transporte de viajeros por carretera y para el empleo", auguró. Barbadillo subrayó que la medida gubernamental tiene "pinta de ocurrencia" y que pondrá "en peligro" la continuidad de muchas empresas. Auguró "reclamaciones patrimoniales al Estado" por parte de aquellas empresas que se consideran perjudicadas por la gratuidad de los viajes en tren.
Resaltó que el autobús, como el tren, es un servicio público, y que la única diferencia es que este último es de titularidad estatal. En su opinión, "lo lógico" sería que el Gobierno implantara la gratuidad "en todo el sistema", o al menos en aquellas líneas que prestan a la vez los dos medios de transporte. "Queremos que todos tengamos las mismas reglas de juego", añadió.
El máximo dirigente de Confebus, colectivo al que pertenece la Corporación Asturiana del Transporte (CAR), destacó que poco después de que Pedro Sánchez anunciara la gratuidad de los abonos multiviaje habló con responsables del Ministerio de Transportes y "no sabían nada". Cree que tampoco Renfe estaba informada de la medida. "Debió decidirla el Presidente con algunos asesores", porque "no consultó con nadie".
"Lo que no queremos es mendigar a las puertas del Ministerio", añadió Barbadillo, quien cree que con la gratuidad de los abonos ferroviarios habrá ciudadanos en territorios a los que no llega el tren y sí el autobús, que pasarán a ser "de segunda". Manifestó su "honda preocupación" por el "gran impacto" de la medida, pues provocará un "trasvase modal, del autobús al tren", en las líneas coincidentes. Mostró su convicción de que la gratuidad de los abonos no se limitará a los cuatro meses anunciados, y que se extenderá durante todo el año 2023. Cree que la gratuidad "no se valora", por lo que abogó por implantar sistemas como el alemán, donde, por un precio simbólico de 9 euros, los usuarios pueden viajar por toda la red de transporte, ferrocarril y carretera.
Reveló que varias comunidades autónomas, entre las que no está Asturias, ya han denunciado que la medida gubernamental supone "un agravio comparativo y una doble discriminación", y han reclamado como Confebus la necesidad de "reflexionar sobre el impacto negativo y que se trate de forma igualitaria a los distintos modos de transporte público". Además, la gratuidad del transporte ferroviario otorga "un tratamiento diferenciado a los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen y se prima un único modo de transporte".
