El capítulo del pago de nóminas de los empleados públicos del Principado romperá por primera vez la barrera de los 2.000 millones en el próximo ejercicio de 2023. La escalada de la inflación y la entrada o mejora en el complemento de la carrera profesional a miles de sanitarios obligarán a incrementar una partida que ya supuso más de un 36 por ciento del presupuesto consolidado de este ejercicio.
El Principado, al igual que el resto de gobiernos autonómicos y municipales de España, está muy pendiente de la subida salarial que establezca el Estado como gran patrón del empleo público, que suele servir de referencia para el resto de administraciones. En las grandes centrales sindicales sospechan que el Gobierno central es partidario de una subida moderada, en torno al 3 por ciento, para que el capítulo 1 (gastos de personal) de todas las administraciones no contribuya a elevar la actual tensión inflacionista que, sin embargo, ya se está traduciendo en un incremento de la recaudación fiscal. Los sindicatos, en cambio, aspiran a que la subida esté más cerca del siete o el ocho por ciento, acorde con la subida de precios del presente ejercicio.
Cualquiera de los extremos de esa horquilla que finalmente se aplique a la subida salarial de los empleados públicos del Principado situará el capítulo dedicado al pago de nóminas por encima de los dos mil millones de euros, una cifra que, por ejemplo, equivale a casi la mitad de lo que cuesta la costosa construcción de la variante de Pajares. El capítulo 1 ya supone en el presente ejercicio un total de 1.962 millones del presupuesto autonómico asturiano, después de haber experimentado un incremento superior el 2,7 por ciento. Es decir, el pago de las nóminas de los más de cuarenta mil trabajadores públicos autonómicos se lleva el 36,65 de un Presupuesto regional que en 2021 asciende a 5.354 millones de euros.
La escalada de la inflación no es el único factor que elevará el coste del capítulo salarial del Principado para el próximo año. La consejería de Salud publicó el pasado mes de julio en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el listado de 4.700 profesionales de la sanidad pública asturiana que suben de tramo o cobrarán por primera vez el complemento correspondiente a la carrera profesional, un proceso que no se realizaba desde la gran recesión económica de 2010 porque abrir el procedimiento de acceso a un nuevo grado de carrera encarece automáticamente el coste de la plantilla. La revisión de este complemento, según estimaciones sindicales, puede suponer un coste para todo el año por encima de los diez millones de euros, que ya quedarán consolidados en el presupuesto autonómico de 2023 y para los ejercicios siguientes.
El capítulo que destina el Principado a pagar las nóminas de toda su plantilla, que incluye desde el personal administrativo hasta el sanitario o el docente pasando por los operarios del servicio de carreteras o de la guardería medioambiental, habrá crecido en prácticamente 500 millones de euros cuando sean aprobadas las cuentas del próximo ejercicio. En 2015, la administración autonómica dedicaba a la partida de personal 1.534 millones de euros, una cifra que había sido bastante similar en los ejercicios inmediatamente anteriores debido a la contención forzada por los "tijeretazos" de la gran recesión económica. Pero a partir de ese año, comenzó una escalada sostenida, que se ha visto acompañada de un paulatino aumento en el volumen de la plantilla, que ya había superado el tope de las 40.000 personas antes del estallido de la pandemia del covid, a principios de 2020. El refuerzo obligado de personal en la sanidad, la educación y la atención sociosanitaria acabó por situar el coste de la plantilla en el filo de los dos mil millones de euros.
La negociación de las cuentas regionales empezará este mismo mes
El capítulo 1 del Presupuesto regional, el destinado a abonar los salarios de todos los empleados públicos, no suele generar tensiones ni disputas en la negociación de las cuentas en el parlamento autonómico. La consejería de Hacienda aplica la misma revisión que viene del Estado y, a lo sumo, puede haber controversia entre el Gobierno y la oposición sobre la necesidad de reforzar algunas áreas, una medida que siempre entraña mayores costes. La negociación entre el Gobierno regional, la consejería de Hacienda y los partidos de la Junta suele comenzar en el mes de noviembre, después de la celebración del debate sobre el estado de la región, aunque la oposición reitera la queja, año tras año, de que el anteproyecto debería estar en el parlamento el 1 de octubre para iniciar su discusión. El ejecutivo de Adrián Barbón ha decidido adelantar la hoja de ruta para el que será el último curso político de esta legislatura. El debate de orientación política del Principado se celebrará la próxima semana (del lunes 12 al jueves 15) y dará pistas de la posible sintonía y apoyos que pueda recabar el Gobierno socialista para lograr un pleno de acuerdo presupuestario, cuatro en toda la legislatura, algo que no se da en Asturias desde hace mucho tiempo. Aunque el presidente Barbón ha manifestado varias veces su escepticismo de que pueda haber un nuevo Presupuesto por el tacticismo que se espera de los grupos de la oposición, varios partidos, y de muy distinto signo, aseguran que acudirán a la negociación con la mano tendida para posibles acuerdos. Al menos esta es la posición que han anunciado desde el PP, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y Foro. Como precedente está el Presupuesto de 2019, el último que negoció el gobierno de Javier Fernández, ya con Adrián Barbón como secretario general de la Federación Socialista Asturiana, y que fue el primero de la anterior legislatura en contar con el voto favorable de los diputados de Podemos y en salir adelante con el apoyo de los tres grupos de la izquierda.
