Los procesados de la "Mareína" se niegan a declarar ante la instructora del caso

La "Mareína", la investigación sobre un supuesto fraude de 3,7 millones de euros en material educativo y mobiliario que nunca fue servido a los centros educativos asturianos, y que implica a cuatro de los ya condenados en el "caso Marea", el exconsejero socialista de Educación José Luis Iglesias Riopedre, su mano derecha, la exdirectora general María Jesús Otero y los empresarios de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, continúa adelante tras el auto de procesamiento dictado el pasado mes de mayo y la instrucción está a punto de terminar. Este miércoles comparecieron ante la magistrada María Luisa Llaneza, titular del Juzgado número 4 de Oviedo, los cuatro implicados, con motivo de la llamada declaración indagatoria. Riopedre, Otero y Muñiz, éste en tercer grado desde el mes pasado, lo hicieron de forma presencial, mientras que Alfonso Carlos Sánchez lo hizo por videoconferencia desde la prisión em la que cumple condena. Acudieron también sus letrados: Sergio Herrero, Miguel Valdés-Hevia, Javier Díaz Dapena y Ana Muñiz.

Ante la magistrada María Luisa Llaneza, los encausados prefirieron guardar silencio, algo por otro lado bastante habitual en este tipo de comparecencias.

Los cuatro tienen recurrido el auto de procesamiento ante la Audiencia Provincial, que fallará próximamente si anula las actuaciones como han pedido los acusados o sigue adelante el proceso. Y es que los acusados sostienen que en este caso se están dilucidando asuntos ya juzgados en el "caso Marea". Y por otro lado indican que el material se sirvió.

Este proceso se abrió después de que el Principado intentase incluir en el juicio del "caso Marea", el mismo día que empezaron las vistas, una serie de contratos de material y mobiliario que no se habían servido, y eso después de varios años de instrucción. Como no podía ser de otro modo, el tribunal se negó a incluir ese material, ante el riesgo de indefensión por parte de los acusados. La Fiscalía, sin embargo, no quiso renunciar a acusar por este paquete de contratos y denunció los hechos ante el Juzgado número 4 de Oviedo, que ahora, seis años después, está a punto de concluir la instrucción.