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Protesta masiva del personal de ayuda a domicilio en Asturias: "Ya no somos invisibles"

Cientos de empleadas de toda la región, en huelga, marchan por Gijón para exigir un convenio «digno» y pluses por traslado y antigüedad

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En imágenes: Las trabajadoras de ayuda a domicilio se manifiestan en Gijón Juan Plaza

«Ahora ya no estamos calladas, ya no somos invisibles, y toda la sociedad se dio cuenta de en qué bolsillos está el dinero que generamos con nuestra fuerza de trabajo». Así lo dijeron ayer durante la lectura de varios manifiestos las cientos de empleadas del servicio de ayuda a domicilio (SAD) que marcharon por Gijón en una protesta multitudinaria y que se desarrollo por el centro de la ciudad entre aplausos y batukadas. Se escucharon críticas a dos bandas: a la administración pública por su «desidia» ante la privatización de estos servicios en los municipios asturianos, pero también a los agentes sindicales que representan a las trabajadoras en las mesas de diálogo con las empresas adjudicatarias. «Se están ninguneando nuestras peticiones», reclamaron.

El servicio de ayuda a domicilio tiene muy claras sus demandas y, tras más de un mes de huelga –se inició a mediados de agosto tras haberse pactado unos servicios mínimos que protegiesen a los usuarios más vulnerables–, querían lanzar ayer una demostración de fuerza para aclarar que seguirán sin volver a sus puestos de trabajo hasta que se cumplan sus líneas rojas. ¿Cuáles? Varias. Carmen Diego, portavoz de la plataforma de empleadas, trató de resumirlas: un convenio «digno» de dos años, una subida salarial «de acuerdo a las situaciones actuales», un plus de antigüedad –clave para el colectivo, con parte de su plantilla envejecida– y otro para desplazamientos, este último «fundamental» para blindar a las empleadas de ayuda a domicilio de la zona rural. Piden actualizar también la financiación por kilometraje en traslados ante el repunte del precio de los combustibles. La protesta del SAD, presente en varias ciudades de España, busca también consensuar unos mínimos nacionales en todos los contratos que se emitan desde municipios. Se solicitan, entre otros, el reconocimiento de enfermedades profesionales y una jubilación anticipada a los 60 años.

Manifestantes, durante la movilización de ayer. | Juan Plaza

La marcha gijonesa comenzó en la Gota de Leche, cerca de El Humedal, y recorrió buena parte del centro urbano hasta llegar al entorno de la plaza del Ayuntamiento que, por estar ayer ocupada por el Mercado Ecológico, llevó a las manifestantes a leer sus manifiestos en la plaza del Marqués, junto a la estatua de Pelayo. Desde allí lanzaron un mensaje directo al Gobierno autonómico y a los ayuntamientos: «Las administraciones públicas con su desidia permiten que día tras día nos sigan precarizando. Os recordamos que somos mujeres trabajadoras, que votamos y que tenemos memorias».

«En las próximas elecciones, no vengáis con promesas vacías con la intención de ganar nuestros votos», lamentaron las empleadas, que en todo este mes explican haber echado en falta un mayor apoyo político. Creen que, en gobiernos locales como el gijonés, sin ir más lejos, se debería haber apostado por la remunicipalización del servicio. Varias empleadas trataron de acudir al Pleno de esta semana en la ciudad para explicarlo, pero alegan que «por fallos del sistema de registro» su petición no entró en plazo: «Lo que quieren es callarnos».

Un grupo de manifestantes, durante la movilización de ayer. | Juan Plaza

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en Asturias reconoce que las cuatro semanas largas de huelga empiezan a pasarles factura. «Septiembre es un mes complicado por la vuelta al cole, los gastos están ahí, y ahora se empieza a notar la ausencia de la nómina», reconocía un trabajador. «Pero también estamos luchando por nuestras hijas y nuestros hijos», añadió una manifestante. Desde las administraciones públicas, por su parte, empiezan a notar la factura de tener el servicio bajo servicios mínimos, pese a que la plataforma asegura que «han sido abusivos» en algunos municipios, donde las empresas privadas exigieron trabajar a la práctica totalidad de la plantilla para seguir funcionando.

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