La batalla política y fiscal entre el PSOE y el PP subió ayer otro escalón. Pedro Sánchez ha dado vía libre para explorar la creción de un impuesto a las grandes fortunas, con el objetivo de poder mantener el sistema de ayudas en plena crisis energética. Era una reivindicación de Unidas Podemos que fue tumbada por su socio en el Congreso el pasado mes de junio. Al tiempo, el presidente de Murcia, el popular Fernando López Miras, anunció que el Consejo de Gobierno de la comunidad aprobará hoy una rebaja del 4,1% en el Impuesto sobre la Renta (IRPF). Además, el gobierno murciano sopesa eliminar el impuesto de Patrimonio, en línea con lo anunciado por el gobierno andaluz, aunque aún no ha tomado una decisión.
«Debemos pedir una mayor aportación a los que más tienen para permitir el transporte público gratis, los 200 euros a las rentas con menos de 14.000 euros, para poder seguir bajando el IVA de la factura de la electricidad, becar a los alumnos…», defendió la ministra María Jesús Montero en los pasillos del Congreso. La responsable de Hacienda recordó que, al igual que han promovido la creación de nuevos gravámenes a las empresas energéticas y a la banca, el Ejecutivo está analizando la posibilidad de aumentar la aportación a las arcas públicas de «las grandes fortunas» de España.
El nuevo impuesto es una de las principales peticiones de Unidas Podemos esta legislatura. El PSOE la había rechazado hasta ahora con el argumento de que no se había consensuado en el seno del Ejecutivo, tenía dudosa eficacia para recaudar y la inutilidad final, porque, decían los socialistas, se podría trasladar esa mayor presión a las grandes fortunas a través del impuesto de sociedades. Los morados detallaron en la proposición de ley que presentaron que se aplicara a las fortunas que superen los 10 millones de euros.
Este anuncio del Gobierno de Sánchez llega en pleno debate sobre la competencia de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y Andalucía con el impuesto de patrimonio. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, comunicó esta semana que lo bonificará para atraer los contribuyentes más ricos de otras comunidades, aunque citó en concreto Madrid (donde gobierna su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso) y Cataluña.
Montero ha denostado la decisión de Moreno, porque, en su opinión, pone de relieve el modelo que supone el PP, «un partido que defiende a las eléctricas, las petroleras, la banca y las grandes fortunas». El PSOE, en cambio, quiere pedir «un esfuerzo a los que más tienen para poder acompañar a las familias medias y trabajadoras en un momento de crisis y de subida de la cesta de la compra». Los 120 millones que hasta ahora recaudaba Andalucía con esas «17.000 personas que pagaban el impuesto de patrimonio» dejarán de ir a «sanidad, educación, dependencia», se ha quejado.
Un nuevo pacto fiscal
La ministra considera que hay que encajar el debate sobre la armonización de los impuestos en el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica, algo que el Gobierno ha descartado hacer esta legislatura debido al horizonte electoral que se avecina el año próximo con municipales, autonómicas y generales. Montero ha subrayado que el Ejecutivo defiende la armonización, para evitar la competencia entre comunidades y «evitar la práctica eliminación de figuras fiscales», pero no la recentralización (como llegó a apuntar el ministro de Seguridad, Social José Luis Escrivá), que supondría que las autonomías no tengan poder para diseñar su capacidad fiscal.
Al tiempo, el presidente autonómico murciano, Fernando López Miras, afirmaba en sus redes sociales una rebaja fiscal que aclarará mañana. Concretamente, una rebaja del 4,1% en el tramo autonómico del IRPF: «Seguimos bajando impuestos para que las familias no carguen con el incremento de los costes debido a la inflación», escribió López Miras.
Judicialización
Por su parte, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), advirtió al Gobierno de Sánchez que dará una «contundente respuesta judicial» si el gobierno de Sánchez «tiene la tentación de hacer cualquier maniobra para rebajar autonomía fiscal a Andalucía», para impedir rebajas de tributos. La vicepresidenta del Gobierno de Sánchez, Yolanda Díaz, calificó de «regalo fiscal» a 13.000 personas con abultados patrimonios la medida, y acusó al gobierno andaluz de hacer «dumping fiscal».
El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, abundó ayer en su argumento de que los 24 millones de euros que el Principado recauda vía el impuesto de Patrimonio permiten, precisamente, que el gobierno regional pueda plantear ayudas a la natalidad, a familias con pobreza energética o a quien no consiga acceso para sus hijos a una escuela pública hasta 3 años, así como otras medidas destinadas a bonificar la residencia en los concejos rurales más despoblados.
