La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño (La Coruña, 1968), es directa en los mensajes y ordenada en el discurso. Este viernes realizó una visita a Asturias y trató de trasladar un mensaje de tranquilidad para la industria del Principado. Asegura que, pese a las incertidumbres económicas, la economía española tiene fortalezas para afrontarlas.
–¿Nos esperan un otoño y un invierno duros a los españoles?
–Entendemos la preocupación de los ciudadanos en un contexto marcado por la alta incertidumbre internacional. La guerra ha entrado en una nueva fase tras la movilización anunciada por Putin y el corte de suministro del gas ruso, que ya es una realidad desde hace varias semanas. Por eso son tan importantes las medidas para contener la inflación, apoyar a las familias y los sectores más afectados por el alza de los precios.
–Los últimos datos de crecimiento no le son desfavorables.
–El INE ha revisado al alza su estimación del aumento del PIB en 2021 hasta el 5,5%, y confirmado que se mantiene un crecimiento muy fuerte en la primera parte de este año, a pesar del complejo escenario internacional. Este dinamismo en buena medida se debe a las medidas adoptadas durante la pandemia y las reformas e inversiones de los fondos europeos del Plan de Recuperación, que van a aumentar el nivel del PIB en 2,6 puntos adicionales de media hasta 2031. Los datos que tenemos de mercado laboral son muy buenos: más de 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social y menos de 3 millones de parados. No solo se crea empleo sino de más calidad, gracias a la reforma laboral. Eso debe darnos confianza en nosotros mismos: España tiene fortalezas para abordar los retos actuales.
–¿Teme que haya un efecto de «profecía autocumplida»?
–La coyuntura actual es muy delicada y difícil de predecir, pero todos los organismos prevén un crecimiento fuerte en España, en el entorno del 4% este año y del 2% en 2023. Hemos movilizado 30.000 millones de euros públicos en ayudas y rebajas de impuestos, medidas que benefician a todos los españoles. España es el cuarto país de la UE en recursos movilizados para ayudar a la clase media, los trabajadores y los colectivos más vulnerables y vamos a seguir actuando en esta línea con determinación, llevando la iniciativa en Europa para tratar de contener la inflación y mitigar su impacto sobre los ciudadanos y las empresas.
Estamos estudiando si hace falta reforzar los instrumentos para ayudar a quien tenga problemas para pagar su hipoteca
–¿La inflación seguirá creciendo?
–El Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE) son las autoridades competentes en materia de inflación y prevén que continúe la moderación que ya se inició en el mes de agosto. Estamos tomando medidas eficaces que han permitido contener la inflación en 3,5 puntos porcentuales, como el tope al gas, que ha supuesto ya un ahorro de 2.300 millones a familias y empresas españolas, la bonificación al transporte o la bajada de impuestos de la luz y del IVA del gas, pellets y leña, importante también en el mundo rural. Desde el Gobierno no vamos a dejar de actuar con determinación, a nivel nacional y europeo, para apoyar a los ciudadanos y para tratar de contener los precios, aunque todo está sujeto a una alta incertidumbre y volatilidad derivada de la evolución de la guerra.
–¿Cabe limitar el precio de alimentos básicos?
–Todas las familias se ven afectadas por la inflación al llenar la cesta de la compra, llenar el depósito, pagar su hipoteca o con la vuelta al cole. Hemos puesto en marcha tres paquetes de medidas muy contundentes, con impacto muy directo que se ve ya en la evolución del IPC. Más allá de aliviar la situación a corto plazo, lo más importante es seguir mejorando las rentas de las familias, con más empleo, salarios dignos, y mejorando las pensiones.
–En las hipotecas suben los tipos.
–Ya en septiembre de 2018 se anunciaba la normalización de la política monetaria y solo ahora han empezado a subir y entrado en terreno positivo los tipos de interés del BCE. La previsión es que sigan subiendo, porque lo que no era normal es que fueran negativos. Es importante es que esa normalización sea progresiva y no ponga en riesgo el crecimiento económico.
–¿Se plantean ayudas a los hipotecados para esa subida?
–Desde que llegamos al Gobierno y nos golpeó la pandemia hemos demostrado nuestro compromiso con las familias. En 2019 cambiamos la Ley Hipotecaria para que los ciudadanos puedan cambiarse de una hipoteca a tipo variable a tipo fijo fácilmente y a un coste muy bajo o incluso gratis. Hemos trabajado con el sector bancario para aplicar un Código de Buenas Prácticas que contempla reestructuraciones de deudas, quitas e incluso la dación en pago para los más vulnerables. Además, no hay que olvidar que muchos ciudadanos suscribieron hipotecas a tipo fijo hace años y no se beneficiaron de la caída de los tipos de interés que hemos vivido. En todo caso, estamos estudiando si hace falta reforzar estos instrumentos para apoyar a las personas que puedan tener dificultades por la subida de tipos.
La guerra de Putin y su chantaje deben hacernos acelerar la transición ecológica
–Parece que se avanza poco hacia el pacto de rentas...
–Los agentes sociales están mostrando su clara voluntad de colaborar y una actitud muy constructiva para arrimar el hombro y trabajar juntos. Todos identificamos el pacto de rentas como una prioridad compartida y un elemento que puede dar estabilidad y confianza a trabajadores, empresas e inversores internacionales. Desde el Gobierno vamos a hacer todo lo posible para que se pueda alcanzar ese acuerdo.
–Si España es el país menos expuesto al gas ruso, ¿por qué tenemos una inflación tan alta?
–Los precios empezaron a subir antes en España por la regulación y tarifas del mercado eléctrico, pero en agosto hemos recortado el diferencial de inflación con la Unión Europea en cinco décimas con respecto a julio. Ahora hay 13 países de la UE con inflación superior a la de España.
–Ha dicho que la regasificadora de El Musel va a ser un elemento clave. ¿Hay ya plazo para su entrada en servicio?
–El Ministerio de Transición Ecológica está trabajando con Enagás para que esta regasificadora contribuya a garantizar el aprovisionamiento de energía de los españoles y los europeos. Se está terminando la tramitación y la previsión es que pueda estar operativa a finales de este año o principios de 2023. Operará como centro logístico para almacenar gas licuado y enviarlo a otros países. Es una muy buena noticia para Asturias, España y Europa.
–¿Las medidas de contención del gasto energético nos penalizarán?
–Tenemos una menor dependencia del gas ruso en comparación a otros países del centro y el norte de Europa, gracias a que tenemos el suministro más diversificado, mayor capacidad de almacenamiento y una gran penetración de las energías renovables. Hemos aprobado un plan de ahorro energético y estamos trabajando en un Plan de Contingencia con el sector y los grupos parlamentarios, como el resto de países europeos.
–En Asturias preocupa que aún no se haya concretado el plan verde de Arcelor.
–Está claro que el alza de los precios de la energía afecta especialmente a las industrias electro y gas intensivas. Por eso, desde el primer momento hemos adoptado medidas muy potentes para apoyarles, esta misma semana con la inclusión de las empresas de cogeneración en el mecanismo ibérico del tope al gas. Pero lo que está claro es que a medio plazo debemos apoyar la descarbonización, la transición ecológica de esta industria tan importante en Asturias. El Gobierno de España está comprometido para apoyar a todas las empresas afectadas y a aquellas que tienen una mayor capacidad de creación de empleo y de tracción sobre toda la economía.
En Duro, tendrá que producirse un acuerdo en la mesa de diálogo que luego analizará la SEPI
–¿Cómo van las negociaciones con Bruselas?
–Estamos viendo con la Comisión Europea hasta dónde podemos llegar con esas ayudas, que han de servir para que la industria no solo se quede en nuestro país, sino que cree más empleo en el futuro y aproveche todas las posibilidades de la nueva economía verde y digital.
–La siderurgia europea sufre por las importaciones de países que no cumplen con las exigencias ambientales. Asturias reclama ya ese ajuste en frontera.
–Desde luego, en el Gobierno de España lo tenemos claro: es urgente establecer un mecanismo de ajuste en frontera. Hemos apoyado todas las iniciativas de la Comisión Europea y espero que tengamos pronto un marco que permita favorecer la competitividad de la industria europea.
–Echando la vista atrás, ¿debimos habernos tomado sin tanta prisa el cierre de térmicas?
–Al contrario. La guerra de Putin y su chantaje deben hacernos acelerar el proceso de transición ecológica para que no dependamos de estos países, que son los que suministran gas o petróleo. Debemos tener una mayor independencia estratégica y eso pasa por las renovables, por la eficiencia energética y por luchar eficazmente contra el cambio climático, importante para nosotros y las generaciones futuras. Lo que siento es que hayamos perdido casi una década con los gobiernos del PP que no ayudaron a la industria para este cambio urgente.
–Entonces, ¿Asturias debe confiar pese a la incertidumbre?
–Lo que está claro, y los empresarios lo saben, es que desde el Gobierno de España estamos comprometidos con esta tierra, con su tejido productivo, con las grandes empresas que han sido tan importantes para la prosperidad de Asturias y también con las pequeñas y los autónomos. Tenemos que confiar más en nosotros mismos.
Se ha revelado el modelo fiscal del PP: bajar impuestos a los ricos y recortar servicios públicos
–¿La financiación aportada por la SEPI a Duro Felguera no tenía condiciones de mantenimiento del empleo?
–La financiación otorgada contempla una serie de condiciones en relación con el cumplimiento del plan de viabilidad de la compañía. En todo caso, tendrá que producirse un acuerdo en la mesa de diálogo que después será analizado por SEPI.
–¿Cumple Asturias en la gestión de los fondos europeos?
–El gobierno del Principado de Asturias ha recibido hasta la fecha más de 435 millones de euros para ámbitos como la educación, FP, la vivienda social y la rehabilitación de edificios y barrios. De los programas del Estado, destaca el Kit Digital que está siendo un gran éxito. Casi el 70% de las empresas asturianas de entre 10 y 49 empleados han solicitado las ayudas de la primera convocatoria para digitalizar y la segunda convocatoria para pymes de entre 3 y 9 empleados avanza en la misma línea. Las inversiones del Plan de Recuperación van a buen ritmo en Asturias.
–¿Y España?
–Hemos transferido ya cerca de 18.400 millones de euros a las comunidades autónomas, que juegan ahora un papel protagonista en el despliegue de las inversiones. En cuanto a la ejecución directa del Estado, ya hay convocatorias lanzadas por más de 11.000 millones de euros repartidos en más de 53.600 proyectos, de los cuales 42.000 corresponden a empresas, 5.800 a entidades locales y más de 2.800 desarrollados por universidades y centros tecnológicos.
–Y todo ese impacto inversor, ¿llega a pymes y autónomos?
–Las pymes y los autónomos tienen un papel protagonista y se están viendo directamente beneficiadas de buena parte de las inversiones y las reformas desplegadas. No obstante, en mis reuniones con empresas y agentes sociales nos hemos emplazado a hacer un trabajo técnico para identificar y eliminar posibles cuellos de botella que puedan estar ralentizando las inversiones tanto al nivel del Estado como autonómico o local.
–¿Tiene la sensación que los fondos europeos de recuperación, que debían ser un instrumento para impulsar la economía tras el Covid, acabarán siendo un bálsamo para atenuar los efectos de la actual crisis?
–El Plan de Recuperación es fundamental para lograr la modernización y transformación de la economía española. Ya está teniendo un impacto importante. Gracias a las inversiones y reformas del Plan, junto a la mejora de las expectativas, podremos incrementar el nivel de PIB 2,6 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031.
–El PERTE del coche eléctrico, no ha tenido la respuesta esperada. ¿Habrá cambios?
–Esperamos resolver en las próximas semanas la primera convocatoria de ayudas del PERTE y siempre estamos dispuestos a estudiar mejoras con el fin de que los recursos lleguen al mayor número de empresas y ciudadanos posible.
–La batalla política entre el PSOE y el PP está en los tributos ahora. ¿No hay que bajar impuestos?
–Lo que se ha revelado finalmente es el modelo fiscal del PP, basado en bajar los impuestos a los ricos en una carrera a la baja entre los líderes de las comunidades autónomas y recortar al mismo tiempo los servicios públicos. Es incoherente e incomprensible que en el momento actual bajen los impuestos a las rentas altas y pidan fondos al Estado y fondos europeos. Además de llevar al enfrentamiento entre las regiones de España, es una irresponsabilidad esta actitud en un momento en el que es más necesario que nunca que todos contribuyamos a apoyar al Estado.
–El Gobierno de España critica la eliminación del Impuesto de Patrimonio. ¿Subyace una cuestión ideológica? ¿No ven bien deflactar el IRPF?
–No se trata de una cuestión ideológica, sino de que es el momento de arrimar el hombro y no de quitar los impuestos a las personas que tienen las más grandes fortunas o patrimonios. No nos engañemos: algunas de las medidas que proponen, aunque afecten al IRPF, también benefician a las personas con unas rentas o patrimonios más altos. Desde el Gobierno tratamos de trabajar en medidas que beneficien claramente a clases medias y trabajadoras y que hagan que haya una contribución más importante del sector energético, los bancos y las grandes fortunas porque es el momento de que todos contribuyamos ante una situación tan delicada como la guerra a las puertas de Europa.
–¿Cuánto será la subida salarial de los funcionarios en 2023?
–El Ministerio de Hacienda negocia para mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, que han sido ejemplares e imprescindibles durante la pandemia.
–¿Y en el Presupuesto? ¿España necesita más inversión o más gasto social?
–El Gobierno, con la ministra de Hacienda liderando las negociaciones, trabaja con nuestros socios y el resto de grupos parlamentarios para presentar unos Presupuestos que permitan seguir impulsando las inversiones y la justicia social. Son fundamentales para hacer frente al impacto de la guerra y reforzar los servicios públicos y el Estado de bienestar.
