Asturias es la cuarta comunidad autónoma de España con mayor carga impositiva. O, dicho de otra forma, es la cuarta comunidad con menor competitividad fiscal. Solo la superan Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón. Así lo afirma el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2022 (ICAF), elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, y que analiza los principales cambios tributarios realizados a nivel regional.
En pleno debate por las posiciones que varios gobiernos autonómicos de diferente signo político están tomando respecto a la política fiscal, el estudio advierte de que, en los últimos cinco años, "las demás comunidades autónomas han empleado reformas fiscales, mejorando su posición competitiva, mientras que Asturias se ha quedado estancada o ha empeorado su posición". De este modo, el Principado ha bajado tres posiciones en el ICAF desde 2017, cuando ocupó el decimotercer escalón (el estudio fija una clasificación de 19 puestos, al desgranar las tres haciendas forales del País Vasco). En esta última edición, Asturias cae hasta el puesto decimosexto.
Los autores del informe hacen varias recomendaciones al Gobierno asturiano. Respecto al IRPF, instan a reducir en 2,5 puntos los tipos en todos los tramos, con un tipo máximo del 23% (actualmente está en el 25,5%), de modo que se alcance un tipo máximo del 47,5%, sumando los tramos estatal y autonómico. Asimismo, invitan a deflactar automáticamente el IRPF con la inflación todos los años.
Sucesiones y Donaciones
El ICAF también propone "reformar drásticamente" el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, "ya que los asturianos son, con diferencia, los que más pagan por este tributo". Según los autores del estudio, el Ejecutivo regional "necesita aplicar a los grupos I (descendientes y adoptados menores de 21 años) y II (descendientes y adoptados mayores de 21 años, cónyuges, ascendientes y adoptantes) un mínimo exento de un millón de euros, eliminar los coeficientes multiplicadores en función del grado de parentesco y patrimonio preexistente, y a los grupos III (hermanos, tíos y sobrinos) y IV (primos y otros grados más distantes de parentesco) aplicar las mismas bonificaciones y reducciones que las aplicadas actualmente a los grupos I y II". Además, la Hacienda asturiana "necesita reducir el tipo máximo del 36,5% al 34%".
En relación con el polémico Impuesto de Patrimonio, el informe invita a "derogarlo o bonificarlo al 100%". Y, de no ser posible, recomienda "aumentar el mínimo exento a un millón de euros y aplicar un tipo impositivo máximo del 2,5%", es decir, medio punto inferior que el actual. El estudio subraya que este impuesto "está en vías de extinción en todo el mundo", citando los casos de Italia, Austria, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Finlandia, Suecia y Francia, donde ha sido derogado para las personas físicas a lo largo de los últimos treinta años.
Al analizar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, cuyo tipo general en Asturias es del 1,20%, el estudio aboga por "establecer un tipo entre el 0,5% y el 0,75%", así como "eliminar los tramos en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y establecer un tipo único del 7%" (ahora oscila entre el 8% y el 10%).
Por último, el ICAF defiende "reducir de seis a tres" los impuestos autonómicos propios. Los seis tributos vigentes son: sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas, sobre el bingo, sobre las afecciones ambientales del uso del agua, sobre grandes establecimientos comerciales, sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
