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El programa para abatir lobos en Asturias llega a los tribunales y piden su suspensión

Ascel alega que el Principado contraviene con sus cupos de muertes la protección de la especie, que solo contempla capturarlos como excepción

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) ha formulado en los juzgados recurso contra el programa anual de actuaciones de control del lobo propuesto para 2022-2023 por el Principado. Y lo hace apoyándose en la protección con la que ha blindado a la especie el Gobierno central, al incluir a todas las poblaciones del cánido en España en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Los conservacionistas lo tienen claro: la resolución asturiana para seguir matando ejemplares controladamente contraviene frontalmente la orden ministerial de protección a la especie toda vez que sigue apostando –como hacía antes– por establecer cupos de "extracción" de ejemplares. El recurso, además, no solo pretende anular el programa de control para el 2022-2023, sino que también reclama la suspensión cautelar e inmediata de su aplicación mientras la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) resuelve su recurso.

Para entender la cuestión hay que tener claros los diferentes frentes. Por un lado, el Ministerio para la Transición Ecológica publica en septiembre de 2021 la orden por la que incluye todas las poblaciones del lobo en el Lespre, siguiendo, según aducen, una directiva europea. Este movimiento obliga al Principado a paralizar sus planes de control del lobo, que venían estableciendo un cupo máximo de muertes controladas de ejemplares por zonas en función de sus cálculos de población y daños a las explotaciones ganaderas. Así ocurre con el programa para el 2020-2021. Pero el Gobierno regional no está dispuesto a renunciar al control de la población de lobo ante las numerosas protestas en las zonas rurales con presencia de poblaciones, donde la especie causa estragos en explotaciones ganaderas.

Tras un primer momento de alineación total con las otras comunidades del Noroeste que sufren un problema similar en zonas ganaderas (Galicia, Castilla y León y Cantabria), en el que formaron frente común contra la orden ministerial de protección de la especie, el Principado asume más tarde la estrategia nacional con la condición de buscar encaje en la misma a sus planes de control de la especie. En ese contexto llega la resolución del programa 2022-2023, agregando para el mismo una negociación con el ministerio aireada por Principado y Estado para encontrar el mecanismo por el que se siga permitiendo abatir ejemplares de forma controlada en la región.

Y en este punto llega el recurso de Ascel, presentado el pasado 21 de octubre y en el que critica que el objeto de la resolución del Principado es "establecer un cupo genérico de muertes de lobo (extracciones y actuaciones) en el Principado de Asturias", lo que, a los ojos de los conservacionistas, "vulnera el régimen de excepciones" establecido por la orden ministerial de protección al cánido salvaje, toda vez que la misma solo contempla la captura de ejemplares como excepción. "O hay excepciones, entendiéndose por exceptuar ‘excluir a alguien o algo de la generalidad de lo que se trata o de la regla común’, o hay cupos, entendiéndose por tales ‘parte, porcentaje en general’, pero ambas cosas a la vez son imposibles", sostiene el recurso de Ascel.

Asimismo, la asociación ahonda en que la orden ministerial "establece una serie de condicionantes para que se puedan autorizar capturas excepcionales de ejemplares de lobos". El primero exige que "no exista otra solución satisfactoria una vez se hayan tomado medidas preventivas o de protección al ganado" y, según Ascel, el programa asturiano de cupos de lobos solo hace "manifestaciones genéricas que nada dicen sobre las medidas de protección que se pueden haber tomado por las explotaciones ganaderas".

Otro requisito de la orden ministerial se refiere a que haya "perjuicios importantes en las explotaciones afectadas", pero, de nuevo según Ascel, la resolución asturiana "habla de manera genérica de daños y explotaciones, pero no detalla qué explotaciones han sufrido ataques importantes o constantes (...) y tampoco se indica si quiera si tales perjuicios han sido cubiertos por las ayudas pecuniarias que las administraciones tienen la obligación de otorgar por ataques de esta especie".

Asimismo, la orden habla como condicionante para autorizar una extracción excepcional de ejemplares que "se justifique con el mejor conocimiento disponible que la medida no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie". Y Ascel, por su parte, recuerda que "la evaluación del estado de conservación del lobo ha resultado ‘Desfavorable-Inadecuada’ en todas las biorregiones con lobos de España", incluida la atlántica, donde se engloba a Asturias.

La entidad conservacionista interesa asimismo que cautelarmente se suspenda el programa de control del lobo en Asturias pues, si se ejecuta y se abaten ejemplares, constituiría un "daño irreparable" en caso de que su recurso prosperase.

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