Dos asturianos, a la cabeza de la carta que exige neutralidad política en la Universidad

Dos de los once promotores de una carta a favor de blindar la neutralidad política de los claustros, que ya ha sido firmada por más de un millar de profesores universitarios de toda España, son asturianos. Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Autónoma de Barcelona, y María Isabel Fernández Alonso, profesora titular de Comunicación de la misma institución académica, forman parte del grupo que ha impulsado un escrito en contra de la incorporación en el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de una enmienda de ERC y EH Bildu que autoriza a los claustros a "analizar y debatir temáticas de especial trascendencia".

Los académicos críticos con esta incorporación en la norma creen que el Gobierno abre la puerta a que se produzcan más pronunciamientos políticos como los ocurridos con la sentencia del "procés". "Quienes iniciamos la carta formamos parte de la plataforma Universitarios por la Convivencia, que surgió hace cuatro años a raíz de los pronunciamientos independentistas que se hicieron en algunas universidades catalanas. Aquello nos pareció tremendo, porque se habían apoderado del pensamiento de todos y, además, en un tema muy controvertido", cuenta la coañesa María Isabel Fernández. Tiempo después, los jueces les dieron la razón, al considerar que aquellas declaraciones de carácter partidista sobre las condenas del "procés" vulneraban los derechos de libertad ideológica y de expresión. Ahora esos profesores se han encontrado con una nueva amenaza en la LOSU, que está pendiente de tramitarse en el Senado tras ser aprobada por el Congreso.

40 firmas de Asturias

El motivo de la polémica es una enmienda que añade una nueva función a los claustros: la de debatir sobre temáticas de singular importancia. De ahí la carta que recorre las aulas españolas exigiendo la retirada del artículo en la ley y la incorporación de una referencia "clara" a la neutralidad ideológica. El escrito ya ha sido firmado por más de 1.200 docentes, 40 de ellos de la Universidad de Oviedo. La denuncia ha tenido tanto eco que ha llevado incluso al presidente castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, a pronunciarse. A su juicio, la ley "se sale por completo del marco constitucional". "Esto es grave. Esto solo se hace para defender lo que pasó en algunos rectorados y claustros en Cataluña, y eso no lo puede amparar una ley", protestó.

Ante la oleada de críticas, el ministro de Universidades, Joan Subirats, puntualizó ayer que lo que en realidad la enmienda recoge es que "los claustros puedan analizar y debatir, que no posicionarse –enfatizó–, sobre los temas que consideren pertinentes". A estas palabras responde la asturiana María Isabel Fernández: "Si no son posicionamientos, ¿qué sentido tiene que en una asamblea nos pongamos a hablar de cualquier tema que no afecte a la universidad?". En la carta, los profesores recuerdan, además, que en el Congreso la diputada Marta Rosique, del Grupo Parlamentario Republicano, señaló que la motivación del artículo era evitar sentencias como las de Cataluña en contra de los pronunciamientos universitarios.

Por otro lado, el Grupo 9 de Universidades, del que forma parte Oviedo, ve "descafeinado" el proyecto de la LOSU porque, mientras prevé medidas que incrementarán "la necesidad presupuestaria" de las instituciones académicas, no se recoge "un compromiso claro" de aumentar la financiación. Esa financiación, defendió el presidente del grupo y rector de Cantabria, Ángel Pazos, debe estar "blindada" por ley.

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