¿Se toma en serio Asturias el Reto Demográfico? Ya van tres legislaturas sin aprobar una ley fundamental

"Una ley no es la panacea para solucionar la pérdida de población en Asturias, pero su retraso es un síntoma de que no se trata de una prioridad política". La reflexión del geógrafo y exrector de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Puyol, se produce justo cuando la Junta General del Principado acaba de definir un calendario donde no aparece la ley de Reto Demográfico. Pese a ser un debate recurrente en la agenda parlamentaria, Asturias cumplirá su tercera legislatura sin una normativa específica con la que dar respuesta a uno de sus principales problemas, si no el mayor: la sangría de población que camina, inexorable, a bajar del millón de habitantes.

Aprobar una ley en Asturias resulta más fácil que culminar un proyecto de infraestructuras porque no supone, en primera instancia, coste económico, pero la consecución de la ley regional de Reto Demográfico lleva ritmos más propios de la construcción de un tramo de autovía o ferroviario. El Principado fue el primer Gobierno regional en reivindicar que se tuviera en cuenta el coste de su pirámide de población en el reparto de la financiación autonómica, pero no ha puesto el mismo empeño pionero en la construcción de un marco legislativo de Reto Demográfico, ya existente en Galicia y Castilla-La Mancha desde 2021.

Ovidio Zapico, coordinador de IU y diputado, lamenta la oportunidad perdida. "Esta legislatura tenía que haber sido la de la ley demográfica. Hubo dos fallos: el Comisionado necesitaba otro enfoque, más político y ejecutivo y se perdió el tiempo con la comisión de estudio; se debió avanzar en el proyecto de ley", sostiene Zapico. Precisamente uno de los lemas de su partido para la próxima campaña será "Por un millón de razones", en alusión al simbólico listón de habitantes. Asturias no tendrá su propia ley en el mejor de los casos, hasta 2024. "Y no será por falta de diagnósticos, grupos de estudio y trabajo, planes y comisiones", subraya Zapico.

Corría 2008 cuando el Gobierno de Vicente Álvarez Areces reclamaba en el nuevo modelo de financiación más dinero para atender los elevados costes de un envejecimiento al alza en Asturias. Solo un año antes, José Luis Rodríguez Zapatero había impulsado las primeras ayudas por nacimiento.

La demografía entró en campaña electoral en Asturias en 2011 con Foro, que apostó por un cheque bebé de dos mil euros, que no llegaría a fraguar. Como el plan especial del Suroccidente, primer intento de respuesta del Gobierno de Javier Fernández al acusado declive demográfico y de actividad de esa zona, en 2015. Dos años después se aprobó el plan demográfico regional que, sobre el papel, movilizaría 2.275 millones hasta 2027. Otro intento que se quedó por el camino con el final de la anterior legislatura, en la que se alcanzaron alianzas con Galicia y Castilla y León, influyentes para que el Gobierno central asumiese el Reto Demográfico como cuestión de Estado.

En este mandato, Adrián Barbón creó la figura del Comisionado del Reto Demográfico, ya existente en el Gobierno central, y apostó por la comisión en la Junta, que llegó a un dictamen en verano de 2022, casi a la vez que se ponía en marcha el trabajo para la ley que no dará tiempo a aprobar antes del 28M. También aplicó alguna medida parcial, en forma de ayudas. "El papel lo aguanta todo, pero un marco legal sobre la demografía requiere consenso político y un programa económico que lo respalde con acciones", aconseja Rafael Puyol de cara a la futura ley.

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