La huelga de letrados de Justicia entra en su tercera semana

La huelga general indefinida de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) entra hoy en su tercera semana, con el foco puesto en una negociación con el Ministerio de Justicia que aún no tiene una fecha definida. De momento, el parón, con seguimientos superiores al sesenta por ciento en Asturias, ha provocado más de 1.500 suspensiones en los juzgados de la región, no solo de juicios sino también de actuaciones procesales de distinta naturaleza en las que debe estar presente o dar fe esta cuerpo funcionarial. Por ejemplo, el juzgado de Laviana se vio obligado a suspender un lanzamiento de inmueble el pasado viernes.

El Ministerio de Justicia parece haber optado por una estrategia de desgaste, a la vista de que todavía no ha mantenido ningún contacto con el comité de huelga. De hecho, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez comentó el pasado viernes que hasta la reunión con la secretaría de Gobierno, prevista para este miércoles, no tiene intención de fijar encuentro alguno con la mesa de huelga que podría tener lugar, según dijo, "en las próximas semanas". Rodríguez volvió a insistir en que se trata de una "huelga política; hablan de reivindicaciones de 2009 y qué casualidad que la huelga sea en este año", en referencia a la celebración de elecciones en mayo. El secretario de Estado afirmó que las once reivindicaciones exigidas en abril por los letrados de Justicia, "solo se dejó de cumplir una, la cláusula de enganche, que es cobrar lo mismo que cobran jueces y fiscales y ellos no son ni jueces, ni fiscales".

El colectivo, pese a que una huelga prolongada repercute en la cuantía de las nóminas, "se mantiene con la moral alta", según sus representantes en Asturias. Aunque el Gobierno autonómico no se ha pronunciado sobre esta movilización, el diputado Pablo Álvarez-Pire ha registrado varias preguntas e iniciativas en la Junta General para interesarse por el impacto del conflicto en el funcionamiento de la Administración de Justicia en Asturias y pedir una valoración a la consejera Rita Camblor.