Entrevista | Juan Cofiño Vicepresidente del Principado

"El pequeño empresario asturiano ya no tendrá que peregrinar por las ventanillas"

"Vamos a escuchar al País Vasco, nos interesa conectarnos con la Cornisa, pero el Corredor Atlántico es la prioridad absoluta y no vamos a distraernos"

Juan Cofiño, ante la sede de LA NUEVA ESPAÑA en Oviedo. | |  IRMA COLLÍN

Juan Cofiño, ante la sede de LA NUEVA ESPAÑA en Oviedo. | | IRMA COLLÍN / V. Montes,

Vicente Montes

Vicente Montes

Juan Cofiño (65 años) es el Vicepresidente del Principado y en esta legislatura ha representado el rostro más operativo del Ejecutivo. Si ha habido un Vietnam, allí ha estado. Revisa la legislatura tras lograr la aprobación de dos leyes, en las que ha puesto un empeño casi personal, para lograr ese objetivo de modernizar la administración autonómica. Sobre su futuro en el Ejecutivo a partir del 28M, de gobernar el PSOE, deja los balones en el aire.

—En esta legislatura a la que apenas le quedan dos meses le ha tocado a usted estar en todos los frentes: negociaciones con funcionarios, con empresas, con el gobierno central. Ha estado detrás de todos los grandes proyectos… No sé si recuerda “Pulp Fiction”, de Tarantino. ¿Se siente el Señor Lobo del Gobierno de Barbón?

—(Ríe). No, no… Haga retrospectiva: cuando el presidente decidió nombrar un número dos y rescata la figura del vicepresidente, ya estaba pensando en una persona con visión transversal de la región y del Gobierno, más allá de que yo haya asumido competencias en materia de Medioambiente y Función Pública. He intentado hacer esa labor de actuar como enlace, como conexión entre las diferentes consejerías y he tratado de dar soporte allí donde se me demandó.

—No solo eso, también forma parte del equipo de estrategia electoral. ¿Les ocupa tiempo Diego Canga, candidato del PP?

—El PSOE piensa en su proyecto. El Presidente ha dicho desde que nos hemos ido acercando a las elecciones, que íbamos a gobernar hasta el último minuto, hasta que tome posesión quien salga elegido en las urnas. El señor Canga no es más que un adversario político. Pensamos de forma prioritaria en nuestro proyecto político, diseñando esa Asturias para los próximos diez años. Es lo que nos preocupa.

—¿Se imagina gobernando a partir de mayo con Izquierda Unida?

—Ni debo ni quiero hacer pronósticos sobre futuros gobiernos. Lo que espero es que sea socialista y monocolor. Presentaremos un proyecto atractivo, para el que hemos puesto las bases. Aspiramos a gobernar con una mayoría, sin compartir gobierno. En todo caso, los asturianos dirán.

—Usted ha representado la cara del gobierno más conectada con la clase empresarial.

—Yo no he cambiado. He militado en el PSOE y creo en la socialdemocracia que ha sacado a Europa de la posguerra. Es la que, junto a la democracia cristiana, nos ha dado el bienestar. Me siento cómodo en esos términos. Creemos en la economía de mercado, y a la empresa hay que facilitarle el desempeño para que pueda crear riqueza y luego repartirla. A eso me adscribo. Y con esa visión entré en el actual gobierno.

—En alguna ocasión dijo que había que ajustar gasto corriente para poder elevar la inversión.

—Siempre he señalado esa preocupación, pero también he dicho que debemos ser capaces de hacer ajustes sin mermar la calidad de los servicios públicos, como la sanidad o la educación. Lo que digo es que estamos obligados desde la izquierda a hacer autocrítica en la gestión, para hacerlo mejor; para que esos servicios, connaturales al PSOE, se presten en las condiciones optimas de coste, y así hacer frente a los que tienen tentaciones de privatizarlos o suprimirlos. Debemos emplearnos en esa sostenibilidad de los servicios, y para mantenerlos tenemos que ser muy eficientes y eficaces.

Los servicios públicos deben prestarse en las condiciones optimas de coste, y así hacer frente a los que tienen tentaciones de privatizarlos o suprimirlos.

—Vamos a hacer repaso de los ejes básicos que Barbón estableció en su discurso de investidura. El primero, crear empleo de calidad. Es cierto que la tasa de paro ha descendido desde 2019, pero con todo…

—El paro nos preocupa y preocupa a toda la sociedad. Es cierto, la tasa de paro ha descendido, y hemos pasado una legislatura atípica, complejísima. No hace falta que le hable de la pandemia, de la guerra de Ucrania. Aun así salimos con un balance positivo en esos términos. Pero es cierto que tenemos que insistir en políticas de creación de empleo. Precisamente las dos leyes que se han aprobado esta semana, la de Función Pública y la de Calidad Ambiental, tienen que ver con eso, con eliminar obstáculos para que el emprendimiento tenga una acogida cálida. Esa es la batalla y la vamos a intensificar.

—Segundo objetivo: el reto demográfico. Hemos bajado del millón de habitantes y la ley ya no llega esta legislatura.

—El reto demográfico ha tomado razón en la agenda política de muchos gobiernos, pero no es un hecho nuevo. El invierno demográfico, referido al hecho de que fallezcan más personas de las que nacen, ocurre en Asturias y en España desde los años 80. Es un asunto que hasta ahora ha estado en segundo plano, pero quizás en estos momentos hay más sensibilidad o la imagen de la España que se vacía ha colocado esta cuestión en el primer plano de la agenda política. El gobierno creó la figura del Comisionado y hemos implementado muchas medidas en los presupuestos para estimular la natalidad, medidas fiscales y favorecedoras de la conciliación. Creo que hemos señalizado el camino elaborando esta ley y ese era el compromiso. No creo que sea un esfuerzo baldío: si el próximo gobierno quiere, tiene el trabajo hecho. Hemos puesto este asunto en la agenda política y no va a caerse de ella. En los próximos años de lo que se hablará será de intensificar estas políticas, estimular la natalidad y actuar para paliar despoblamiento en muchas zonas. Estará siempre en los objetivos de gobiernos socialistas. Ahora bien, no son políticas que vayan a dar rendimientos a corto plazo; no se puede invertir la pirámide de población de un plumazo, es tarea de varias generaciones. Pero el éxito pasa por aplicar todas esas medidas y sostenerlas en el tiempo, intensificarlas. Es lo que han hecho otros países.

No se puede invertir la pirámide de población de un plumazo, es tarea de varias generaciones.

—Tercer objetivo: la guerra contra la burocracia. ¿Cuántas veces la han declarado? Pero parece que los primeros misiles llegan ahora, al margen de la ley de simplificación administrativa, que fue algo que realizaron casi todas las comunidades por exigencias de la pandemia. El ataque se lanza casi al tiempo que suena la campana del fin del mandato, con la aprobación esta semana de dos leyes.

—Solo ha habido una declaración. Y en esto creo que hay un malentendido. La burocracia, por sí misma, no es mala; es algo inherente a la administración. Lo que pretendemos es una batalla contra la patología de la burocracia, que es lo que nos atenaza; a nuestra administración asturiana, a la española y a la europea en Bruselas. Hemos decidido afrontar este asunto abiertamente, sabiendo que es un reto difícil, que genera conflicto. Las instituciones tienen una enorme resistencia al cambio y es incómodo romper inercias personales, de instituciones, culturales…

—¿Y cómo va la batalla?

—Hay que reformar buena parte de las leyes de las que nos dotamos en el pasado, tomando nota de los inconvenientes que han producido. Por ejemplo, la ley de medidas administrativas urgentes, la de calidad ambiental y la de empleo atacan directamente el problema. ¿Cuál es el común denominador? Hacer compatible el control de los recursos con la simplicidad en la gestión. Habrá que reformar otras cuantas leyes en la próxima legislatura; será necesario optimizar los recursos humanos y dar una batalla más invisible en los procedimientos, que estamos obligados a simplificarlos. Esta guerra contra el burocratismo, si me admite la palabra, la damos en el marco de nuestras competencias, por lo que necesitamos complicidades con Madrid y Bruselas. Por ejemplo, la ley de contratos del Estado pone el acento excesivamente en los controles y dificulta las gestiones; esa es una queja unánime. Padecemos una enfermedad que sufren todas las administraciones, en especial la de Bruselas por excelencia. El burocratismo de Bruselas, del que es buen ejemplo Diego Canga, al que antes me citaba, es quizás el mayor factor de falta de competitividad que tiene el espacio europeo. China y Estados Unidos toman decisiones, en cambio, con una gran agilidad.

El burocratismo de Bruselas, del que es buen ejemplo Diego Canga, es quizás el mayor factor de falta de competitividad que tiene el espacio europeo.

—Estas leyes, la de empleo público y la de calidad ambiental, llegan por los pelos y con bailes en los apoyos. ¿Habría deseado más premura y más unanimidad?

—Le recuerdo que remitimos las leyes al parlamento hace un año, y con esto no quiero hacer una crítica. El burocratismo también afecta a la elaboración de las leyes, que pasa por un proceso complejísimo. Es natural que en una legislatura los dos primeros años sean de gestación y las cosas fragüen al final. Creo que hemos tenido muchos apoyos. Con los sindicatos de la Función Pública hemos mantenido reuniones durante seis meses y hemos alcanzado un consenso bastante amplio. Pero una vez que la ley se remite al parlamento ya es del parlamento. Allí se han hecho modificaciones con el objetivo de mejorar las leyes, y así ha sido en algunos aspectos, pero eso ha causado algunas insatisfacciones. La potestad final sobre las leyes es del parlamento, le repito. Creo que las leyes han tenido un respaldo amplio y facilitarán mucho la labor a los gestores de los recursos de la administración.

—Con la ley de calidad ambiental ha tenido el rechazo frontal de Izquierda Unida y Podemos.

—Esa ley ha salido con una mayoría muy reforzada tras un proceso intensísimo de negociación, en el que ha habido alegaciones y reuniones a muchas bandas. Sé que es una ley que los partidos que supuestamente están a la izquierda del PSOE no han recibido con alharacas. Particularmente, de IU me ha extrañado el grado de acidez. O no la han entendido o están haciendo de esto un asunto político en el sentido peyorativo. Es una ley para los ciudadanos. En cuanto entre en vigor cualquier pequeño empresario, autónomo, quien quiera abrir una peluquería o una tienda de ropa, percibirá una respuesta inmediata de la administración sin peregrinar por las ventanillas para que su negocio tenga luz verde. Por eso lamento la reacción de algunos grupos, especialmente IU, con quien normalmente conseguimos acuerdos.

Me ha extrañado el grado de acidez de IU contra la ley de calidad ambiental; o no la han entendido o están haciendo de esto un asunto político en el sentido peyorativo.

—Le pongo algunos ejemplos: colapsa la gestión de ayudas en la consejería de Derechos Sociales, los procesos de licitación se ralentizan, hay problemas en las labores de gestión de los contratos… incluso regular el teletrabajo acabó llegando tres años después de iniciada la pandemia.

—Ha mezclado asuntos muy diversos. Tenemos un problema, lo he dicho. Y con la pandemia todo el sistema se ha sometido a estrés. Hablando de ayudas, antes de la pandemia tramitábamos entre 400 y 500 subvenciones nominativas. En la pandemia fueron 60.000. La administración no estaba diseñada para eso y por ello los procedimientos han ido lentos. Pero ese test de estrés de la pandemia no ha sido en balde; hemos obtenido enseñanzas. Y nos pusimos a ello una vez superado el covid. Puedo señalar muchos puntos negros: en los recursos humanos, nos faltan jefes de servicio en el órgano de contratación o en intervención, que son piezas clave. Y hemos reaccionado creando convocatorias del cuerpo superior por primera vez en 12 años. La ley de empleo público es básica para ordenar y hacer una administración más flexible, que pueda medir la productividad. Con todo lo que ha tenido la pandemia, hemos extraído enseñanzas muy útiles para estas reformas.

Nos faltan jefes de servicio en el órgano de contratación o en intervención, que son piezas clave

—Usted ha hablado de adelgazar la administración, pero ahora propone asumir la recogida de basura con personal de Cogersa.

—Le enmiendo la pregunta. Nunca he hablado de adelgazar la administración. La nuestra está en los ratios comunes. No es ni desmesurada ni escasa. Lo que ocurre es que no tenemos lo que necesitamos, que es que sea más flexible. En la ordenación de los recursos hay que aprovechar esta ventana de los próximos diez años, en la que se producirán muchísimas jubilaciones, para cambiar el perfil de nuestro personal. En una empresa privada eso es más fácil; en la pública es más difícil, porque el empleado público tiene un estatus que hay que respetar. Pero con esas jubilaciones aprovecharemos para reorganizar las tipologías de las plazas. Hay que tener un rumbo, pero la pandemia nos lo ha trastocado porque ha sido necesario adscribir sanitarios y enseñantes. Respecto a la recogida de la basura, mire, yo soy muy pragmático. Hay diferentes modelos para gestionar servicios públicos y todos tienen ventajas, pero hay que ver en cada momento.

—¿Y ahora toca asumir esa recogida?

—En ese servicio partimos de un contrato que entra en crisis al año de adjudicarlo porque el empresario, que venía de prestarlo durante 8 años, hizo una propuesta en la última licitación, digamos que un poco llamativa, por debajo del precio. Y casi de inmediato pidió revisarlo. Es obvio que tomó demasiado riesgo. Y nos ha planteado bien una contraprestación económica, que es inviable, bien la resolución del contrato de manera amistosa. Cogersa es un consorcio público y, al margen de mi opinión como presidente de la entidad, tengo que escuchar lo que dicen los consorciados. Mantenemos colaboración con los ayuntamientos para que el ciudadano no perciba anomalías y hemos pedido informes jurídicos para ver si es posible esa resolución y analizar las opciones: si una nueva adjudicación o o pasar a la gestión directa. Si jurídicamente se puede, yo optaría por la gestión directa. Primero, por la experiencia; el de los residuos es un servicio muy peculiar y tenemos una gran empresa pública que debe tender a la gestión integral. No parece que añada nada que tengamos una parte externalizada y otra no. El grueso del servicio está en Cogersa, con todo el tratamiento, y luego la parte más visible está parcialmente externalizada. Creo que mejoraría la situación si se asumiese la gestión de extremo a extremo. Y eso no es un argumento ideológico, sino de gestión, analizado con los técnicos.

La administración de los años 80 y 90 del pasado siglo facilitaba más las cosas, era menos intrusiva, estaba más equilibrada entre ser garantista y facilitar la gestión.

—Usted fue consejero en los años 90 y Vicepresidente ahora. ¿Ve muchas diferencias respecto a la administración de entonces?

—Y por el medio pasé 20 años en el sector privado. Hay contrastes, en algunos casos abruptos. La administración regional de los años 80 y 90 del pasado siglo era mucho más reducida. La de ahora impresiona por las competencias asumidas, como educación o sanidad. No se parecen ni en el tamaño ni en los problemas. En todo caso, entonces la regulación era garantista, obviamente, para garantizar el buen destino del dinero sin que haya desviaciones. Pero la administración de aquellos años facilitaba más las cosas, era menos intrusiva, estaba más equilibrada entre ser garantista y facilitar la gestión. Estoy seguro de que los episodios de corrupción en el conjunto del país han replegado ese equilibrio. La administración ha basculado hacia ese exceso evitable de burocratismo.

—Vamos, que era más fácil hacer política.

—Era mucho más sencillo convertirla en gestión. Y también observo con inquietud que las nuevas generaciones de gente formada mira menos a la administración pública como opción laboral. 

—Vaya, rompe el mito de que todos queremos ser funcionarios.

—Eso se decía, pero tengo la sensación, con datos, de que ya no es tanto así. Y no creo que sea bueno, porque se produce una descapitalización de conocimiento de la administración. Tenemos que traer a los mejores y chicos y chicas que están formándose no nos tienen como objetivo. De hecho, hemos convenido con el Rector que en este año y el próximo iremos por los últimos cursos de ciertas facultades a presentarnos.

—Ha habido en esta legislatura proyectos empresariales clave.

—Perdóneme porque esto puede parecer autobombo, pero este gobierno, objetivamente, entró con una situación en la que hubo una implosión de todo. Hemos sido capaces, de verdad, de atacar los problemas inminentes, como la pandemia, y hacerlos compatibles con la gestión ordinaria. Y en el ámbito de la industria vemos que da frutos. Ni yo ni el consejero de Industria abandonamos ese frente y así podemos presumir de tener una tasa de empleo industrial del 21%. Las cosas no suceden porque sí. Esos éxitos en la siderurgia, el hidrógeno, Duro Felguera, el puerto de Gijón o en nuevas inversiones son consecuencia de meses y años de trabajo. Tendremos más éxito, sin género de dudas. Le pongo como ejemplo Duro Felguera: cuando llegamos al gobierno estaba, en fin, en una situación extrema. Intervinimos con dinero público, nos metimos en la gestión y se han ido cumpliendo los hitos. Ahora está en pleno proceso de ampliación de capital con una gran empresa que permite a Duro Felguera encarar el futuro.

Amazon no es un problema, sino un éxito, sin género de dudas. Aun sin abrir, su sola presencia ya ha dinamizado el entorno.

—¿Por qué no será operativa este año la planta logística de Amazon en Siero? ¿Algún problema?

—Amazon no es un problema, sino un éxito, sin género de dudas. Como con toda gran multinacional, hemos negociado con sigilo, como debe hacerse, y la inversión se ha hecho pública cuando se ha podido. Aun sin abrir, su sola presencia ya ha dinamizado el entorno: pregunte al alcalde de Siero o a los empresarios de la zona. Pero Amazon no hace anuncios públicos. Hablamos continuamente con la empresa, que no ha sido ajena a lo que ha ocurrido en el mundo, y su planificación se ha alterado por todo lo sucedido. ¿Quiere eso decir que no va a activarse? Al contrario; se implementará en distintas fases y creará entre 1.000 y 2.000 empleos.

—Ya, pero ¿cuándo será eso?

—Lo decidirá la empresa. Hay un comité experto con capacidad decisoria en la planificación radicado en Seattle, que evalúa la situación cada tres meses. Y será el que tome las decisiones. En España hay dos centros pendientes de esa decisión: Extremadura y Asturias. Están ya en el mapa, será cuestión de tiempo.

—¿Prevé novedades pronto en cuanto a inversiones relacionadas con el coche eléctrico?

—Asturias nunca tuvo mucha vinculación con esa cadena de producción, salvo algunas empresas de piezas específicas. Es una de las apuestas de futuro, junto con el hidrógeno. Estamos viendo todas las oportunidades y estamos trabajando con todas las iniciativas que visualizamos en el mundo. Es una revolución y está en nuestra visual.

El coche eléctrico es una de las apuestas de futuro, junto con el hidrógeno. Estamos viendo todas las oportunidades y estamos trabajando con todas las iniciativas que visualizamos en el mundo.

—Pero ya sabemos que hay un proyecto negociándose, con una empresa de origen chino…

—Uno tiene que estar en unas cuantas apuestas, y estamos en bastantes más de las que contamos. Y no lo hacemos por ocultación, sino porque son negociaciones frágiles y delicadas. Esto vale para cualquier iniciativa empresarial. En ese mundo, siempre empiezas por un contrato de confidencialidad. Es algo sensible y a veces tenemos esa pulsión de la inmediatez. En esto se requieren complicidades, sosiego, confidencialidad… hasta cierto momento…

—¿Y hay muchos contratos de confidencialidad firmados?

—Unos cuantos, yo al menos. Fui director jurídico de algunas compañías y lo primero que te pide el departamento comercial cuando se negocia algo es un contrato de confidencialidad. Y esa se levanta cuando la operación está cerrada.

—Se lo preguntaré de otra manera. ¿Prevé que pronto se levante alguno de esos contratos de confidencialidad?

—Se ve según progresa la negociación. A veces tienen fecha límite y se renuevan. No puedo decirle más.

—¿El retraso de la apertura de la Variante de Pajares fue un jarro de agua fría?

—Sí y no. Lo importante de la Variante es que entre en servicio cuanto antes. ¿Que hubiéramos preferido, electoralmente, que coincidiese con mayo? Para qué negarlo. Pero no podemos forzar pruebas de seguridad que son claves por un prurito político-electoral. Sí hubo fallo de comunicación, quizás, seguro, pero también nos consta que las pruebas avanzan a un ritmo elevado. En abril, en poco tiempo, se nos precisará la fecha de apertura, así que tenemos la tranquilidad de esa fecha está próxima. Por eso, en vez de verse como un problema, debe reconfortarnos. Nos subiremos en el AVE con plena seguridad. ¿Que nos hubiese gustado antes? Sin duda. ¿Que será en torno al verano? Pues ya está. La noticia es que después de tantos años esa enorme obra encara el final.

Asturias ya ha apostado ferroviariamente con la salida por la Variante al Corredor Atlántico, en el que tenemos puestas todas las energías. Es la prioridad absoluta y no nos vamos a distraernos.

—¿Qué hacer cuando el País Vasco entra en la ecuación planteando una alianza de comunidades cantábricas?

—Primero, escuchar. A eso hemos ido, a escuchar sus razones. Y las han explicado: con Francia hay dificultades de conexión en materia ferroviaria y energética, y a todo el norte de España nos interesa tener esa comunicación fluida, que nos conecta con Europa. El Lehendakari plantea montar una gran alianza y eso nos beneficia y ahí vamos a estar. Pero fuera de esa reflexión general, Asturias ya ha apostado ferroviariamente con la salida por la Variante al Corredor Atlántico, en el que tenemos puestas todas las energías. Es la prioridad absoluta y no nos vamos a distraernos. Si además se plantea alguna otra mejora, ahí estaremos.

—¿Este nuevo eje puede amenazar los planes para El Musel?

—La apuesta del eje del Corredor Atlántico está para que el puerto de Gijón tenga todas las posibilidades. Es el mejor de toda la fachada norte y vamos a intentar por todos los medios unirlo a la Zalia. La apuesta del Principado es el Corredor Atlántico, con la Variante y el puerto de Gijón. 

—Termina la legislatura, ¿qué le queda pendiente?

—En política siempre hay cosas por hacer. Me hubiese gustado haber avanzado más en la reforma de la administración, pero la pandemia nos paralizó un poco. Hay muchas leyes por revisar: urbanismo, patrimonio cultural… Me hubiese gustado haber recorrido más camino. He trabajado también con el consejero de Industria en muchos proyectos, y aunque muchos han salido, me hubiera gustado más éxito. Pero cuando visualicemos esta legislatura con el tiempo, veremos que el saldo es positivo.

Me hubiese gustado haber avanzado más en la reforma de la administración, pero la pandemia nos paralizó un poco.

—Como en los yogures… ¿cómo va su fecha de caducidad?

—No le entiendo.

—En su día dijo que su paso por la política tenía una fecha de caducidad. ¿Cómo va eso?

—Todos la tenemos. Yo estoy cómodo en política aunque es una actividad excesivamente estresante. No tengo más horizonte que el 28 de mayo. Será el Presidente el que planifique el futuro y él hablará. Yo no debo ir más allá. Estoy en una lista electoral y ese es mi compromiso. Ahí me quedo. El Presidente deberá decidir.

—El Presidente tendrá la palabra, pero imagino que usted tendrá la suya…

—Lo primero, escuchar al Presidente y ver qué mimbres quiere urdir.

—Muchos le ven indispensable…

—No hay nadie indispensable, y en política menos aún. He aportado lo que he podido. Me he entregado y ahí me quedo. 

—Insisto. Usted tendrá preferencias…

—Mi contrato está a punto de vencer. Las renovaciones requieren acuerdo de las partes. La más importante es la del Presidente, ahí me quedo.

—Ya lo veo.

Suscríbete para seguir leyendo