La pandemia del covid puso al descubierto la pared con la que encontraba el Principado si quería mover personal de un servicio a otro en caso de necesidad. Esta situación llevó al Gobierno regional a poner en marcha una reforma en la gestión de su empleo público, una de las cuatro patas en la cruzada contra la burocracia junto a la ley de calidad ambiental, también aprobada la pasada semana, y la de medidas administrativas urgentes, que abrió brecha a finales de 2021. Queda pendiente la reforma de la ley del Sector Público, todavía en un estadio muy preliminar, pero el apoyo de Ciudadanos e IU el pasado miércoles permitirá al Gobierno de Adrián Barbón arrancar una nueva ordenación de sus recursos humanos de naturaleza administrativa, unos 8.000 empleados, ya que las plantillas sanitaria y docente quedan fuera de esta ley.
La nueva norma, que entrará en vigor presumiblemente a finales del próximo abril, un mes de después de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) allanará la movilidad de la plantilla administrativa. La nueva norma no puede ir más allá de la legislación estatal, que determina el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), pero regula por primera vez en el ámbito autonómico la posibilidad de la "movilidad forzosa por razones del servicio o funcionales a su personal funcionario de carrera a unidades distintas a las de su destino, respetando sus retribuciones y condiciones esenciales de trabajo".
La nueva norma autonómica recoge que si ese traslado conlleva cambio del concejo de residencia, el empleado público tendrá derecho a indemnización, aunque abre la puerta a dar prioridad a la voluntariedad en dichos traslados. Además, si la cobertura de un puesto quedase desierta y no hubiera voluntarios, el Principado podrá recurrir a la movilidad forzosa durante un plazo máximo de un año.
Una de las novedades de esta ley regional que más controversia generó, sobre todo durante la negociación con los sindicatos, fue la del nuevo complemento de productividad. Inicialmente, el vicepresidente Juan Cofiño apuntó la conveniencia de un estímulo a la productividad en puestos de gestión singularizables y evaluables. Los sindicatos trataron de ampliar el universo de beneficiarios a toda la plantilla. La redacción final fija límites al "café para todos" que el Gobierno pretendía evitar con la introducción de este nuevo plus de productividad. De entrada el pago de este plus no tendrá un carácter general sino que estará ligado "a la consecución de objetivos vinculados a la Administración pública" y en cada presupuesto autonómico, cada año, el Gobierno deberá determinar la cuantía global del dinero destinado a atender ese complemento. Es decir, en este año ya no se podrá abonar.
Además, cada consejero determinará las cuantías parciales reservadas para es plus salarial en cada ámbito orgánico, previa motivación sujeta a criterios objetivos y publicada en el portal de Transparencia del Principado. La nueva ley de empleo público da una vuelta de tuerca a más cuestiones ya recogidas en la normativa vigente como son la evaluación del desempeño y las faltas disciplinarias que afinan las medidas coercitivas en caso de que el empleado público no rinda y establece, por ejemplo, la realización de cursos. También mantiene la remoción del puesto, un extremo que recoge el proyecto de ley estatal, aprobada recientemente.
