El paso del tiempo no perdona y magistrados asturianos de gran peso en la sociedad asturiana colgarán la toga este año y el que viene al llegarles la edad de jubilación. Uno de los primeros en marcharse será el juez decano de Gijón, Luis Roda García (Mieres, 1951), quien se jubila en junio de este año tras casi 44 años impartiendo justicia. En el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), se jubilarán el año que viene tres pesos pesados de la judicatura asturiana: José Ignacio Pérez Villamil (nacido en Luarca en enero de 1952) e Ignacio Vidau Argüelles (Oviedo, septiembre de 1952), ambos adscritos a la sala de lo civil y penal, así como Jesús María Martín Morillo (nacido en marzo de 1952), presidente de la sala de Social. También el titular del Juzgado de lo penal número 1 de Langreo, Mariano Hebrero Méndez, se jubilará el año que viene.
Estas jubilaciones solo son una avanzada de la salida masiva de magistrados que se avecina. En el próximo decenio, se jubilarán un total de 41 al llegar a los 72 años, a los que hay que sumar las jubilaciones anticipadas, que se moverán presumiblemente entre veinte y treinta en el mismo periodo.
Es previsible por tanto la salida de unos sesenta o setenta magistrados, de forma que Asturias perderá más de un tercio de sus actuales 157 jueces, lo que amenaza con colapsar aún más la Justicia. Todo ello en un contexto de creciente necesidad de crear nuevos juzgados ante el incremento imparable de la litigiosidad.
Estas jubilaciones se notarán especialmente en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), la Audiencia Provincial y los Juzgados de lo penal, que es donde están los magistrados de más edad. Los más jóvenes se sitúan por los general en los juzgados de primera instancia e instrucción.
Asturias perderá entre 60 y 70 jueces en un decenio, lo que amenaza con colapsar aún más la Justicia
Es la tónica general que se vivirá en todo el país, según asegura el magistrado Sergio Oliva, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que elaboró en 2021 un estudio que pone los pelos de punta sobre el problema que se avecina. Y es que, hasta el año 2031, se jubilarán, de manera forzosa, un total de 1.243 jueces y magistrados, el 22,5 por ciento del total de España. En 2023, está previsto que cumplan 72 años un total de 60 magistrados, pero a lo largo del decenio esa cifra irá incrementándose sin tregua hasta llegar a los 222 jubilados que dejarán la toga en 2031.
Estas cifras, indica Oliva, no permiten sin embargo ver la totalidad del cuadro. A la cifra de jubilaciones forzosas hay que añadir la de quienes se jubilarán de forma anticipada, una cifra que no puede saberse a priori, pero que puede extrapolarse a la vista de las que se han producido en los últimos años. Esas jubilaciones se mueven en torno al 40 por ciento del total. Por tanto, Oliva sostiene que hasta el años 2031 se jubilarán un total de 1.773 magistrados, lo que supone un 32 por ciento de la carrera judicial española.
«Esta reducción de jueces, que coincide con un incremento constante de la litigiosidad, afectará al justiciable, que verá cómo se alargan los plazos para resolver los asuntos, pero me preocupa sobre todo el efecto que esto tendrá en la salud de los magistrados, que tendrán una mayor carga de trabajo», indica Sergio Oliva.
Anualmente, se crean en España unas 120 plazas de jueces. Eso quiere decir que, en un decenio, podrían crearse unas 1.200, pero mientras tanto «van a salir unos 1.700 magistrados, lo que genera un déficit de 500». Con estas cifras, añade, es imposible converger con Europa, donde hay muchos más jueces por habitante que en España.
El problema es que el asunto tiene mal arreglo. «En España, las plazas de juez están vinculadas a la creación de juzgados, de forma que es inviable incrementar los magistrados por el alto coste económico que supone poner en funcionamiento un nuevo órgano. Estábamos muy esperanzados cuando se dijo que iban a instaurarse los tribunales de instancia, porque rompían el esquema juez-juzgado, pero no se ha avanzado», indica este magistrado.
Hay otro punto que dificulta la reposición de los magistrados que se jubilan y es el alto coste de la preparación de los magistrados, cifrado en unos 70.000 euros. Además del coste económico está la inversión en tiempo. La preparación media de las oposiciones dura una media de 4,9 años. Después hay que añadir un año de estancia en la Escuela Judicial, y otro año de prácticas. Luego, esperar unos meses a que salga el destino. En total, no menos de siete años.
