Justicia adelanta la negociación ante el masivo seguimiento del paro de los funcionarios

El Ministerio de Justicia mueve ficha para tratar de minimizar el impacto de la huelga de funcionarios y decide adelantar la negociación, que arrancará mañana jueves, ante el masivo seguimiento por parte de los funcionarios, que ayer todavía fue superior al 81 por ciento de la víspera en algunos centros de trabajo y juzgados de Asturias, según los sindicatos convocantes. El paro, parcial el lunes y ayer, será hoy total para dar mayor protagonismo a la gran manifestación que tendrá lugar en el centro de Madrid y a la que asistirá una delegación de medio centenar de los 1.400 funcionarios de justicia que trabajan en Asturias.

El malestar generado por la pretensión del Ministerio de Justicia de dar prioridad a una negociación sobre el real decreto para estudiar posibles compensaciones a los funcionarios que hacen labores de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), en vez de negociar las reivindicaciones de esta huelga, se manifestó en la negativa de los sindicatos de acudir a esa convocatoria, señalada inicialmente por el Ministerio de Justicia para mañana jueves. Ante esta situación, el Ministerio anuló sobre la marcha esa convocatoria y a primera hora de la tarde de ayer trasladó al comité de huelga la propuesta de una primera reunión para este conflicto en la tarde del jueves, según confirmó a este periódico Daniel Alonso, de CC OO. Esta rectificación fue valorada por la parte sindical como un primer avance. De hecho, los letrados de la Administración de Justicia no fueron llamados a negociar hasta que llevaba cuatro semanas de huelga indefinida en un conflicto que se prolongó dos meses.

Los funcionarios de Avilés respaldaron la movilización en una asamblea

La plantilla de los juzgados de Avilés participó ayer en una asamblea donde respaldó a los sindicatos, que explicaron los motivos de una huelga con dos grandes frentes de reivindicación. Por un lado reclaman poder negociar la nueva ley de eficiencia organizativa, que el Gobierno está a punto de empezar a tramitar en las Cortes y que incluye, entre otros cambios, mayor margen para la Administración para proceder a la movilización forzosa del personal y también al cambio de funciones y labor de la plantilla. Esta modificación restringiría de manera muy notable los concursos de traslado nacionales, que son valorados muy positivamente por las plantillas ya que son de carácter voluntario y dan la iniciativa para cambiar de puesto y destino al funcionario.

Otra de las novedades que pretende el Ministerio de Justicia y que no convence a los sindicatos ni a los trabajadores es la figura del "funcionario deslocalizado" para los juzgados de paz, que obligará a rotar al trabajador por distintos pueblos. "Es un sinsentido porque actualmente funcionan bien, por el acercamiento que supone entre los vecinos y la administración de justicia, algo que se perdería con este nuevo modelo", según indicó Cristina Esteban, de CSIF.

El otro frente es el de la mejoras salariales, ya que los sindicatos aspiran a lograr subidas similares a las logradas por el cuerpo de los letrados de la Administración de Justicia. En concreto, los sindicatos exigen como punto de partida en esta negociación incrementos retributivos que oscilan entre los 350 y los 430 euros al mes, en función de las distintas categorías o desempeños. Y es que entre los 45.000 funcionarios convocados a esta huelga en todo el país hay médicos forenses, gestores, técnicos de laboratorio, personal del cuerpo de tramitación procesal y del de auxilio.

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