La UE obliga a Italia a anular un peaje prorrogado a dedo, como el del Huerna

El fin del peaje del Huerna podría estar cerca. Los precedentes así lo presagian. La presión de las autoridades comunitarias, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y varias multas, ha obligado al Gobierno italiano a anular la prórroga de la concesión de una autopista de pago adjudicada exactamente igual que hizo el Ejecutivo de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos con la asturleonesa: a dedo, violando la normativa comunitaria, que exige en estos casos una licitación pública.

La similitud entre el caso de la autopista del país transalpino y la del Huerna hace presagiar que el Gobierno de España deberá anular la prórroga que aplazó el final de la concesión a Aucalsa, previsto para el 17 de octubre de 2021, al mismo día de 2050. La diferencia es que en el caso italiano ya hubo una sentencia del TJUE, un procedimiento de infracción y varios pronunciamientos de la Unión Europea (UE) para que el gobierno de aquel país anulara la prórroga. En el caso del Huerna, la Comisión Europea (CE) examina desde hace meses una denuncia del sector crítico de Podemos que esgrime idénticos argumentos a los utilizados en el caso de la autopista italiana y de la gallega AP-9, también prorrogada a dedo.

De momento, Podemos ya ha anunciado que denunciará también el caso ante el Tribunal Supremo, tras el silencio de seis meses del Consejo de Ministros a la petición de que se revisara de oficio la prórroga del peaje. El proceso en la CE, mientras tanto, sigue su curso. La denuncia de la formación morada fue admitida a trámite en octubre de 2021. La última comunicación de Bruselas llegó hace un mes, cuando anunció que tomará una decisión "en los próximos meses". Explicaron que se hace necesaria una consideración "común o al menos coherente" del caso del Huerna con el expediente abierto a España por ampliar la concesión de la gallega Autopista del Atlántico (AP-9), dado que ambos guardan "estrecha relación".

Bruselas abrió en septiembre de 2021 un expediente de infracción a España –idéntico al abierto anteriormente a Italia– por haber prorrogado la concesión de la AP-9 sin haber convocado una licitación pública para ello. Tanto la AP-9 como la autopista del Huerna fueron prorrogadas en 2000 por el Gobierno del PP y en ninguno de los dos casos hubo licitación pública: las concesionarias siguieron siendo las mismas, Audasa y Aucalsa, respectivamente. La concesión de la AP-9 tenía que expirar el 18 de agosto de este año, pero se amplió hasta 2048. "Según el Derecho de la UE, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación", esgrimió la CE al expedientar a España tras la denuncia de un colectivo de usuarios gallegos.

En el caso de la autopista italiana, pese a los numerosos requerimientos de la CE, a las sanciones y a la sentencia del TJUE, el Gobierno de aquel país no se dio por aludido hasta que hace casi dos años Bruselas lanzó un ultimátum. La sorpresa fue que las autoridades comunitarias no solo recordaban en el texto que el contrato de la autopista italiana era ilegal, sino que incluyeron también en el mismo paquete a la concesionaria de la AP-9, Audasa. El Ejecutivo del país transalpino, entonces sí, decidió anular la ampliación de la concesión, entre otras medidas.

El siguiente paso de las CE será establecer si incorpora la ampliación de la concesión del Huerna al expediente de infracción abierto a España. Si, como todo indica, así fuera, Bruselas requerirá al Gobierno español para que anule las ampliaciones de las concesiones que contravienen las normas de contratación pública. Si el Ejecutivo no atendiera los requerimientos, la CE presentará una denuncia ante el tribunal europeo.

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