Las agresiones en las residencias públicas de mayores asturianas se multiplican por dos

Un residente del Cristo (Oviedo) atemoriza con una navaja al personal y a sus compañeros | "Arropamos a los trabajadores", dice la Consejería

El problema de las agresiones en residencias de mayores.

El problema de las agresiones en residencias de mayores.

Las red de residencias públicas asturianas sufre un problema de conflictividad. Lo proclaman los trabajadores de Establecimientos Residencias para Ancianos de Asturias (ERA) hartos de una situación que –dicen– viene de lejos y se agrava con el paso del tiempo; y lo reconoce la Administración, que asume el problema y asegura estar trabajando junto al comité de empresa y los sindicatos para poner coto a un chorreo de agresiones que los afectados –fundamentalmente trabajadoras de los geriátricos– estiman insostenible.

A lo largo de 2022, las empleadas en centros del ERA, en su mayoría mujeres, se quejaron ante sus superiores –el ERA depende de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales– de más de 100 casos de agresiones, el doble de los aproximadamente 50 del ejercicio anterior. El director general de Servicios Sociales y de Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, alega que la mayoría de ese centenar de quejas no tienen respaldo documental.

En la residencia de El Cristo, en Oviedo, residentes y trabajadores llevan tiempo teniendo que lidiar con un interno conflictivo cuyo historial de agresiones abarca desde tiempos prepandémicos hasta el pasado lunes, cuando protagonizó el último incidente. Durante la cena, apuntan usuarios presentes, el supuesto agresor asestó un puñetazo a una anciana y le retorció el brazo con violencia a una enfermera –a la que, constatan fuentes internas, no es la primera vez que ataca– que ha presentado una denuncia en el juzgado. Días después de los hechos, sigue desarrollando su vida con normalidad por El Cristo.

No se trata, ni mucho menos, del primer altercado violento que protagoniza este usuario; ni siquiera se trata tampoco de la primera denuncia de la que es objeto. Hace más de tres años, antes de la crisis del covid, arrojó contra la puerta de la biblioteca del centro a una usuaria que, al sufrir una fisura, acudió a la vía judicial. El caso sigue pendiente de resolución.

En la biblioteca, precisamente, el interno conflictivo tiene por costumbre –cuentan sus compañeros en el Cristo– increpar con gritos y amenazas a los demás usuarios. En más de una ocasión, según las fuentes consultadas, la situación ha alcanzado extremos aún más desagradables. "Un día –relata un residente– me sacó la navaja en el comedor, algo que no me ha hecho solo a mí. Nadie se atreve con él". Otra residente que prefiere mantenerse en el anonimato afirma vivir con miedo por encontrárselo en las zonas comunes del centro. "Es el amo de la residencia –destaca–. Acaba con las enfermeras, esas mujeres se merecen el cielo, le temen", concluye. Ante la pasividad por parte de la gerencia del Cristo que denuncian los afectados, éstos han emprendido una recogida de firmas encaminada a dar una salida a la situación.

Desde el sindicato CSIF, donde se tiene constancia de la situación en El Cristo, manifiestan su hartazgo ante una problemática para la que exigen soluciones inmediatas. Explican, además, que los ataques no solo se producen por parte de algunos residentes, sino que en ocasiones corren a cargo de familiares de éstos. Cuentan que en la residencia gijonesa Aurora Álvarez un familiar de un interno se presentó un día "armando escándalo" y dando golpes en el mostrador antes de, al día siguiente, volver de nuevo y agredir a una trabajadora, una situación similar a la registrada en El Nodo (Avilés), donde fue precisa la intervención policial por un altercado con otro familiar de un residente.

Costearse la defensa

Sin embargo, quienes deciden acudir por su cuenta a la vía judicial deben costearse ellos mismos el abogado. Ésta es la causa, señala el sindicato, de que la Policía y la Guardia Civil no tengan constancia de agresiones a miembros del ERA: porque las denuncias llegan a título individual.

Según el protocolo actual, cuando se produce una agresión, el afectado ha de rellenar un parte para su envío al servicio de Prevención de Riesgos Laborales, responsable de poner en marcha el mecanismo que debería derivar en la aplicación del régimen interno al agresor. No obstante, desde CSIF aseguran que este proceso muy rara vez culmina. Esta proliferación de altercados –y la "pasividad" a la hora de abordarlos– motivó el pasado 4 de abril una convocatoria extraordinaria urgente del Comité de Seguridad y Salud en la que, entre otras cuestiones, se exigió la aplicación de medidas cautelares a internos y familiares agresores; la aplicación de mecanismos de protección en virtud de los cuales el trabajador atacado no tenga que atender nunca más a su agresor o la implantación de un botón SOS que permita enviar una alerta inmediata al centro policial más cercano en situaciones de peligro.

Asimismo, exigen la creación de la figura del "coordinador", de la que disponen en el Servicio de Salud del Principado (Sespa), cuya función consistiría en contactar de inmediato con el trabajador agredido para ofrecerle apoyo jurídico y psicológico.

En una reunión celebrada el pasado día 2 entre el ERA y la Delegación de Gobierno para abordar el problema, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado propusieron elaborar un listado de centros del ERA para delimitar la jurisprudencia de cada uno y designar un responsable del ERA que controle el registro interno de altercados violentos.

Enrique Rodríguez Nuño achaca la mayoría de agresiones a trastornos de comportamiento propios de la ancianidad, entre ellos la demencia senil. La solución, a juicio del responsable de Servicios Sociales y Mayores del Principado, no pasa por trasladar a otro centro al interno conflictivo, sino por reforzar el servicio de Psiquiatría y Psicología para aplicar terapias de comportamiento. Rodríguez Nuño llama a estudiar la situación "con calma" y subraya la pretensión de la Consejería de "arropar" a los trabajadores.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá el 8 de junio para profundizar en la puesta en marcha de un nuevo protocolo, una cita, se quejan desde CSIF, que llega tarde, dado que la Administración les prometió tiempo atrás que esta era una cuestión "urgente" que iba a estar solventada "mucho antes".

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