Que aumente el empleo público en Asturias, como pasó en 2022 alcanzándose la cifra récord de más de 63.000 funcionarios, ni es bueno ni es malo. Los economistas ven "simplistas" las posiciones de los bloques políticos a favor de engordar o de adelgazar las administraciones porque sí. El debate, avisan, es mucho más "profundo": "Lo que importa no es el tamaño, sino la composición y los resultados". Dicho con otras palabras, habría que saber qué hacen esos 63.000 funcionarios: ¿Son eficaces?, ¿En qué áreas trabajan?, ¿Realizan tareas mecánicas que no aportan valor añadido? ¿O bien se dedican a mejorar la atención en la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales?
En todo caso, coinciden los expertos, "llama la atención que el número de funcionarios aumente en un momento en que la población decae y las contrataciones en el sector privado no van a más". Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, sobre la base de datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Asturias es la quinta comunidad con más funcionarios por cada mil habitantes. La estadística nacional la encabeza Extremadura, mientras que a la cola se sitúa Cataluña. El Principado rompió su cifra más alta de empleados públicos en el segundo semestre del pasado año, cuando llegó a los 63.075, de los que el 60%, algo más de 44.000, tienen su puesto en la Administración autonómica, mientras que el 30% restante se repartió de forma bastante pareja entre el conjunto de los 78 ayuntamientos y el Estado.
Estos números, e independientemente de que convenga analizarlos con mayor profundidad, muestran, a juicio de los expertos, la necesidad de acometer una gran reforma en la Administración regional. Juan Cofiño, vicepresidente de Barbón en la anterior legislatura y presidente de la Junta General en el actual mandato, dio los primeros pasos, pero hacen falta muchos más. Es un asunto "crucial", resaltan los economistas: hacer una Administración eficaz y ágil. Y para eso hace falta personal, pero bien organizado. No se trata de engordar por engordar, sino de hacerlo allí donde sea necesario. Por ejemplo, sostienen contratando más médicos, dado su déficit.
Amortizar puestos
Juan Vázquez, catedrático de Economía Aplicada y profesor emérito de la Universidad de Oviedo, apunta algunas recetas: "Amortizar puestos que han dejado de ser necesarios y cubrir otros con nuevos perfiles imprescindibles en la sociedad actual. Dotar puestos de alta dirección, liderazgo y gran cualificación. Establecer adecuados incentivos, basados en el mérito y la capacidad, y no en otras razones para la motivación y el rendimiento de los empleados públicos. Y proceder a una profunda revisión de los esquemas de funcionamiento y organizativos".
"Me parece que ahora hay más necesidad de que se generen muchos más empleos en las empresas que en el sector público"
Vázquez resalta que "lo que importa no es el tamaño sino la composición y los resultados" en las administraciones. Ahora bien, añade, "llama la atención que el número de funcionarios aumente en Asturias cuando desciende la población, que lo haga en una economía con bajas tasas comparativas de actividad y de ocupación, y que ese crecimiento se focalice en la administración del Principado y no tanto en la central o en los ayuntamientos". ¿Cuál sería entonces el tamaño ideal para la administración asturiana? No hay un número. El exrector de la Universidad de Oviedo mastica la respuesta: "Me parece que ahora hay más necesidad de que se generen muchos más empleos en las empresas y el sector privado que en el sector público. En todo caso, hay que frenar y acelerar simultáneamente, porque hay cosas que sobran y cosas que faltan –por ejemplo médicos o profesores– y hay que cambiar la estructura y la composición del empleo público".
Hacen falta médicos
Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo y miembro de la junta de gobierno del Colegio de Economistas de Asturias, opina básicamente lo mismo. Advierte que "no se puede juzgar a la Administración por su número", porque su objetivo "no debería ser nunca crear empleo", sino que el sistema "funcione de la mejor manera posible". Para ello, hace falta personal, sí, pero hay que saber colocarlo. "La Administración puede funcionar mal con mucho o poco personal –matiza–. Hay áreas en las que parece evidente incorporar más empleados, como en Sanidad, y otras en las que no". Por eso, urge hacer una "reorganización" y "ajustar las plantillas a las necesidades actuales". Esa reorganización, apunta Santiago Álvarez, pasa también por crear una buena Administración electrónica.
"No se puede juzgar a la Administración por su número; hay que ajustar las plantillas a las necesidades, como pasa en la sanidad"
Dicho esto, y por una cuestión lógica, a más empleados públicos, más costes en personal. Al experto en Hacienda Pública le preocupa que ese crecimiento de funcionarios no vaya acompañado de más contrataciones en el sector privado. "La Administración se puede expandir siempre que haya riqueza", menciona. Pero si no lo hay...
"Revolución" administrativa
El economista Jesús Arango considera "simplista" la posición de la izquierda a favor de que haya más empleo público, y de la derecha, en contra de ello. Habría que rascar mucho más para saber si los 63.000 funcionarios que tiene Asturias son muchos o pocos. "Habría que hacer un análisis de los costes. No sabemos lo que nos cuesta cualquier trámite que hace un funcionario", comenta. Con esa contabilidad, añade, "podríamos saber dónde están las ineficiencias" y qué puestos se pueden sustituir por la tecnología. "Hace falta una revolución administrativa, aplicando tecnologías como la Inteligencia Artificial. ¿Por qué yo no puedo hacer un trámite en cualquier momento del día como pasa con las compras online? ¿Por qué yo no puedo hacer un seguimiento de mis trámites como sí puedo hacer con un paquete de Amazon?", reflexiona.
"Asturias necesita una revolución administrativa, introduciendo tecnologías como la Inteligencia Artificial"
Aprovechar la tecnología
En la misma línea va el economista José Luis Marrón Jaquete, quien ve urgente "detectar dónde se está produciendo un crecimiento desmesurado de funcionarios y dónde hacen falta". "Estamos hablando continuamente de que se necesitan más médicos, de que hay que reducir las ratios en las aulas... Todo trabajo mecánico, que no aporta valor añadido, que se podría sustituir por la tecnología, habría que eliminarlo. Y en su lugar, alimentar la triada del Estado de Bienestar: Sanidad, Educación y Servicios Sociales".
"Todo trabajo mecánico, que no aporta valor añadido y que puede ser sustituido por las nuevas tecnologías, hay que eliminarlo"
Marrón hace un análisis histórico y afirma que el peso del sector público en el PIB ha experimentado un "crecimiento extraordinario" en los últimos tiempos, sobre todo, en las economías maduras. Que Extremadura esté a la cabeza en la estadística de funcionarios por cada mil habitantes no es casualidad como tampoco que Asturias esté en quinto lugar. "Responde a una tradición histórica. Cataluña está en última posición por ejemplo porque allí el gasto de la sanidad ha estado muy privatizado por las mutuas, mientras que en Asturias el peso de la privada es muy bajo. De igual forma, en Madrid hay muchos más colegios privados y concertados que en nuestra región", señala. Aun así, la palabra reorganización vuelve a sonar.
Apuntes
- Récord de funcionarios. El Principado registró en el segundo semestre de 2022 su cifra más alta de empleados públicos hasta el momento: 63.075. Esto quiere decir que las administraciones públicas generaron uno de cada seis empleos en la región a lo largo del año pasado.
- Administración autonómica. Es la que más peso gana. El 60% de la plantilla, algo más de 44.000 funcionarios, tiene su puesto en la Administración autonómica, mientras que el 30% restante se reparte de forma bastante pareja entre los 78 ayuntamientos y el Estado.
- En quinta posición. En la estadística nacional de más empleados públicos por cada mil habitantes, Asturias se sitúa en quinto lugar. Extremadura lidera la tabla, mientras que Cataluña está a la cola. Por delante de la región están Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha.
