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La calidad importa más que la cantidad de funcionarios, sostienen los empresarios

La FADE y las Cámaras de Comercio avisan de que solo una plantilla bien formada asegura una Administración eficaz, y piden menos burocracia

María Calvo y Adrián Barbón. | Irma Collín

La eficacia y no el número de empleados públicos es la clave del buen funcionamiento de la Administración, y en lo que deben centrar los dirigentes políticos su acción de gobierno en esta materia. Así lo conviene en destacar el sector empresarial asturiano, representado por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las tres cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.

«Una de la claves de la competitividad empresarial es disponer de una administración pública facilitadora y eficaz, en la que un pilar esencial son los empleados al servicio del sector público», señala la presidenta de la patronal, María Calvo, quien destaca que uno de los «retos fundamentales» de la Administración es «promover la modernización de la gestión de la función pública». Y resalta que, en el caso de la administración autonómica, la modernización es «crítica».

De ahí que el empresariado reclame modernizar la Administración y no entre a valorar si es positivo o negativo el aumento del empleo público en Asturias, que en 2022 alcanzó la cifra récord de 63.000 funcionarios. Los empresarios vienen a decir que más que el tamaño de una administración lo que importan son los resultados, coincidiendo así con lo expresado previamente por los economistas consultados por este periódico.

¿Como se consigue modernizar la Administración? Según la presidenta de la FADE resulta «fundamental» poner el foco «en la calidad del servicio». Juzga necesario impulsar «un nuevo modelo de puesto de trabajo adaptado a las nuevas exigencias organizativas, promoviendo la flexibilidad, adaptación y movilidad necesarias para mejorar la eficacia en la actividad, y potenciando la formación y actualización tecnológica». Y también «incentivando el progreso profesional, la asunción de liderazgo en la Administración, así como la exigencia de responsabilidad en caso de no alcanzar los mínimos exigibles».

Calvo subraya que el número de empleados públicos puede «engañar» acerca de la eficacia de la prestación de los servicios, o simular un reflejo de una sociedad más competitiva. Pero tiene claro que, «al menos en España, por no ir otros modelos difícilmente comparables, la correlación entre empleo, dinamismo económico, y proyección de futuro no van necesariamente alineadas con una mayor ratio de empleados al servicio del sector público».

Tal y como reveló este diario, el peso de la empresa pública está repuntando de manera notable en Asturias. De hecho se está registrando un rebrote de las empresas bajo control o influencia de los poderes públicos. Entre los ejemplos de esta situación destacan el reforzamiento de Endesa en la región, el desembarco de la china CGT y la austriaca Verbund, y el pacto de Reganosa con Enagás. Además, algunos fondos soberanos, como Sonatrach (Argelia), Qatar Investment Authority (Qatar), Abu Dabi Ports Group (Emiratos Árabes Unidos) y Norges Bank (Noruega) han tomado posiciones en negocios asturianos. Más: la SEPI aumentó su presencia con los rescates y Hunosa está en vías de diversificarse. Todo ello está ampliando el peso del sector público.

En la misma línea que María Calvo se pronuncia Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. «Más allá del número, que marca una tendencia de crecimiento, creo que el análisis ha de ser de contenido», opina. Asturias está en la media del número de funcionarios, más bien a la baja, en comparación con otras comunidades autónomas similares, según datos de Sadei consultados por Paniceres.

«A mí me preocupa más que la cantidad, la calidad del servicio», reseña el presidente ovetense, quien aboga por una evaluación de la función pública y la política. «Se echa en falta porque permitiría corregir desajustes. Por ejemplo, en una convocatoria que hubo en pandemia se echaban en falta plazas relacionadas con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, ingeniería de datos... No puede ser que no hubiera ninguna de esto último. Son cuestiones que ahora hacen falta y necesarias para que una administración pública no se quede anquilosada». Cree Paniceres que la nueva ley de la función pública asturiana actuará como revulsivo. «Me parece que sería positivo evaluar la productividad del empleo público, saber si disponemos de los departamentos administrativos que necesitamos y si estos están adaptados a los nuevos tiempos».

Habla también Paniceres de «agilidad y eficacia» y pone de ejemplo el Sepepa, el servicio público de empleo, «que cuenta con 400 funcionarios y sumábamos tres legislaturas diciendo que necesitaba una reforma. Aplaudo que ahora por fin vayan a hacerse en profundidad los cambios necesarios». Y concluye: «Al ciudadano lo que le importa es que funcione la administración. En ese sentido espero que sea cierta la promesa del Presidente Barbón de declarar la guerra a la burocracia; es clave que haya agilidad y rapidez en la respuesta al ciudadano».

Félix Baragaño, presidente de la entidad cameral de Gijón, va en la misma línea de apostar por eficacia frente a cantidad de empleados públicos para gozar de una administración ágil y bien gestionada. «No es tanto una cuestión de número como de eficiencia. Lo que corresponde es llevar a cabo una mejor gestión con los recursos existentes. En este punto insistimos que lo que ahora se precisa es trabajar profundizando en la eficacia de los servicios que favorezcan la competitividad de las empresas, lo que está directamente relacionado con la disminución de la burocracia, en la que venimos insistiendo desde el entorno empresarial.

En Avilés también reclaman apostar por la eficacia. «Lejos de realizar una valoración del aumento del número de funcionarios en abstracto, debemos poner de relieve en qué medida el aumento de los mismos repercutirá en mejoras administrativas que reduzcan plazos y agilicen trámites burocráticos», advierte el presidente cameral, Daniel González Menéndez.

En su opinión, «el impulso que se supone de la administración debe de orientarse a simplificar procesos y aumentar servicios a favor de las empresas y así favorecer directamente la competitividad de las mismas. En Asturias necesitamos agilidad y eficiencia».

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