El atasco burocrático lleva a retrasos de más de tres años en Asturias para valorar la discapacidad

El Principado tiene un atasco administrativo que hace palidecer incluso a las molestas retenciones por las obras del tercer carril de la «Y». Se trata de las valoraciones de la discapacidad, con su particular calvario en los retrasos que acumulan las oficinas de Oviedo, Gijón y Avilés y que se ha visto agravado en los últimos tiempos porque la administración asturiana no ha prorrogado el contrato de la aplicación informática que los beneficiarios necesitan para tramitar la resolución definitiva y poder empezar a cobrar las ayudas a las que tienen derecho.

El sindicato USIPA denuncia que los retrasos lejos de acortarse tras el traspaso de esta competencia de la consejería de Derechos Sociales a la de Salud se ven agravados por la falta de personal y del soporte informático necesario.

La situación se torna desesperante para las familias que llevan esperando desde hace años por una resolución de discapacidad, imprescindible para poder empezar a cobrar las ayudas a la que tienen derecho.

El Centro de Oviedo todavía tiene expedientes que datan de 2019 sin resolver, el retraso en el centro de Gijón es de dos años y en Avilés, que el Principado considera como el más ágil, alcanza demoras de más de un año, según los datos que ha recopilado el sindicato USIPA porque esta situación resulta tan incómoda para las familias que esperan solución al atasco como para los trabajadores de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento.

«Son los que tienen que dar la cara ante la gente y están saturados desde hace mucho tiempo. Desde el mes de mayo no se pueden notificar las resoluciones administrativas de la discapacidad a los interesados», denuncian desde USIPA. «Si ya había retrasos, ahora la situación se ha agravado porque el Principado no ha renovado el contrato con la empresa externa responsable de una aplicación que es clave para que las familias reciban la resolución definitiva que les permite cobrar las ayudas», detallan fuentes sindicales, que han recogido el malestar de las plantillas.

«Se trata de un problema enquistado, debido a la falta de personal. En Oviedo, que es el centro que recibe más solicitudes, había cuatro equipos de valoración y ahora solo tres. El personal no da abasto y encima ahora llevan cinco meses sin una solución a la imposibilidad de notificar las resoluciones definitivas de discapacidad porque no está lista interoperabilidad del nuevo programa, Baredi-CDV», abundan desde USIPA. Esta situación conlleva «la paralización de la comunicación a los usuarios de cientos de resoluciones».

La parálisis alcanzó tal grado que la gestión de la valoración de la discapacidad pasó de la Consejería de Derechos Sociales, que dirige Melania Álvarez, a la de Salud que comanda Conchita Saavedra.

«Se trata de un problema heredado, la dirección general de Cuidados y Coordinación Sanitaria es ahora la competente en esta materia y está intentando solucionar un problema que viene de años atrás y ahora se ha agravado todavía más por los problemas con esa aplicación informática», explica un portavoz del citado sindicato. USIPA reclama al Principado «un esfuerzo y que refuerce con más personal a los equipos de valoración».

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