Donde antes se leía que la Administración regional "podrá establecer beneficios fiscales específicamente dirigidos a contribuyentes que residan en concejos con especiales dificultades demográficas", el texto recién corregido y aumentado de la ley regional de impulso demográfico conjuga el futuro de una forma algo más categórica y dice ahora, sin asomo aparente de duda, que los "establecerá". El Gobierno regional esgrime este ascenso en la contundencia de la redacción definitiva como prueba de su compromiso con la discriminación fiscal positiva que fue la principal demanda del PP en el reciente proceso de negociación política sobre el contenido de la norma, pero no los ha convencido.
Los populares no lo acaban de ver. No encuentran las concreciones que exigieron respecto a los pormenores y el alcance de los beneficios impositivos y han dado la espalda al proyecto desde las mismas vísperas de su registro en la Junta General. Sin ese consenso, y con el Gobierno aduciendo que hasta ese punto de precisión sólo puede llegar en los presupuestos, el proyecto de ley ha cerrado la fase de discusión entre el Ejecutivo y los grupos parlamentarios –abierto en agosto a petición del PP– después de introducir en su articulado esta y otras reformas de redacción y algunos añadidos, sobre todo dos vinculados con la voluntad de "clarificar" la propiedad en el medio rural o con mejoras en el transporte público de las áreas demográficamente empobrecidas.
El texto sale de ese proceso con los mismos 81 artículos que tenía y con cuatro páginas más, sin el asentimiento de todos los antagonistas del PSOE en la Junta, pero en principio con el atisbo de una mayoría holgada para superar un proceso de tramitación parlamentaria que no parece probable que sea el más rápido –para eso hace falta unanimidad–. Queda dicho que los cambios no convencen al PP. Tampoco a Vox, que no fue invitado a la ronda de reuniones, pero IU, Podemos y Foro se muestran notablemente menos beligerantes y se ven más reconocidos en la redacción final del texto, que acaba de ser registrado en la Junta pero no iniciará su tramitación, previsiblemente, al menos hasta febrero, ya en el próximo periodo de sesiones, habida cuenta de que su toma en consideración no ha sido incluida en el orden del día del Pleno de esta semana, el último ordinario antes de que la tramitación del proyecto de presupuesto monopolice la actividad parlamentaria en diciembre.
Habrá pasado un año desde la finalización del borrador de esta ley, planteada como urgente, prometida como la primera de la legislatura... Sobre lo que ya se podía leer en aquella versión inicial, la que el Gobierno iba a aprobar en agosto y detuvo a petición del PP para negociarlo con los grupos, se detecta una mínima reforma en los "principios rectores" de la norma. Se incorpora a este capítulo la fiscalidad diferenciada y se asciende al mismo rango la pretensión de "atraer nueva población, retener la existente y promover el retorno de la emigración".
Está a la vista que los cambios no han obtenido el consenso que perseguían, pero las reuniones del Gobierno con los partidos sí han dejado algún rastro aparte de las correcciones de redacción. Ahora la Administración regional se obliga, por ejemplo, a "impulsar medidas orientadas a clarificar la propiedad rural". En un añadido que no aparecía en la redacción inicial, el legislador exige ahora al Principado la adopción de aquellas acciones "cuyo objetivo final sea la delimitación correcta de las fincas y la determinación de sus propietarios".
No especifica más, pero es evidente la voluntad de atajar la falta de actualización de la propiedad en los entornos agrarios como frecuente efecto colateral del abandono que sufren amplias zonas del territorio asturiano. Se ha detectado, justifican fuentes de la Consejería de Presidencia, que esa falla "pone trabas al emprendimiento y a cualquier desarrollo económico en la zona rural". La nueva redacción quiere llamar la atención, precisan, sobre las dificultades a las que se puede enfrentar determinada población joven con inquietud emprendedora en el campo asturiano "a la hora de alquilar o comprar una finca y registrarla, requisito fundamental para poder acceder a las ayudas". Como primera respuesta a un problema de largo recorrido, y de queja recurrente e implicaciones específicas sobre el monte, el esclarecimiento de la propiedad se convierte ahora en un objetivo exigible por ley.
Además, en la sección que dedica a la atención sociosanitaria y asumiendo una petición de Podemos, la redacción final del texto incorpora también el compromiso de "potenciar la hospitalización a domicilio y las unidades de coordinación sociosanitaria". En el terreno de la movilidad y la accesibilidad, cuestión particularmente sensible en la Asturias rural, se agrega además un compromiso para impulsar "el uso de las nuevas tecnologías en el transporte público, aumentando las opciones de movilidad y optimización de información en torno al servicio público de transportes", pero sobre todo una mención explícita al "desarrollo de servicios de movilidad a demanda en el medio rural". Se concibe éste como el remedio para que la escasez de alternativas en estas zonas no obstaculice el objetivo de garantizar la accesibilidad del transporte público "en todo el territorio en condiciones de equidad". Se trata de una versión novedosa de la movilidad. Personalizada, pero distinta del taxi, ya funciona en algunas zonas del país con rutas y horarios prefijados pero flexibles y adaptables a la demanda. Está pensada para zonas con baja densidad demográfica y se organiza previa reserva de plaza del usuario.
El Principado ha actualizado también el capítulo de la emigración y el retorno de emigrantes, uno de aquellos en los que el PP ponía algunos de los acentos de sus peticiones y en el que sitúa ahora otro de los focos de sus críticas. La ley menciona en su nueva redacción el Plan Retorna, el proyecto en el que trabaja el Principado "para ofrecer un acompañamiento integral a los asturianos y asturianas y sus descendientes que hayan retornado o tengan proyecto de retorno", y promete para ello "la creación de una Oficina del Retorno" desde la que ofrecer asesoramiento a los interesados. El caso es que toda esa colección de buenas intenciones tendrá su regulación independiente, fuera de esta ley, y eso tampoco ha agradado al PP.
Con una fórmula análoga a la de la fiscalidad, por lo demás, el Principado sube la contundencia con la que se obliga a elaborar "planes demográficos dirigidos a ámbitos sectoriales o territoriales específicos": del "podrá abordarse la elaboración" de la versión original se pasa ahora al "se abordará".
Con todo eso, y junto al desacuerdo ya explicitado por el PP y a la queja de Vox por haber sido excluido de las conversaciones está la satisfacción de Podemos por el eco que han tenido sus propuestas y la sensación de que IU también se reconoce en el texto. Foro ha exteriorizado su intención de mejorar el texto mediante enmiendas. Los foristas echan en falta "más apoyo para la vuelta de los emigrantes", en línea con el "Plan Reencuentro" que la formación presentó en la campaña electoral de las autonómicas de mayo y que pretendía propiciar el regreso de 15.000 emigrantes en el ciclo de cuatro años.
