"Hay un riesgo serio de deriva confederal, extendiendo algo parecido al sistema foral"

El gijonés Ángel de la Fuente (1962) es una de las voces más autorizadas en economía regional y Hacienda autonómica del país. Como director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) es autor de numerosos estudios que analizan las perspectivas y retos económicos de España.

–La reforma de la financiación autonómica está permanentemente en la agenda política pero nunca se realiza. ¿Hay ahora mimbres para abordarlo con un mínimo de consenso?

–No, dudo mucho que se aborde esta legislatura. Sería necesario alcanzar un consenso entre los grandes partidos y últimamente casi ni se hablan. Tampoco hay consenso entre las comunidades sobre cómo debería ser la reforma. El único punto de acuerdo es que todas quieren que el Estado les dé más recursos, pero a éste tampoco le sobra el dinero….

–¿Las consecuencias políticas de las elecciones en Cataluña pueden catalizar esa reforma?

–Más bien al revés. Las presiones de los nacionalistas catalanes harán más complicada la reforma e introducen el riesgo de que, si llega a hacerse, sea para mal, comprometiendo la nivelación interterritorial.

–¿Qué falla en el actual modelo?

–El modelo actual es francamente mejorable, pero no conviene exagerar. En una comparación internacional no sale mal parado. Aún así, tiene problemas importantes. Básicamente tres: primero, es demasiado complicado y dificil de entender por los ciudadanos, lo que hace más fácil colarles mensajes demagógicos sobre su funcionamiento; segundo, genera un reparto de recursos excesivamente desigual y un tanto caprichoso por los cambios de orden que introduce. Por último, finalmente, sufre de un déficit de responsabilidad fiscal: las comunidades se han acostumbrado a obtener más recursos para aumentar su gasto a costa del Estado, sin dar la cara ante sus ciudadanos subiendo impuestos. Eso tiende a traducirse en un exceso de gasto.

–¿Qué comunidades son las más perjudicadas?

–En términos del reparto, Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla la Mancha, que son las que tienen una financiación por habitante ajustado claramente por debajo de la media.

–¿Si usted fuese el Gobierno de Asturias diría eso de "virgencita, virgencita, que me quede como estoy"?

–Asturias siempre ha estado por encima de la media, aunque ha ido perdiendo terreno poco a poco. Entiendo la tentación de intentar mantener una situación que nos beneficia, pero creo que si ponemos las luces largas, lo que tenemos que defender es un sistema justo, que funcione bien y sea lo más igualitario posible. Es posible que eso nos exija perder algo de terreno a corto plazo, pero a largo plazo nos interesa, incluso desde una óptica puramente egoísta.

–Parece inevitable una atomización territorial y una tendencia a que cesiones a ciertas comunidades acaben por conducir a exigencias que se extenderán a todos. ¿Corremos el riesgo de tender a una "cuponización" de la financiación autonómica?

–Corremos un riesgo serio de que se inicie una deriva confederal, con la extensión a otras regiones ricas de algo parecido al sistema foral que les permita reducir sus aportaciones a la caja común. Esto limitaría severamente la redistribución interterritorial y la posibilidad de financiar políticas sociales de forma uniforme en todo el país. Si vamos en esa dirección, podemos acabar con un estado muy debilitado, sin recursos tributarios propios, que tendría problemas para ejercer sus funciones de forma satisfactoria.

–¿La existencia de los cupos vasco y navarro no supone un foco de comparación permanente?

–Sí. Como es comprensible, otras regiones de renta alta quieran un trato similar, y eso genera una tensión permanente.

–Una de las medidas que está sobre la mesa es la creación de un consorcio fiscal en Cataluña, entre la Agencia Tributaria y la Generalitat. ¿Qué riesgos conlleva?

–La propuesta de establecer consorcios bilaterales con las autonomías para gestionar los impuestos compartidos con el Estado es muy mala idea porque existe un peligro elevado de que esto resulte en el troceamiento de la Agencia Tributaria en una serie de entidades independientes. Esto se traduciría en la pérdida de importantes economías de escala y alcance derivadas en buena parte de la gestión unitaria de la información disponible para todo el país, quitando ya a las forales. En esta situación sería más fácil evadir impuestos y más caro recaudarlos.

–El gobierno asturiano ha dicho que ese consorcio podría ser beneficioso para el conjunto del país y que incluso Asturias podría pedir uno. ¿Qué opina?

–Me cuesta pensar que realmente piensen eso, pero si es así me temo que se equivocan. Otra cosa sería crear un consorcio único con 16 socios, el Estado y las 15 comunidades autónomas, en lugar de 15 consorcios distintos, entre el Estado y cada una de estas comunidades, como forma de organizar una administración tributaria única compartida por todos que gestione tanto los tributos compartidos como los que ahora recaudan directamente las comunidades. Esto permitiría mantener o incluso aumentar la eficiencia y eficacia del sistema a la vez que se les da a las comunidades autónomas una participación más efectiva en la gestión de esta agencia que la que tienen ahora en la Agencia Tributaria, que es muy limitada. Esto sí sería buena idea.

–Si se abre el melón de la financiación volverán los debates clásicos. ¿Tiene sentido abrir la posibilidad a una nivelación parcial o tocar la ordinalidad?

–La nivelación ya es parcial y además un pelín caótica. Está bien que el sistema reduzca las diferencias entre territorios, pero no tiene sentido que lleve a cambios de orden, algunos muy llamativos. Habría que evitar esto, esto es, respetar el principio de ordinalidad y tratar de llegar a un acuerdo político sobre el grado de nivelacíón que queremos. Tiene que ser muy elevado para asegurar una razonable igualdad en la calidad de los servicios públicos en todo el país, pero quizás podamos vivir con algo menos del cien por ciento si eso permite un acuerdo amplio.

–Ha dedicado algunos de sus trabajos más recientes a las pensiones. ¿A qué escenario nos enfrentamos?

–El proceso de rápido envejecimiento en el que estamos inmersos se va a traducir en un fuerte aumento del gasto en pensiones durante las próximas décadas. La reciente reforma viene a ser un cheque en blanco para mantener la generosidad actual del sistema. El problema es que eso nos puede dejar con muy poco margen fiscal para financiar otras necesidades. A día de hoy, ya tenemos que inyectar unos 50.000 millones de euros al año de ingresos generales por encima de las cotizaciones sociales para pagar las pensiones y otras prestaciones contributivas. Y eso irá a más en cuanto empiece a jubilarse el baby boom, que es pasado mañana. Deberíamos pensar con cuidado qué estamos dispuestos a sacrificar por las pensiones.

–¿Habrá necesariamente que abordar reformas en el sistema una vez que se dispare el gasto por encima de los umbrales que recomienda la UE?

–Sí. Salvo que se hagan cosas muy raras con los números, la revisión del modelo que hay que hacer el año que viene obligará a hacer un ajuste. Supongo que se podría cambiar la ley para evitarlo, pero esto traería problemas serios con la Comisión Europea.

–La Variante de Pajares ya está en servicio. Recientemente usted ha dicho que España tiene Aves por encima de sus posibilidades…

–La Variante está, por fin, después de muchos años y elevados sobrecostes. Es difícil no pensar que esto podría haberse hecho mejor. Pero una vez que el tunel está operativo, bienvenido sea porque es una infraestructura muy importante para nosotros. Otra cosa es que por ese túnel tenga que ir un AVE en lugar de un Alvia o similar, con una vía que sería mucho más barata de construir y mantener y nos daría un servicio muy parecido. La red de AVE es una infraestructura magnífica, pero también un lujo muy caro. Como en el caso de las pensiones, hay que pensar si estamos ante el mejor uso posible de unos recursos que siempre son escasos.

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