Los recursos contra el auto de procesamiento de la "Mareína", para septiembre
Están investigados cuatro condenados de "Marea", incluido José Luis Iglesias Riopedre
La Audiencia Provincial en Oviedo. / LNE
La "Mareína", la pieza separada del "caso Marea" que se refiere a compras de material y mobiliario en 87 centros educativos de la región en el periodo 2009-2010 por importe de unos 3,7 millones de euros, que en realidad no habrían sido servidos por las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA), está pendiente de una vista en la sección tercera de la Audiencia Provincial para dirimir los recursos presentados por las defensas al auto de procesamiento dictado ya en abril de 2022 por la magistrada María Luis Llaneza, del Juzgado número 4 de Oviedo. La vista ha sido convocada en la Audiencia para el 27 de septiembre, a las diez de la mañana. Las defensas aducen, básicamente que esta causa se refiere a asuntos que ya fueron juzgados en 2016 en el "caso Marea".
María Luisa Llaneza dictó auto de procesamiento por este agujero en las arcas del Principado contra cuatro de los ya condenados en el "caso Marea": el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, la exdirectora general María Jesús Otero (ambos excarcelados por razones de salud) y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (APSA). Las defensas recurrieron al considerar que no existe tal agujero, y que el material se sirvió a los centros educativos. A efectos penológicos, en caso de que se produjera una nueva condena no tendría mayores efectos en los ya condenados, al aplicarse la doctrina del Supremo de compensación de penas.
La jueza impuso una fianza solidaria de cinco millones de euros para Riopedre (condenado en su día a cinco años y dos meses de cárcel) y Otero. Para Víctor Muñiz, Llaneza impuso una fianza de 700.000 euros, 4,3 millones en el caso de Alfonso Carlos Sánchez.
Tras tomar declaración a los directores de 87 centros educativos, se llegó a la conclusión de que no se sirvió el material de 125 expedientes por los que se pagó 3,2 millones a APSA y otro medio millón a Igrafo. Por ello fueron procesados los cuatro implicados por delitos continuados de falsedad y malversación. A Riopedre y Otero, se les añade el delito de prevaricación, y a Otero, Sánchez y Muñiz el continuado de cohecho.
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