La tormenta perfecta se cierne sobre Educación: huelgas en marcha y suspicacias del Principado

Los sindicatos afines al Ejecutivo elevan la presión sobre la Consejería que lidera Lydia Espina, que defiende su voluntad de diálogo

Manifestación de la enseñanza pública el pasado 31 de mayo.

Manifestación de la enseñanza pública el pasado 31 de mayo. / Analía Pello

Mes de alta tensión en el apartado educativo asturiano. En las últimas semanas se han intensificado las movilizaciones en el sector que tienen como foco común la Consejería dirigida por Lydia Espina, y que están alentadas por una parte de los sindicatos, curiosamente las que en teoría deberían ser más afines al Gobierno. A las manifestaciones protagonizadas por los docentes de la enseñanza pública –que convocaron huelga para el próximo 10 de septiembre, fecha de inicio del curso escolar– y de la concertada, se suman las reivindicaciones de los profesores y padres de estudiantes con necesidades especiales, el colectivo de inspectores de Educación y, por último, el personal de las escuelas infantiles que conformarán la red de 0 a 3 años de "Les Escuelines" –que anunciaron paro para este mismo mes–. Esta sucesión de acontecimientos ha coincidido con la marcha de la directora general de Centros, Red 0-3 y Enseñanzas Profesionales, Eva Ledo, cuyo cargo ha ocupado Cristina Blanco. En la Consejería, pese a todo, se insiste en los avances realizados hasta durante la actual legislatura y en la "mano tendida" al diálogo.

El último incendio se produjo este mismo viernes, cuando se supo que el personal de las escuelas infantiles, que a partir del próximo curso compondrán la plantilla de "Les Escuelines", están llamados a la huelga los próximos 18 y 20 de junio. Es esta una llamada a la movilización contra el Principado para un colectivo cuya situación ahora no depende del Principado. La decisión se toma para reclamar a la Consejería de Educación que tenga en cuenta sus peticiones: en concreto, sus principales reclamaciones van destinadas a que se garantice la estabilidad laboral en igualdad de condiciones una vez que el personal pase a manos de la Consejería, y que sean reconocidos como trabajadores de categoría B –actualmente se encuentran en el grupo C a excepción del personal de Langreo, que denunciaron y se les reconoció judicialmente–. Es decir, es una huelga convocada para un colectivo que no pertenece mayoritariamente a la administración autonómica, y para reclamar decisiones que no competen a su actual empleador, que son los municipios. En el Ejecutivo autonómico todos estos movimientos se observan con suspicacia.

La convocatoria de la huelga, explican los afectados, se debe a la negativa de Educación a atender sus demandas en los encuentros entre sindicatos y administración. Por su parte, fuentes consultadas de la Consejería de Lydia Espina señalaron que las condiciones laborales del personal de Escuelines se negociarám uma vez que la ley estñe aprobada y se integre a todo el personal "ya que en estos momentos son de competencia municipal". Es decir: se convoca una huelga contra el Principado sobre un asunto cuya resolución depende de los Ayuntamientos.

Otro punto caldente es el referido a la enseñanza pública. Las fuerzas sindicales anunciaron la pasada semana la convocatoria de huelga de cara al 10 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. La medida es el culmen de una sucesión de protestas y movilizaciones que se han llevado a cabo los últimos meses, con encierros en centros educativos y manifestaciones por las calles de Oviedo, la más reciente el pasado 31 de mayo que concentró a casi un millar de docentes –un mes antes, casi dos mil profesores recorrieron la capital asturiana–. El Principado, por su parte, recibió la noticia con "extrañeza", tal y como expresó el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, tras el Consejo celebrado este viernes en Pravia.

Del mismo modo, la Consejería de Educación insiste en que tiene la "mano tendida" hacia los sindicatos convocantes –CC OO, SUATEA, UGT y CSIF–, a quienes emplazó al próximo jueves 13 para abrir un calendario de negociación para rebajar de 25 a 23 horas la jornada lectiva semana de los profesores en Infantil y Primaria. Además, la consejera Lydia Espina también ha reivindicado los avances y afirma que "no es cierto que no hemos avanzado en anda". En concreto, Espina hace referencia a los días de asuntos propios remunerados, la reducción de la ratio de alumnos a 23 por aula y la rebaja de las medias jornadas. Sin embargo, los colectivos sindicales consideran que las medidas son insuficientes y denuncian constantemente falta de negociación por parte de la Consejería.

Por su parte, el sindicato ANPE ha rechazado secundar ambas convocatorias de huelga y aboga por seguir adelante con el proceso de negociación. Desde la organización se asegura que el paro en el sector debe ser "la última opción" aunque destacaron "respeto a las decisiones del resto de fuerzas".

Si la pública ha desenfundado sus armas, la concertada no descarta hacerlo. Así lo señalaron recientemente los sindicatos OTECAS, FEUS y FSIE en la última movilización de 3 de junio, cuando denunciaron ser "los peor pagados de Estado", razón por la que días atrás ya advirtieron que no descartaban aumentar la presión a la Consejería mediante una convocatoria de huelga.

Otro apartado que ha estallado recientemente es el de los inspectores de Educación. Tal y como adelantó este miércoles LA NUEVA ESPAÑA, la Asociación de Inspectores de Educación de Asturias (ADIDE-AS), que engloba al 90 por ciento del cuerpo, criticó mediante un comunicado la "improvisación y urgencia" con la que la Consejería afronta la planificación y advirtió de limitaciones a los trabajadores para realizar sus visitas a los centros. La razón de este paso adelante radica en diez días de compensación que los inspectores disfrutaban hasta el año pasado y que no encajaban con la norma de vacaciones y descansos regulados por la Administración.

Según señalaron sindicatos consultados, esos días compensaban visitas a centros fuera del horario laboral. Además, según pudo saber este medio, algunos inspectores han judicializado el conflicto. La discrepancia se produce desde principios de año y desde Consejería se sostiene que el desplazamiento de inspectores "se ajusta a la normativa vigente".

La última movilización estuvo protagonizada por la plataforma "Inclusión es ser no solo estar" este jueves frente a la Junta General. Profesores y padres de alumnos con necesidades especiales reivindicaron mayor inversión y recursos en las aulas.

En el Gobierno regional se observan con "respeto y prudencia" los movimientos sindicales que buscan colocar una nube de tormenta sobre la consejería de Educación, con huelgas convocadas antes de las negociaciones y un afán por minar proyectos regionales, como el de las "escuelinas" por parte de sindicatos que, teóricamente, deberían ser más afines al Ejecutivo.

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