Las claves de la sentencia del Tribunal Europeo a favor de que los interinos queden fijos: los juristas ven "más argumentos" para la reclamación

La justicia advierte de que los planes de estabilización no sirven ante un "abuso" que en Asturias afecta a 12.000 empleados públicos

Todas las claves de la sentencia del TJUE a favor de que los interinos queden fijos

Todas las claves de la sentencia del TJUE a favor de que los interinos queden fijos / LNE

Correctivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la política de contratación pública en las administraciones españolas en una sentencia que afecta a casi doce mil empleados públicos en Asturias. La justicia europea avala que los interinos de larga duración puedan quedar fijos como medida para prevenir y sancionar el abuso de ese tipo de contratación, aunque matiza que siempre que esa medida no contravenga las leyes nacionales. Además, critica la solución arbitrada por España de mantener a ese personal hasta que se resuelvan los procesos selectivos establecidos en la ley de estabilización de 2012, que deben quedar concluidos en diciembre de este año. El TJUE también considera contrarias a la directiva europea de 1999, que vulneraron repetidamente toda las administraciones españolas, incluidas las del Principado y la práctica totalidad de los 78 ayuntamientos asturianos, la cuantía de la indemnización propuesta y que ésta solo deba ser percibida por los empleados públicos que no superen esos procesos de estabilización.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 17 de Barcelona era esperada como agua de mayo por los colectivos de interinos de larga duración, contrariados por las reiteradas negativas del Tribunal Supremo a incluir en sus sentencias la fijeza que recomienda Europa para poner fin a una fórmula de contratación abusiva por parte de las administraciones españolas, sobre todo a raíz de la gran recesión económica de 2009. Un juez catalán, ahora ya jubilado, realizó varias preguntas al TJUE en mayo de 2022 relacionadas con dos demandas presentadas en Barcelona. En una de ellas, un interino pidió que su plaza quedase excluida de un proceso selectivo de estabilización, ya que estaba cubierta por él, mientras que en el otro dos "eterninas", dos empleadas con más de veinte años de antigüedad, defendían que su puesto era estructural y que la administración había encadenado uno tras otro sus contratos, incurriendo en abuso de temporalidad.

El fallo hecho público este jueves en Luxemburgo establece que "la conversión de esos sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada en contratos o relaciones de empleo por tiempo indefinido puede constituir una medida adecuada", aunque matiza que "siempre que esa conversión no implique una interpretación contra legem del Derecho nacional". Es decir, que esa contratación fija no vaya contra les leyes nacionales. El añadido de esta última coletilla es precisamente la que aplaza una solución definitiva a la vulneración que se viene produciendo de una directiva europea desde su aprobación, hace ya 25 años. Esta norma considera contraria a la ley la concatenación de contratos temporales para un mismo desempeño más allá de los tres de años de duración, ya se trate de un empleador del sector público o privado.

El varapalo del TJUE es más explícito y rotundo contra las procesos de estabilización puestos en marcha en España en 2021 a partir de la ley estatal para la reducir la temporalidad en el empleo público. La convocatoria de estos procesos, que en Asturias han sido para cerca de 12.000 plazas entre el Principado, los ayuntamientos, las agencias estatales, organismos públicos y Universidad, "no resulta adecuada para sancionar debidamente los abusos", según la sentencia hecha pública este jueves. Y también considera insuficiente como medida preventiva o sancionadora el establecimiento de una compensación económica "con un doble límite máximo", equivalente a 20 días por año trabajado, y que, además, dicha indemnización sea solo para los empleados públicos "que no superen dichos procesos" y no para todos los que han sufrido el abuso de esa fórmula de contratación. Concluye el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que este tipo de medidas "no son proporcionadas ni suficientemente efectivas y disuasorias para garantizar la plena eficacia" de la directiva europea vulnerada. Esta nueva sentencia del TJUE vuelve a dejar la pelota en el tejado del Tribunal Supremo, que hasta ahora se ha negado a aplicar automáticamente las recomendaciones de Luxemburgo con el argumento de que la fijeza de los interinos de larga duración vulnera tanto los principios de igualdad, mérito y capacidad previstos en la Constitución Española para el acceso a la función pública como el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA cree que la solución definitiva a este tira y afloja que mantiene España con el TJUE podría llegar en unos dos años, cuando se resuelva la cuestión prejudicial planteada por la Sala IV, la de lo Social del Tribunal Supremo hace unas semanas, aunque otras creen que la Sala de lo Contencioso-Administrativo podría pronunciarse basta antes.

Apuntes

  1. Una directiva europea de 1999. La normativa que limita la contratación temporal tiene ya veinticinco años de vigencia, de incumplimiento reiterado en España.
  2. La crisis elevó la interinidad. Las tasas de interinidad se dispararon en España en los años de la gran recesión económica, cuando se eliminaron las tasas de reposición.  
  3. Nueva ley, a demanda de Europa. El Gobierno español impulsó en 2021 una ley de reducción de la temporalidad exigida por Bruselas para conceder fondos europeos.
  4. 12.000 interinos en Asturias. Los procesos de estabilización puestos en marcha por Principado, ayuntamientos y agencias estatales suman cerca de doce mil plazas.
  5. Los tribunales, reacios. Los magistrados de Asturias han rechazado la práctica totalidad de demandas presentadas por los interinos de larga duración.
  6. Incertidumbre judicial. Esta sentencia del TJUE no despeja aún de forma definitiva la duda sobre la conversión automática de los interinos en personal fijo.

"Es una sentencia demoledora a nuestro favor", afirman los interinos

Los interinos de larga duración asturianos celebraban este jueves una sentencia del TJUE que avanza en la senda iniciada hace años, de reconocer que existe un abuso claro por parte de las administraciones públicas cuando se encadenan contratos a personal que lleva en esta situación quince, veinte y hasta cerca de treinta años. "Es una sentencia demoledora a nuestro favor y en contra del Gobierno. Supone un varapalo tanto a la ley de 2021 de medidas para reducir la temporalidad en el empleo público, como a la negativa de la Sala Social del Supremo a reconocer esa situación de abuso", valoró el profesor asturiano Antonio Navarro, uno de los promotores del Sindicato de Trabajadores Temporales de la Administración (SINTTA).

Antonio Navarro, interino desde hace casi 20 años, lleva pleiteando desde hace ocho años y en concreto desde hace más de cuatro por la estabilidad en su empleo. Entiende que la negativa del Gobierno asturiano a reconocer su situación, similar a la de miles de interinos más en la región "es una prevaricación muy clara" y denuncia que no han tenido el apoyo de los principales sindicatos. Además, los distintos tribunales y jueces a los que han llegado este tipo de reclamaciones en Asturias tampoco han sido receptivos. "Todos los derechos que tenemos los hemos logrado a base de recurrir y llegar ante la instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", recalca una y otra vez Antonio Navarro. De ahí que el fallo conocido este jueves tampoco le haya cogido, ni mucho menos, por sorpresa. "Es que la directiva europea vulnerada es de 1999, por lo tanto lleva incumpliéndose nada menos que 25 años, esta claro que hay un abuso. Esta sentencia no puede ser más clara ", subraya Antonio Navarro, que siempre ha sido crítico con los procesos de estabilización para reducir la temporalidad, que fue la respuesta del Gobierno español a los continuos incumplimientos advertidos en las sentencias del TJUE.

Navarro no se cansa de repetir que la reivindicación de los interinos pasa por el reconocimiento de la fijeza en los puestos que llevan desempeñando desde hace muchos y no tanto por que se les estime la condición de funcionarios, aunque parte de los afectados por esta situación ha superado o aprobado procesos selectivos, como es su caso, aunque no sacasen la plaza. El Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, aseguró que España ha alcanzado ya el 75% de las regularizaciones de interinos y aseguró que a finales de este año se llegará a las 300.000 estabilizaciones. El Gobierno no se plantea convertir en fijos automáticamente a los interinos de larga duración.

Los juristas ven "más argumentos" para la reclamación de los afectados

La nueva sentencia del TJUE que reconoce la posibilidad de hacer fijos a o los interinos como una forma de sanción a las administraciones que han incurrido en el abuso de esa fórmula de contratación durante más de dos décadas da "más argumentos" para posibles reclamaciones y no cambia un ápice la linea mantenida por los jueces que deben vela por el incumplimiento de las directivas comunitarias.

"La clave está en el abuso de la temporalidad y la sanción que esta conducta merece"

Raúl Bocanegra

— Catedrático de Derecho Constitucional

Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense, sostiene que "indudablemente la clave está en el abuso de la temporalidad y esa conducta abusiva por parte de las administraciones es lo que sanciona la directiva europea". Bocanegra recalca que la sentencia conocida este jueves, a raíz de la cuestión prejudicial planteada por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona, sigue aplicando el Derecho de la Unión Europea, con independencia de que se trate de empleados públicos o privados". El nuevo fallo del TJUE, añade el catedrático de Derecho Administrativo, con despachos abiertos tanto en Oviedo como en Madrid, desmonta la jurisprudencia que ha mantenido la sala de lo Social del Tribunal Supremo y gran parte de las sentencias dictadas por las salas de los distintos Tribunales Superiores de Justicia territoriales, "que se han mostrado muy reacios a reconocer los derechos de los interinos ante el abuso de la contratación con temporal con argucias jurídicas". Bocanegra cree que "el Gobierno debe moverse y dictar una disposición" y considera que "no es difícil aventurar que la sala III del Supremo, la de lo Contencioso-Administrativo, pueda pronunciase a finales de este año". En su opinión, en algunos Tribunales Superiores de Justicia, como los Castilla y León y Aragón "ya es perceptible el cambio de opinión" sobre la aceptación de la conversión de los contratos interinos de larga duración en una relación permanente con esos empleados, "aunque parece que en Asturias tarda más". Bocanegra tacha de "lamentable" la insumisión por parte de algunos tribunales en España a la aplicación del Derecho de la Unión Europea.

"Los procesos de estabilización en marcha se oponen al Derecho comunitario"

Javier Junceda

— Jurista, experto en Derecho Administrativo

Javier Junceda, jurista experto en Derecho Administrativo, destaca que esta nueva sentencia proporciona "más munición para estabilizar a los interinos de larga duración" y dice que "los procesos de estabilización puestos en marcha en España se oponen el derecho comunitario". Pero entiende que dicho fallo todavía despeja de manera definitiva la cuestión, un escenario que, en su opinión, podría darse cuando el TJUE de respuesta la cuestión prejudicial planteada el pasado mes por el Tribunal Supremo acerca de si se puede hacer fijos a los interinos de larga duración pese a lo que dice el articulo 23 de la Constitución sobre el acceso a la condición de funcionario público y también el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Los sindicatos CC OO y CSIF coincidieron en que la sentencia del TJUE reconoce y pone en evidencia "el abuso en la contratación temporal". CC OO precisa que la fijeza, según ese fallo, "puede ser una medida idónea, pero no obliga", y admite que la indemnización 20 días por año trabajado "no es medida disuasoria" para acabar con tal práctica. CSIF manifestó su "solidaridad" con los empleados "que han sido víctimas de una situación de abuso y desamparo" y que deben ser los tribunales españoles los que se pronuncien sobre las medidas sancionadoras, "siempre que no contravengan el derecho nacional".

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