La oposición pide reducir el número de interinos tras la sentencia europea y el Principado mantiene su plan: queda recorrido judicial

La oposición reclama al Gobierno medidas para reducir la temporalidad en la plantilla autonómica, que tiene 8.600 puestos en estabilización

Sentencia de los interinos

Sentencia de los interinos / LNE

El Gobierno asturiano opta por la cautela ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que apoya, aunque no obliga, convertir en fijos a los interinos de larga duración, y que cuestiona tanto los procesos de estabilización en marcha, como las indemnizaciones a solo los que no consiguen plaza. El Principado evita pronunciarse sobre una cuestión que todavía tiene recorrido judicial por delante. La oposición, en cambio, considera que la administración autonómica debe reforzar las medidas para reducir la temporalidad. En Asturias hay más de 12.000 interinos, de los que más de tres cuartas partes corresponden al Principado y el resto, repartidos entre los ayuntamientos, la Universidad, las agencias estatales y otros organismos públicos.

Aunque la nueva sentencia del TJUE sostiene que los procesos de estabilización puestos en marcha por España para reducir la temporalidad en las administraciones públicas son contrarios a la normativa europea, el Principado sigue adelante con ellos, con el objetivo de tenerlos culminados antes de fin de año. En concreto, el Principado sacó más 8.600 plazas a estabilización: unas 4.800 en la sanidad, más de 1.500 en la educación, más de 2.000 en el personal de las consejerías (administración y servicios) y más de 200 en las empresas del sector público autonómico.

La estrategia del Gobierno central y autonómico son coincidentes: mantener la hoja de ruta con los procesos de estabilización para reducir las tasas de interinidad, que llegaron a superar el 30 por ciento del total del personal, sobre todos en las plantillas públicas de las autonomías, por el impacto que tuvo la congelación de las tasas de reposición en los años más duros de recortes, desde 2012 en adelante.

El Grupo Socialista en la Junta General sostiene que esta nueva resolución del TJUE "tiene que analizarse en el marco de la normativa nacional en materia de empleo público", de tal forma que "al aplicarse se pueda dar la mejor respuesta a las personas afectadas por esta situación", según manifestó su diputado Ricardo Fernández.

La oposición, por el contrario, urge la adopción de medidas para que el problema de la interinidad en el Principado no vaya a más. José Cuervas-Mons, diputado del PP, afirmó que "el problema de la interinidad es grave para Asturias y para más administraciones, pero en el Principado hay un número muy importante y esta sentencia puede tener un gran impacto".

Gonzalo Centeno, diputado de Vox, destacó que los principales afectados por la elevada temporalidad, "son las bases, a nivel retributivo y técnico, no estamos hablando de funcionarios de carrera o de altos funcionarios por oposición". Centeno destacó que la nueva sentencia "prácticamente tumba la ley aprobada por el Gobierno central 2021" para reducir la temporalidad en esos puestos base. "Una vez más estos gobiernos progresistas, que dicen defender a a las capas más humildes de la población, legislan sin conocimiento alguno, perjudicando directamente a los asturianos afectados".

El Grupo Socialista aboga por un análisis "en el marco de la normativa nacional"

La diputada Covadonga Tomé (Grupo Mixto) apunta como posible solución "una nueva ley de estabilización que sea más generosa y más amplia que la que dio pie el proceso actual". Tomé reconoce que "no parece que esta sentencia del TJUE vaya a arreglar de un día para otro la estabilización del personal interino en Asturias", ya que las decisiones están supeditadas a la legislación estatal, pero insta al Principado "a apelar al Gobierno estatal para que afronte con la mayor celeridad esta nueva ley que termine con la temporalidad".

Adrián Pumares, diputado de Foro, ve margen de maniobra por parte del Gobierno autonómico. "La administración del Principado de Asturias tiene que reforzar las medidas para reducir la temporalidad, que es una asignatura pendiente". Pumares valora positivamente la nueva sentencia del TJUE porque "proporciona mayor estabilidad al trabajador en su puesto" y sostiene que "hay que garantizar la estabilidad de los empleados públicos sin que nadie se sienta perjudicado".

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