Asturias en el mapa

Referirse al significado de Asturias, lo que representa, o cuál sea su resonancia simbólica en la historia de España, remite de forma inexcusable a un enconado debate en el que han tenido un protagonismo especial historiadores, ideólogos y políticos, que parece no tener fin. La cuestión resulta más asequible, en principio, si nos preguntamos qué es Asturias. La respuesta, directa, sencilla e irrefutable, nos la proporciona nuestro Estatuto de Autonomía. El artículo primero proclama que Asturias se constituye en Comunidad Autónoma en el ejercicio del derecho al autogobierno amparado por la Constitución.

De acuerdo con el artículo 147 de la Constitución, los estatutos deben establecer, entre otros contenidos, "la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica" y "la delimitación de su territorio". Nuestro Estatuto define Asturias como una comunidad histórica, y la nombra Principado de Asturias, cuyo territorio es el de "los concejos comprendidos dentro de los límites actuales de la provincia". El reconocimiento de una acusada personalidad histórica a Asturias ha perdurado a través del tiempo, pero su perímetro geográfico, el nombre, el estatus político y su relación con otras regiones han sufrido diversas vicisitudes a lo largo de la historia.

La división municipal solo ha tenido un cambio en el último siglo, la integración de Leitariegos en Cangas del Narcea, y el suelo asturiano no sufre ninguna variación desde que el tantas veces mentado Javier de Burgos asentara la organización provincial de España aún vigente, que únicamente se ha visto modificada por la partición de las islas canarias bajo la dictadura de Primo de Rivera. En el año 1833, las Peñamelleras y Ribadedeva pasaron a formar parte de Asturias. Sin embargo, la comisión Bauzá-Larramendi había entregado a las Cortes del Trienio Liberal un mapa del país que ubicaba los Oscos y la rasa costera del occidente de Asturias en la provincia de Lugo, propuesta que fue desestimada. Prevaleció el criterio del diputado asturiano Evaristo San Miguel, firme defensor de llevar el límite común de Asturias y Lugo a la raya que dibuja el Eo. Los espacios fronterizos situados al oeste del Navia y al este del Sella han sido asignados en contadas ocasiones en la historia a las provincias limítrofes. El reino astur se expandió por tierras de Galicia, Portugal y Castilla, pero la pertenencia a Asturias de sus extremos en algunos momentos del pasado remoto ha generado alguna duda, por ejemplo a Sánchez Albornoz.

En plural o en singular, como indistintamente la llamaba Ortega y Gasset, Asturias ha sido identificada siempre por todos los españoles como la tierra de los asturianos. No obstante, el decreto de 10 de noviembre de 1833 que fijaba la división en provincias asignó a la asturiana la denominación de su capital, Oviedo. Curiosamente, en la prueba de imprenta para su publicación que se guarda en el archivo del Congreso todavía consta el nombre de Asturias. Desde entonces, se sucedieron las iniciativas para recuperarlo, como la petición al año siguiente de la Junta General del Principado, o las formuladas por los reformistas de Avilés en 1927 y por Conceyu Bable durante la Transición. La denominación Asturias, no obstante, siguió utilizándose y recobró carácter oficial con el Estatuto de Autonomía.

En realidad, Asturias fue adquiriendo entidad política y administrativa al final del Antiguo Régimen y la vio consolidada a partir de las reformas que promovieron los borbones a finales del siglo XVIII. La Constitución de Cádiz incluye a Asturias, que cita por su nombre, entre las posesiones que comprende el territorio español. A lo largo de los siglos anteriores la imagen política de Asturias había quedado muy mermada. El centro político se trasladó a Castilla, a pesar de que Oviedo acabó superando a León en población. El grado de autonomía que para Asturias pudo suponer la histórica Junta General del Principado en relación con la Corona, hasta su disolución en 1835, aún es objeto de debate. El Estatuto de Autonomía dispone para Asturias un poder político propio, en un ámbito limitado, bajo el amparo de la Constitución, por vez primera desde la extinción del reino astur en el siglo X.

Sopesando razones e inconvenientes, las cortes constituyentes decidieron finalmente evitar la mención de las nacionalidades, regiones y comunidades autónomas en el texto refrendado en 1978, por entender que podía resultar conflictivo en las provincias con aspiraciones. Las discrepancias se concentraban alrededor de lo que había sido el reino de Castilla y estaban localizadas en León, Santander, Navarra, La Rioja y Madrid. Surgieron polémicas de menor alcance en Segovia, Albacete y Guadalajara. La configuración del mapa autonómico generó posiciones enfrentadas en la política local. Siguiendo el plan de los dos partidos mayoritarios y una de las recomendaciones recogidas en el informe del equipo dirigido por el profesor García de Enterría, hecho para conducir el proceso autonómico a su culminación, el presidente del Gobierno, Calvo Sotelo, y el secretario general del PSOE, Felipe González, se comprometieron en los acuerdos autonómicos de julio de 1981 a que todas las provincias fueran incorporadas a alguna comunidad autónoma hasta completar el mapa.

El empeño tenía aristas. El ministro para las Regiones en el segundo gobierno de Suárez, Clavero Arévalo, no había sido un entusiasta de las comunidades uniprovinciales. En los trabajos de redacción del texto constitucional se barajó la posibilidad de exigir un mínimo de población, que oscilaría entre un millón y millón y medio de habitantes. Sin embargo, gracias a una enmienda presentada por el diputado socialista Vicente Sotillo, pensando precisamente en Asturias, que obtuvo 30 votos a favor y 2 en contra, tal posibilidad fue descartada. El informe de los expertos era también reticente, pero la redacción del estatuto asturiano estaba ya en fase avanzada y en el mapa previsto en el acuerdo del Gobierno con el PSOE figuraba ya la Comunidad Autónoma de Asturias. Varias provincias quisieron también constituir sus respectivas Autonomías en solitario, incluidas Navarra y La Rioja. En un principio, los partidos de izquierda optaron por integrarlas en el País Vasco, en el primer caso con la condición de un voto favorable de los navarros en un referéndum, pero no tardaron en desistir y propugnar la creación por separado de una Autonomía en cada provincia.

La opción preferida por los asturianos, sin controversia de ningún tipo, como la que sí hubo de distinto signo en las provincias citadas, era la fundación de una comunidad autónoma uniprovincial. Los geógrafos, de Eliseo Reclus y Lucas Mallada a Dantín Cereceda y las propuestas dispares de Manuel de Terán, han coincidido en subsumir a Asturias en una región septentrional que se despliega por el litoral cantábrico, con una extensión y una combinación provincial diferentes. Estimulados por la necesidad de ordenar el rápido crecimiento económico, el ejemplo de otros países, como el que ofrecía la planificación francesa, y las indicaciones de organismos internacionales, los economistas trazaron en la segunda etapa del franquismo infinidad de mapas, en los que Asturias aparecía casi siempre formando parte de unidades más amplias.

El ministerio de Planificación Territorial creó por decreto 14 delegaciones, entre ellas la de Asturias y León, con sede en Oviedo, que después fueron eliminadas por Arias Navarro. Animada por esta iniciativa, la Federación de Cajas de Ahorro de Asturias y León encargó a SADEI un informe sobre la realidad conjunta de ambas provincias. En la introducción y en las conclusiones se hace referencia a la formación de una región asturleonesa, como una posibilidad entre otras. Pero la “vieja idea” concitó escaso apoyo. Según un sondeo patrocinado en 1979 por la diputación leonesa, sólo la secundaban el 7% de los municipios y el 4% del censo electoral de la provincia. De este lado, el 67% de los encuestados por SADEI en 1977, después de las elecciones de junio, se consideraban ante todo asturianos y el 62% opinaba que Asturias constituía una región por sí sola. Entre el 2,4% y el 5,6% manifestó su preferencia por alguna de las distintas opciones posibles de unión, con cada provincia limítrofe, con varias o con todas, en la misma Autonomía.

En el transcurso del proceso autonómico, que culminó con la aprobación del Estatuto en diciembre de 1981, se tuvieron en cuenta indicadores sociales, la historia, la coyuntura económica, el comportamiento electoral, las aspiraciones percibidas de los asturianos y los leoneses, y factores más menudos. Los partidos asturianos, al contrario que en León, Santander, La Rioja, Murcia, Navarra o Madrid, donde hubo división de opiniones y entre las fuerzas políticas, compartieron de forma unánime el propósito de elevar la provincia a la categoría de Comunidad Autónoma.

La historia política de Asturias, en los últimos siglos, si hacemos un balance considerando la capacidad de autogobierno, describe una línea ascendente. El proyecto constitucional de la I República organizaba la nación española en una federación de 13 estados, uno de los cuales sería Asturias, pero no prosperó. En la Restauración hubo varios intentos de distribuir el territorio español en demarcaciones que abarcaban más de una provincia. En 1881, el conservador Sánchez de Toca, que años después negaría la existencia de un regionalismo asturiano en una sesión de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, siendo subsecretario de Gobernación elaboró un informe en el que presentaba a Asturias, con capital en Oviedo y Gijón y Santander en su interior. Poco después, el liberal Segismundo Moret, ocupando el mismo ministerio, pensó en hacer de Asturias una región formada por León y Oviedo. El socialista González Peña, presidente de la gestora de la Diputación en 1931, encomendó a una comisión ilustre, encabezada por Menéndez Pidal y Pérez de Ayala, la redacción de un proyecto de estatuto con el fin de iniciar el trámite de su aprobación de acuerdo con los artículos 11 y 12 de la constitución republicana, pero el texto nunca fue entregado y el ímpetu inicial con que parece que se abordó la tarea quedó reducido al final a un tímido y distraído intento. Con el Estatuto, Asturias está en condiciones de ejercer un autogobierno real y efectivo, hasta sus últimas consecuencias. Que consiga sacar mayor o menor provecho de él dependerá de la ambición y la capacidad que decidan aplicarle los asturianos.

En la constitución de la comunidad Autónoma de Asturias han imperado la historia y el sentimiento de los asturianos. Las encuestas hechas en Asturias por el CIS y SADEI durante casi medio siglo reflejan actitudes y opiniones que tiene interés repasar someramente. Para más de un 90% Asturias es una región. De 1 a 10, el regionalismo de los asturianos alcanza el punto medio de la escala. En algún sondeo, el porcentaje que define Asturias como nación ha sido muy inferior al registrado en las Autonomías con nacionalismos pujantes, pero mayor que en el resto. Dos de cada tres se sienten tan asturianos como españoles. La inmensa mayoría de los asturianos está muy orgullosa de serlo y se siente plenamente identificada con Asturias. Los asturianos son los españoles que declaran tener un sentimiento más intenso hacia su Comunidad Autónoma. Cabe destacar, por último, que el 36% pensara hace ya unos años que tenía más en común con otros asturianos, aunque pertenecieran a un estrato social diferente, frente al 28% que se mostraba más cercano a los de su misma clase social, aunque no fueran asturianos. La mera presencia de la Comunidad Autónoma en la vida de los asturianos, que quizá ha estado infravalorada y rodeada de cierto desdén, puede que haya contribuido en alguna medida a afianzar e intensificar el sentimiento asturianista.

Concluyo este halagüeño resumen sugiriendo un motivo de reflexión. Asturias tiene una personalidad con algunos rasgos particularmente singulares, producto de la interacción del hacer de su gente con las instituciones, los ríos, valles y montañas y las plurales influencias recibidas. A pesar de las convulsiones sufridas, en su recorrido histórico se aprecia una continuidad, al compás que ha marcado la marcha del país y del mundo. En esa larga y densa historia hay, no obstante, dos puntos de inflexión: la organización provincial levantada por los liberales tras el derrumbe del Antiguo Régimen para fomentar la prosperidad y el bienestar, y la creación de la Comunidad Autónoma de Asturias con su autogobierno.

Ahora bien, este hito, que con los años irá adquiriendo su verdadero significado, no debe ocultar los problemas que pueden derivarse de las magnitudes modestas de nuestra región, con una pirámide demográfica invertida, un mercado laboral estrecho, e integrada en un estado muy descentralizado y a la vez tan heterogéneo y asimétrico. Asturias representa, en síntesis de un solo dato, el 2% de España; en la economía, casi una décima parte que Madrid o Cataluña. Padece severa dependencia del Estado, como es bien conocido, y ha perdido influencia política de manera progresiva, proceso que aún no ha merecido un análisis sosegado. Poco puede extrañar que empresas y estrategas de las políticas públicas propongan acotar áreas más extensas donde ensayar con sus enfoques mercantiles o funcionales mejoras en la eficiencia y un trasiego lleno de ventajas a empleados, consumidores, turistas y ociosos. El choque de la dinámica que impone la globalización con un interés local arraigado es bastante frecuente. El asunto no concierne solo a los asturianos. Jesús Burgueño, en un libro que lleva por título "La geografía política de la España constitucional", publicado en 1996, pero muy oportuno, enumeraba varios problemas del estado autonómico y sugería reducir el número de Autonomías a 11, una de ellas compuesta por Asturias y Santander. Dudo que ese paso cambiara mucho las cosas. Claro que hay otras posibilidades. La Constitución prohibió la federación de Comunidades Autónomas, para prevenir un eventual pacto de los países catalanes, pero autoriza una práctica limitada de la geopolítica, terreno poco explorado, como los foros multilaterales o un Senado autonómico de verdad. Es la única forma que tienen las autonomías pequeñas de evitar los efectos de las crecientes asimetrías.

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