El Gobierno propone crear una nueva Comunidad Autónoma (virtual) para reducir la burocracia

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hizo unas breves declaraciones, pero muy llamativas, el pasado día 12 en el Consejo General de Economistas: "Tenemos 17 Comunidades Autónomas (CCAA) con normativas diferenciadas, con heterogeneidad. Lo que queremos es avanzar en un régimen 18 allí donde sea necesario también para aligerar, para aumentar la capacidad de nuestras empresas de operar de manera rápida y eficaz en las 17 CCAA". Es decir, el Gobierno propone crear la CCAA número 18, una región virtual, ficticia, para reducir burocracia. ¿Una región nacida de la Administración para simplificar burocracia? Paradójico.

Continuó el ministro declarando que "las recomendaciones del informe Letta sobre el mercado interior señalan la importancia de constituir lo que él llamaba un régimen 28, sugieren crear un nuevo Estado ficticio 28 con una normativa que permita a una empresa actuar libremente en el resto de los Estados de la UE. Ya estamos trabajando en aterrizar esta recomendación para España".

Carlos Cuerpo cita el informe publicado el pasado abril "Mucho más que un mercado: rapidez, seguridad y solidaridad", elaborado en solitario por el exprimer ministro italiano Enrico Letta para la Comisión Europea. El informe reflexiona sobre el futuro del mercado único y la creación de un marco mercantil común para los 27 socios comunitarios. El ministro se inspira sin disimulo en la idea del politólogo Letta, sin que se conozcan más estudios o informes ministeriales que evalúen dicha propuesta para la realidad española.

Carlos Cuerpo finaliza su declaración sobre el asunto diciendo que "vamos a convocar una conferencia sectorial, la regulatoria, la que pertenece al ámbito del Ministerio de Economía, precisamente para avanzar en este ámbito de la mano de las CCAA, que en muchas materias tienen también competencias y capacidad regulatoria". Es decir, convoca a los consejeros autonómicos a una reunión, dentro del marco de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, en la que quiere empezar a identificar áreas y acercar posturas. En la convocatoria remitida simplemente se incluye en el orden del día: "Nuevas líneas de actuación de política económica. Identificación de barreras". La reunión tuvo lugar el pasado día 18, sin que trascienda a los medios de comunicación detalles relevantes. Hasta aquí toda la información oficial sobre la controvertida cuestión, no hay más disponible.

Parece que ahora a algunos políticos se les ocurre la creación de una zona franca, similar a los puertos libres (francos) que tienen una jurisdicción relajada con respecto al país (están libre de impuestos, tiene una regulación favorable, etcétera). Sólo les falta decir que la zona será un metaverso digital, regado de alardes tecnológicos sin utilidad real para la sociedad. Ya tenemos 17 Autonomías y proponen crear otra más, una especie de comunidad franca. Éramos pocos y parió la abuela, que diría el sabio refranero español.

Se han acuñado múltiples palabras metafóricas para describir el exceso de burocracia: inflación legislativa, hipertrofia, explosión, legislación motorizada, diarrea normativa, elefantiasis legislativa, etcétera. Fue el filósofo y teórico político alemán Carl Schmitt, a mediados del siglo XX, quien empezó a hablar de legislación motorizada para referirse a la rápida evolución del ordenamiento jurídico. Es decir, una sucesión vertiginosa de normas que, al poco tiempo de entrar en vigor, son modificadas o derogadas por otras posteriores.

¿Cuántas leyes y normas se han aprobado durante la democracia en España? Más de 400.000, asusta. Sólo en 2022 las Administraciones Públicas adoptaron 11.775 nuevas normas. Hemos pasado de unas 3.000 normas al año, a comienzos de los años 80, a unas 12.000 en la actualidad. El año pasado se publicaron 1.275.465 páginas entre todos los Boletines Oficiales del Estado y de las Autonomías, según el último informe Producción normativa de la CEOE. Dichas páginas en fila sumarían 378 kilómetros.

Las comunidades regulan mucho

Las normas generadas por las CCAA tienen un peso 70%, siendo el 30% restante perteneciente al Estado y Municipios. Por tanto, el principal culpable de generar un mercado nacional cada vez menos cohesionado son las Autonomías. Las CCAA con mayor peso normativo son Cataluña y Andalucía. Todos los gráficos de este artículo proceden de estudios liderados por Juan S. Mora-Sanguinetti, economista del Banco de España y Francia.

Es sabido que, entre los factores que minan la capacidad de crecimiento de la economía española sobresale la fragmentación del mercado nacional a causa de la profusión de normativa autonómica. Algunas CCAA y Ayuntamientos han hecho de su capacidad regulatoria una patente de corso para reglamentar hasta los aspectos más nimios de nuestra sociedad. Ya conté un ejemplo en estas páginas hace un mes, en un artículo precisamente sobre la necesaria simplificación de la Administración.

Las casas rurales de obra nueva en Oviedo deben tener el tejado obligatoriamente en color rojo teja, según estipula la norma municipal de ordenación urbana. ¿Es un peligro público elegir otro color? Se legisla hasta el cromatismo de la techumbre de nuestras vidas.

La fragmentación normativa en España supone un sobrecoste para el tejido productivo de hasta un 2,5%, según los recientes cálculos del departamento de estudios de la CEOE. Por ello, restaurar la dañada unidad de mercado es una recomendación habitual de las autoridades europeas. Sin embargo, se ha ignorado por los sucesivos gobiernos para no soliviantar a los ejecutivos de las CCAA, nacionalistas o no.

Europa advierte

La propia Comisión Europea ha advertido a España que debe abordar este problema. "El carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España impide a empresas aprovechas las economías de escala", "desincentiva la inversión" y genera "barreras de entrada", señalaba en su informe de España de 2019. También es uno de los organismos que estima que la plena unidad de mercado nacional podría incrementar un 3% el PIB a largo plazo (entre 20.000 y 40.000 millones), en línea con otros estudios publicados en las revistas ministeriales de Información Comercial Española o Copenhague Economics. Las consecuencias problemáticas se manifiestan sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, clama la patronal Cepyme en su informe anual de crecimiento empresarial.

No es la primera vez que se intenta unificar legislativamente la España de las Autonomías. En 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que aboga por que la actividad comercial y de servicios se desarrolle en igualdad de condiciones en toda España. Sin embargo, los tribunales la vaciaron por invadir competencias autonómicas y recomendaban en su lugar armonizar la regulación.

Se llegaron a revisar hasta 500 casos que habían sido enviados a Competencia, la casuística era muy variada: tanatorios que no permitían que funerarias de otros municipios acudieran a ellos, la prohibición a autoescuelas de impartir clases teóricas online, las diferencias existentes entre regiones para conceder estrellas a los hoteles, que no se aceptaran análisis clínicos de otras autonomías, etcétera. El actual Gobierno parece que ha aprendido la lección y apuesta ahora por el diálogo con las autonomías. Cuentas claras, amistades largas.

Es tal el exceso de burocracia que las propias CCAA han empezado a tratar de simplificar su Administración. Cada una por su cuenta y riesgo. El pasado agosto, el Gobierno de Cantabria presentó el anteproyecto Ley sobre simplificación administrativa. Nuestros vecinos prometen transformar la manera en que ciudadanos y empresas interactúan con la Administración autonómica y local. Dicen que quieren pasar de una Administración controladora y paternalista a una facilitadora.

En julio, la Generalitat Valenciana aprobó su ley de simplificación administrativa, que reducirá la burocracia al eliminar o modificar 74 normas y más de 500 artículos vigentes, identificados con la participación del sector empresarial, colegios profesionales, ayuntamientos y ciudadanos.

En marzo de este año, Castilla-La Mancha anunció que prevé aprobar su ley en 2025.

En febrero, la Junta de Andalucía aprobó su ley de simplificación y racionalización modificando 352 normas. Aragón aprobó su ley en 2021.

El Principado aprobó a finales de 2021 la Ley de medidas administrativas urgentes y cuenta con una comisión asesora de simplificación administrativa desde 2017, sin resultados conocidos.

Inteligencia Artificial al rescate

El varapalo judicial hace inviable que el Gobierno imponga una ley a las Autonomías para establecer un marco legal común. Por otro lado, crear una nueva región ficticia es complicar aún más el problema, es dar una patada hacia adelante. Lo que tienen que hacer los políticos de las regiones es dialogar, escuchar, acordar y ejecutar. Por desgracia, la política española no es de grandes pactos, más bien de tierra quemada. No es fácil reducir los entramados regulatorios que han ido construyendo a lo largo de 40 años.

La hipertrofia legislativa podría procesarse con nuevas tecnologías digitales como la Inteligencia Artificial, el análisis masivo de datos, etcétera. Estas herramientas son capaces de tratar ingentes cantidades de información: hacer resúmenes de leyes, buscar normativa común en las diferentes CCAA o, al contrario, detectar qué artículos son diferentes para intentar armonizarlos. La tecnología ayudaría en la toma de decisiones de los políticos, sus asesores y los altos funcionarios.

¿Qué nos queda entonces a los ciudadanos para tratar de mejorar nuestro país y su administración? No tenemos muchas opciones. Algunos dirán que el voto no sirve, que se lo digan a los pobres venezolanos. En cambio, los gobiernos de todo el mundo siguen con mucho interés la sosegada revolución Argentina tras votar el pueblo mayoritariamente hace 9 meses al ultraliberal Javier Milei. Han decidido dar un cambio radical a los 20 años de políticas del kirchnerismo que ha destrozado —aún más— el país. El presidente Milei en su discurso inaugural advirtió a la población que "no hay plata", hay que reducir el gasto público y eliminar la compleja y extensa legislación. Sorprende tanta sinceridad en un político. En sus mítines suele decir "no vine a guiar corderos, vengo a despertar leones" para remarcar que la política paternalista —peronista, tiene nombre propio en Argentina— acaba fracasando. Estaremos también atentos al devenir del país hermano, tal vez un ministro en el futuro copie ideas que vengan de allá, bautizando a la virtual Autonomía 18 como la Tierra del Fuego —burocrático—.

Manuel J. García Rodríguez

Investigador de la Univ. de Oviedo

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